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En Tumaco se ratifica el compromiso de las comunidades del Pacífico Sur con la paz
Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular / Jueves 17 de noviembre de 2016
 

Los pasados 10 y 11 de noviembre se celebró en Tumaco –Nariño- la décimo primera Cumbre Regional de Paz -Pacífico Sur- con la participación de alrededor de 150 campesinos, indígenas y afros provenientes de todo el departamento, quienes se dieron cita para discutir y construir una ruta en torno a la consolidación de la paz en sus territorios.

Nariño fue el quinto departamento con mayor votación a favor de la implementación de los acuerdos de paz de La Habana el pasado 2 de octubre con el 64,81%. Por su parte, en Tumaco votaron 33.054 personas, de las cuales 23.534 lo hicieron por el Sí -un 71,19%- en comparación con las 9.520 que decidieron votar por el No –el 28,80%-. Sin embargo en Tumaco, y toda la región del Pacífico Sur, se han incrementado las acciones violentas y la producción y comercialización de drogas ilícitas posterior al inicio de la negociación entre las Farc-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos. La situación se ha agudizado recientemente tras el repliegue del frente Daniel Aldana hacia la Zona Veredal de Transición y Normalización en el consejo comunitario Alto Mira y Frontera.

Hace unos meses Naciones Unidas inició el proceso de desminado humanitario para la instalación de la Zona Veredal de Tumaco sin considerar a las comunidades que habitan allí. En Tumaco hay en total 13 concejos comunitarios, 15 resguardos indígenas y un sinnúmero de asentamientos de campesinos colonos. Los funcionarios llegaron a plantear que iban a desminar únicamente el territorio que ellos transitarían. Es decir que las comunidades rodeadas por minas sembradas por los grupos armados que hacen presencia en el territorio, hoy con un incremento por parte del ELN y grupos paramilitares con estructuras plenamente mafiosas, no recibirían ningún tipo de atención inmediata.

La imparable corrupción en el municipio y el histórico abandono estatal han generado indicadores del 90% de insatisfacción en las necesidades básicas (NBI), así como analfabetismo en la población y graves problemas de desnutrición infantil.

Las autoridades tradicionales exigen ser reconocidas y participar activamente en el afianzamiento de la cultura y pedagogía de paz en sus territorios, sin que se tomen decisiones unilaterales por parte del Gobierno Nacional, contando con las cosmovisiones de las culturas que allí habitan y facilitando así el diálogo y la reconciliación de las comunidades afro, campesinas e indígenas, en vez de profundizar sus diferencias históricas.

Otro elemento clave para tener en cuenta, como parte de los efectos colaterales a visionar en este proceso de paz, es la disidencia de algunos miembros del frente Daniel Aldana que se han reagrupado en nuevas estructuras que pretenden controlar las rutas de salida de la coca; y en el frente Suroccidental del ELN, quienes intimidan a la población para mostrar poder y capacidad militar. Es grave que el narcotráfico se interponga entre la sustitución gradual y concertada de los cultivos de uso ilícito y la voluntad de las comunidades de construir la paz.

Pese al olvido gubernamental, la deficiente legislación de tierras, la violencia, las invasiones irregulares y el despojo; en las comunidades no se apaga la llama de esperanza que también se ha encendido en todo el país. Hoy más que nunca los pueblos afros, campesinos e indígenas y el movimiento social en su totalidad respaldan la solución política al conflicto social y armado que azota el territorio nacional.

El compromiso de las organizaciones sociales de la región del Pacífico Sur quedó plasmado en la declaración final de la Cumbre Regional: “En el marco de la implementación de los acuerdos de La Habana y el proceso de diálogo con el ELN, como movimientos sociales de la región del Pacifico Sur; exigimos ser reconocidos e incluidos como actores políticos. En este marco reafirmamos la necesidad de que se respeten y garanticen los derechos humanos y la vida de nuestras comunidades, líderes, organizaciones y territorio, que cese la discriminación y violencia contra nuestras mujeres, jóvenes y niños en el conflicto armado, así como el reconocimiento de nuestras autoridades étnicas en el control y cuidado del territorio. Solicitamos al Gobierno Nacional y regional que culminen con su política de criminalización a la movilización y a la organización social y política de nuestros pueblos.”

De esta manera se reafirma la movilización social y las diferentes formas de organización y lucha de los pueblos como parte de la estrategia para alcanzar los derechos territoriales, sociales, económicos, políticos y ambientales en aras de conseguir la paz completa, duradera y con justicia social que garantice el buen vivir y la pervivencia para las comunidades.

Las Cumbres de Paz seguirán desarrollándose durante todo el mes de noviembre. La Cumbre Campesina de Paz se llevará a cabo los próximos 17 y 18 en Bogotá; la Cumbre Regional del Suroccidente –en Santander de Quilichao, Cauca- y la Sectorial Afro –en Cali- el 24 y el 25; la Cumbre Urbana el 26 y el 27; la Asamblea Nacional 26, 27 y 28 y la Cumbre Social y Política por la Paz el 29 y el 30 en Bogotá. Esta variedad de encuentros y eventos ratifican el papel de la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular como actor político capaz de encausar visiones y cosmovisiones en aras de alcanzar la paz que el pueblo sueña.