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Amenzas de erradicación forzada en el sur del país complica situación de DDHH
 

La Red de Derechos Humanos de Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía, Jardines de Sucumbíos de Ipiales -Nariño- comunica a las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos a nivel departamental, nacional e internacional, las siguientes situaciones que violan los DDHH y el DIH. Se trata de operaciones de erradicación forzada en el municipio Puerto Caicedo por parte de la Fuerza Pública en el departamento Putumayo:

La comunidad del corregimiento Guasimales manifestó durante la visita humanitaria de verificación, realizada el 18 de noviembre de 2016 por parte esta red de derechos humanos, que se han presentado problemas con miembros de la Fuerza Pública y con empresas de extracción de hidrocarburos por la siguientes razones:

1. En el territorio se encuentra el cabildo indígena El Pildoro del pueblo Nasa en varias veredas del corregimiento Guasimales. Preocupa que las comunidades manifiestan que desde años atrás, y más enfáticamente en el último mes, la empresa petrolera ha buscado la manera de dialogar para que familias vendan sus predios o les firmen permisos para poder entrar en la zona y hacer operaciones y proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. Las comunidades se han negado, por la historia del departamento, ya que se han presentado estos trabajos de las empresas extractivistas sin tener garantías para conservar el agua y los suelos, dejando el aire contaminado, sin que nadie pueda volver a lo que tenía.

2. El Sargento Palma, integrante del Batallón Domingo Rico - Brigada Vigésima Séptima, Sexta División- les dijo a las comunidades que por medio de un documento el alcalde de Puerto Caicedo -Hugo Adrián Corrales- dio la orden a la fuerza militar de adelantar acciones encaminadas a la erradicación forzada, sin tener en cuenta ningún plan de contingencia que garantice el bienestar y la permanencia en el territorio de las comunidades.

Con respecto de estos hallazgos:

1. Se solicita a la Personería Municipal, a la Defensoría del Pueblo y a la ANLA, realizar el debido seguimiento a los proyectos de la región que comprometen en su desarrollo y operaciones el derecho originario y constitucional de los pueblos indígenas a la Consulta Previa y el respeto por los planes de vida y planes de desarrollo autónomos que han sido creados para permanecer en el territorio, así como para garantizar un buen vivir. Se solicita que esta situación sea verificada y atendida para que, desde la prevención en derechos, la presencia de nuevos proyectos o empresas de hidrocarburos no originen nuevos conflictos.

2. Se hace un llamado al alcalde Hugo Adrián Corrales para que aclare el inconveniente generado a las comunidades. Si bien en cabeza de él está el orden y seguridad del municipio, no está en sus competencias desautorizar o autorizar al Ejército Nacional para emprender acciones en contra del derecho de participación y organización de las comunidades. El alcalde tiene conocimiento de los avances de las organizaciones sociales frente a los diálogos regionales entre Gobierno Nacional y la empresa Meros, conoce de primera mano el contenido del Plan de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, con enfoque diferencial, étnico y de género; que garantiza el derecho a la permanencia en el territorio, al medio ambiente y que genera ingresos que garantizarán el sustento a las familias cultivadoras para que nunca más vuelvan al cultivo ilícito.

Se resaltamos el compromiso y deseo de las comunidades para buscar alternativas para la solución de sus problemas con propuestas que generan cambios en beneficio de todos los habitantes de esta región.