Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

Análisis
Implementación y paz territorial
Informaciones resultantes de visitas a terreno evidencian que una buena parte de las zonas veredales y los puntos transitorios de normalización no tienen aún las condiciones materiales ni la logística para el desplazamiento hacia ellos de los miembros de las FARC-EP
Antonio Madariaga Reales / Sábado 26 de noviembre de 2016
 
Lepanthes deliciasensis. Foto: Sebastián Moreno.

La implementación del Acuerdo Final, firmado el pasado jueves en el Teatro Colón, tiene uno de sus mayores desafíos en su mirada territorial y de paso en su mirada étnica. Alrededor del tema podemos efectuar una aproximación desde algunas de las exigencias urgentes o más aún urgentísimas y luego proyectar la mirada hacia otros de los desafíos de lo que viene en el corto y mediano plazo.

En lo que refiere a lo urgentísimo tenemos en primerísimo lugar la disposición de las zonas veredales y los puntos transitorios de normalización. Informaciones resultantes de las visitas a terreno, realizadas por el Espacio de Acompañamiento de Sociedad Civil al Mecanismo de Verificación, evidencian que una buena parte de ellas no tienen aún las condiciones materiales ni la logística para el desplazamiento hacia ellas de los miembros de las FARC-EP, lo que según el presidente Santos en su discurso del Teatro Colón, debe empezar a producirse en diez días. Mala señal para iniciar.

A ello se le suma la excusa repetida por la mayoría de los alcaldes de esos municipios, en el sentido de no tener información al respecto, aunque hay evidencia de varias reuniones con ellas y ellos, lo que podría interpretarse como el deseo de adelantar algún tipo de negociación con el Gobierno central por recursos para a cambio de ellos disponerse a respaldar las zonas y puntos de normalización. Hay urgencia de efectuar una rápida intervención, para lo que podría ser útil la presencia de la sociedad civil.

Por parte de la Defensoría del Pueblo, responsable de la preservación, con los personeros municipales, de los derechos humanos en esos territorios, la real o supuesta escasez de recursos que esta tiene, conspira contra su obligación y la necesidad manifiesta de que esta entidad haga presencia en esos territorios.

En términos generales lo que se advierte aquí es la necesidad de entender la implementación como una obligación de llevar a esos territorios, como primer paso, luego habrá de construirse Estado democrático desde y con el territorio, mucha presencia de la parte civil del Estado, de sus bienes y servicios y no sólo la parte militar y policiva del mismo. También debería tomar nota de ello la Fiscalía General de la Nación que tiene en su Vicefiscalía a alguien con sensibilidad y conocimiento en los temas de derechos humanos.

Finalmente y en relación con lo urgentísimo se requiere una acción pedagógica y de acompañamiento a las víctimas en esos municipios, tal que se puedan involucrar en el éxito de este proceso, pero ante todo para que sean tenidas en cuenta sus preocupaciones e intereses y puedan tramitar adecuadamente, en algunos casos, su encuentro con quienes pueden haber sido sus victimarios. Este proceso tendrá que proceder con especial cuidado en lo que hace a los enfoques diferenciales, de género y de mujeres.

En lo que hace al corto y mediano plazo es necesario avanzar de manera sostenida en la concertación con la Comisión Étnica para todo lo referente a la implementación del Acuerdo Final en los territorios ancestrales y territorios colectivos, tal que se contemplen los compromisos establecidos en el capítulo étnico del Acuerdo y se pueda salir al paso a posibles conflictos interculturales y de asentamientos y utilización del territorio. El caso Yupka en la Serranía del Perijá es un buen ejemplo de lo que debe evitarse.

El otro importante desafío es el de reanudar la suspendida pedagogía, en este caso del nuevo Acuerdo, para poder garantizar la apropiación ciudadana y por consiguiente el compromiso de esa ciudadanía con la implementación y su participación, para que sea cierta la aseveración del Acuerdo en el sentido de que la participación permea el conjunto del mismo. Las exigencias en ese terreno son especialmente fuertes en los municipios donde se priorizará la implementación, que no pueden ser solamente los 50 o 55 correspondientes a lo que la oficina del Consejero para el Posconflicto ha definido como los que requieren victorias tempranas.

Finalmente, corresponde a las organizaciones de la sociedad civil disponerse a ocupar tanto los nuevos espacios para la participación que los acuerdos contemplan, como potenciar los existentes y lograr de esa manera hacer de la implementación una oportunidad para la democracia.

Coda 1: Para algunas de las personas que vieron por televisión la transmisión del acto de firma del acuerdo del Teatro Colón, se pasó de la sobriedad al exceso de solemnidad; como dirían mis coterráneos de la Costa Caribe, un montaje demasiado “cachaco”.

Coda 2: No resulta comprensible que el gobierno y la Fiscalía insistan en cuerpos élites y en comisiones, que no han dado resultado en el pasado, para enfrentar la arremetida contra líderes y lideresas sociales y comunales, constructores de paz, a quienes expresamos toda nuestra solidaridad.

Semanario Virtual Caja de Herramientas
Edición 522 – Semana del 25 de Noviembre al 1º de Diciembre de 2016