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Se socializa el plan para la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito
Agencia Prensa Rural / Domingo 29 de enero de 2017
 

En medio de la polémica por la problemática y la erradicación de los cultivos de coca, amapola y marihuana, el viernes pasado se realizó, en la antigua sede de la Caprecom, la socialización de la implementación del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). Esta acción cumple con lo pactado en el Acuerdo Final de paz en el punto 4, articulado 4.1, que habla sobre “Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades —hombres y mujeres— en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos”.

A esta reunión asistieron por parte del Gobierno Nacional Rafael Pardo, ministro del Postconflicto; Eduardo Díaz, director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos ilícitos y por parte de las FARC – EP, Pastor Alape y Jairo Quintero, quienes a su vez hacen parte del Consejo de Reintegración.

En la reunión, el Gobierno Nacional se comprometió a invertir 2 billones de pesos en los temas de sustitución de cultivos e intervención en los territorios. La insurgencia por su parte pondrá su dinámica política y el conocimiento de sus excombatientes en pro de esta labor.

En el comunicado leído, las FARC – EP se comprometen a “acompañar y promover de manera directa la llegada del programa a los territorios más afectados, con el fin de socializar y afianzar su compromiso con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas".

Con el PNIS se busca en el primer año de implementación sustituir 50.000 hectáreas de cultivos de coca, amapola y marihuana en las zonas más afectadas, alrededor de 40 municipios. Asimismo, se creará un consejo de dirección permanente en el que participarán delegados del Gobierno, las FARC–EP y las comunidades.

También se informó que este programa no atenderá a cultivadores que hayan sembrado después del 10 julio del 2016, que fue la fecha donde se puso en marcha la acción conjunta en la sustitución de cultivos.

Los campesinos con sus familias que estén en este programa podrán acceder a beneficios durante dos años, pero para ello se tienen que comprometer con no volver a sembrar estas plantas, no estar en la comercialización ilegal de materias primas derivadas de esta actividad. Si se cumplen estas normas durante el primer año se entregará: “un millón de pesos mensuales de remuneración por actividades de sustitución de cultivos, preparación de la tierra para las siembras legales o trabajo en obras publicas de interés comunitario, hasta por 12 meses para campesinos con cultivos o sin cultivos de uso ilícito; un millón ochocientos mil pesos para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria por una sola vez, tales como cultivos de pancoger y crías de especies menores; nueve millones de pesos por una sola vez, para educación y ejecución de proyectos de ciclo corto e ingreso rápido como piscicultura, avicultura, entre otros.

A partir del segundo año, para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida digna, el Gobierno Nacional invertirá por familia, hasta diez millones de pesos en proyectos productivos y sufragar mano de obra. Adicionalmente se creará una línea de crédito especial”.

Sumado a lo anterior se contará con asistencia técnica durante el proceso.

La implementación del punto 4 del Acuerdo Final es de gran trascendencia, ya que el uso de la tierra en este tipo de cultivos ha sido combustible permanente para el conflicto. Con el avance de esta tarea se dará un salto cualitativo en el campo colombiano y se fortalecerá la construcción de una paz estable y duradera.

Paralelamente a este acto, en Popayán se realizaba la constitución de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), quienes apoyan lo pactado entre el Gobierno – insurgencia y también tienen sus propuestas frente a la sustitución de cultivos.