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Análisis
Todo lo que debe saber sobre la salida de los adolescentes de las FARC-EP
El primer grupo de menores salió de los campamentos guerrilleros sin tener listo el Programa que diría cómo se haría su reincorporación a la vida civil, lo que significó un ejemplo contundente de que el gobierno no está listo para la implementación de los acuerdos.
Oficina de prensa de Marcha Patriótica / Domingo 29 de enero de 2017
 

La mesa de diálogos de paz entre las FARC-EP y el Gobierno nacional ha tocado todo tipo de fibras en la sociedad colombiana; los más de cuatro años de negociación estuvieron atravesados por momentos de esperanza, incertidumbre, temor, dolor y perdón. La votación del plebiscito polarizó el país en dos bandos y por varios meses los colombianos fueron fácilmente clasificables entre los que votaban sí al acuerdo final, los que le decían no al documento, y un último grupo, victorioso en el plebiscito, que se abstenía de dar opinión alguna.

Pero existe un tema que parece haber unificado criterios y ante el cual todas las fuerzas políticas han encontrado consenso: es urgente definir el destino de los menores de edad que aún hacen parte de las filas de las FARC-EP. Sin embargo, el consenso es limitado y este tema, como todos los que han pasado por la mesa de negociaciones, ha estado sujeto a la interpretación que cada sector político ha hecho en función de sus intereses.

Recientemente, el Senado de la República ha amenazado con no continuar el proceso legislativo para la paz hasta que todos los menores de edad se encuentren reincorporados a la vida civil. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Las FARC han incumplido con la entrega de los menores? ¿En qué va el proceso?

Desde Marcha Patriótica le presentamos esta guía para entender qué es lo que está pasando al respecto.

1. Lo acordado

El compromiso de entrega de menores fue pactado en la Mesa de Negociaciones y notificado a lo sociedad colombiana a través de los Comunicados Conjuntos #70 (Ver aquí) y 77 (Ver aquí) en los que se especifica que saldrán de las filas de las FARC-EP, en un primer momento, los menores de quince años y que, en un segundo momento, se construirá una hoja de ruta para la salida de los adolescentes entre los 15 y los 18 años, así como un Programa Integral para su reincorporación a la vida civil.

Tanto el protocolo de salida como el Programa Integral tienen como principios rectores el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, entre ellos su derecho a participar activamente en las decisiones que les afecten, el reconocimiento de su condición de víctimas y un enfoque comunitario para que la reincorporación a la vida civil incluya la solución a las condiciones estructurales por las que el menor ingresó a las FARC (acceso a vivienda, salud, educación), además del enfoque de género que priorizará los derechos de las adolescentes.

Por su parte, las FARC EP se comprometieron a no reclutar más menores, entregar información detallada de los adolescentes que se encuentren en sus filas para garantizar su acceso al Programa Integral y a informar del acuerdo a la guerrillerada, con el fin de que todos los frentes estuviesen comprometidos y facilitaran la salida de los menores.

El Gobierno acordó conformar una mesa técnica con la participación de la Cruz Roja Internacional, la Unicef, la OIM y tres organizaciones sociales o especializadas para encargarse de diseñar el protocolo de salida [1] y el Plan Integral, además de acompañar la entrega y salida de los menores.

2. El protocolo de salida

Para la entrega de los menores, las FARC-EP y el Gobierno nacional establecen puntos de recogida. Allí, la Cruz Roja y dos representantes de las organizaciones sociales se encargan de hacer una primera revisión del estado de salud de los menores, confirman su identidad y firman el acta de salida de los campamentos.

Este equipo traslada a los menores a los lugares transitorios de acogida dispuestos previamente por la Unicef, en los que se les hará una nueva valoración médica y psicológica para identificar cualquier situación que necesite ser atendida. En los lugares de acogida, los menores empiezan el proceso de restablecimiento de derechos y reincorporación a la vida civil, a la espera de su inclusión en el Programa Integral.

Un equipo técnico sería el encargado de emitir conceptos sobre la situación de los menores, para facilitar el restablecimiento de sus derechos por parte de los defensores de familia.

3. Lo que se ha avanzado

La Cruz Roja confirmó la recepción de un primer grupo de 13 menores el pasado 10 de septiembre de 2016 y anunció que durante las dos siguientes semanas a la firma del acuerdo en Cartagena (26 de septiembre) se realizarían más misiones de este tipo.

Sin embargo, ante la victoria del no en el plebiscito, el escenario de incertidumbre ante lo pactado no permitió la salida de los menores pues, al no haber acuerdo, no existían garantías para el correcto restablecimiento de sus derechos.

4. Lo que hace falta

El pasado jueves, Pastor Alape confirmó que hacen falta 23 adolescentes por salir y que las FARC-EP reactivarán el Protocolo de Salida cuando la guerrillerada se encuentre ubicada en las Zonas Veredales.

También, en comunicado del Consejo Nacional de Reincorporación se señaló que ya se definieron los lineamientos del Programa Integral acordado en el Comunicado Conjunto #70 y que lleva por nombre: “Camino diferencial de vida: una estrategia integral para la atención y consolidación de los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes que salen de las FARC-EP”

Este Programa contempla las siguientes fases: restablecimiento de derechos, reparación y reincorporación e inclusión social de los adolescentes.

5. La polémica

Mientras algunos miembros del Congreso, entre ellos Uribe Vélez y Claudia López, amenazaban con no continuar legislando hasta que la totalidad de los adolescentes salieran de las filas de las FARC-EP, las organizaciones sociales veedoras del proceso señalaron insuficiencias en el proceso de salida de los menores: desde incapacidad logística para albergar al primer grupo de 13, hasta la aplicación de la normatividad ordinaria que no contempla las particularidades propias del proceso de paz.

Lo paradójico de la situación es que la nueva normatividad que permitiría la reincorporación digna de los menores -bajo los principios de enfoque comunitario y de reconocimiento de derechos– también se vería frustrada en el caso de que los congresistas decidieran suspender sus labores.

Las organizaciones sociales señalan también que el primer grupo de menores salió de los campamentos guerrilleros sin tener listo el Programa que diría cómo se haría su reincorporación a la vida civil, lo que significó un gesto de profunda confianza por parte de las FARC-EP, un escenario de total incertidumbre para los adolescentes y un ejemplo contundente de que el gobierno no está listo para la implementación de los acuerdos.

En el tema particular de infancia y adolescencia Colombia ha demostrado no gozar de la mejor política pública. Pocas instituciones han sido tan cuestionadas como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF que, en 2016 (al mismo tiempo que las FARC-EP anunciaban dejar de incorporar menores a sus filas) anunciaba la muerte por desnutrición de varios niños en La Guajira.

Según reportan el ICBF, la Unicef y la Defensoría del Pueblo, en el 2015 un total de 1297 niños fueron abandonados, se cometieron en promedio de 43 violaciones sexuales a menores cada día, uno de cada 10 niños sufrió desnutrición crónica y un total de 38 murieron por la misma causa. Así las cosas, el Estado parece no estar demasiado preparado para atender a sus menores y los 23 adolescentes combatientes de las FARC parecen dejar de ser el problema más grave en cuanto a infancia que tiene el país.

Si bien tanto las partes de la Mesa, como los congresistas y en general toda la población civil coinciden en que es urgente la salida de los menores de los campamentos, ninguno de los que se ha pronunciado o ha exigido que se apresure el proceso tiene una fórmula clara para hacer, de manera integral, ágil y efectiva, la reincorporación a la vida civil de estos adolescentes.

Por ahora sólo resta confiar en las partes, en la voluntad de paz del Gobierno, de las FARC y en el papel determinante que están cumpliendo las organizaciones sociales y demás participantes del proceso. La ciudadanía debe ser veedora del cumplimiento de los acuerdos en su integralidad pues no servirá de nada que los menores dejen de ser combatientes, si al regresar a sus comunidades se encuentran con las mismas causas que guiaron su ingreso a la guerrilla: el hambre, el analfabetismo, la falta de salud y la desigualdad estructural.

El país deberá reinventarse para garantizar la no repetición de la guerra y eso, a pesar del afán del Congreso, es un proceso a más largo aliento.

[1Comunidades construyendo paz en los territorios – Conpaz, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc, Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia – Coalico