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Erradicación forzada incumple acuerdos de La Habana
 

La Asociación de Campesinos Unidos Río Nechí -Asocurn- denuncia la violación a los derechos humanos que se viene presentando por parte de la patrulla móvil número 25 del Ejército Nacional, quienes están haciendo erradicación forzada de cultivos de uso ilícito a pesar de que los campesinos están dispuestos a la sustitución de cultivos voluntariamente.

Se alerta sobre cualquier violación al DIH y a los DDHH que se puedan derivar de esta situación, ya que el comité de cultivadores y trabajadores de la hoja de coca, de los municipios Cáceres y Tarazá, se encuentra en el lugar de erradicación y otros campesinos se desplazan hacia el lugar de los hechos para defender sus cultivos porque son la única fuente de trabajo con la que cuentan para su alimentación y sus gastos diarios y para asegurar la permanencia en sus territorios.

Uniformados del Ejército le han dicho a los campesinos que mientras las FARC-EP no entregue las armas, ellos seguirán erradicando forzadamente los territorios. Por ello es responsabilidad del coronel Medina, al mando de las tropas de la móvil 25 que operan en estas zonas, cualquier situación que acontezca ante la grave situación social y de orden público que se está viviendo.

También se responsabiliza al presidente Juan Manuel Santos y a las autoridades competentes por el posible desplazamiento forzado masivo de las familias campesinas de estas veredas, debido a los tantos incumplimientos de los acuerdos firmados en el tema de cultivos de uso ilícito. Algunos campesinos están empezando en desplazarse porque los han dejado sin su sustento, sin posibilidad de estudios para sus hijos, ya que esta zona está abandonada por el Estado que sólo hace presencia para eliminar lo único que tienen los campesinos para sobrevivir.

La comunidad está dispuesta a sustituir este tipo de cultivos. Desde el 8 de febrero de 2016 se han venido organizando en comités municipales y zonales, además de asociaciones para lograr la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. También el Estado está desconociendo estos comités cocaleros y a las asociaciones que están trabajando por los derechos humanos de los campesinos.

Los comités son una propuesta que busca garantías reales enmarcadas en los acuerdos de esperanza y paz de La Habana, por esto se rechaza que mientras los delegados de los comités cocaleros municipales del país se reunieron en Bogotá buscando unificar criterios para la implementación de los acuerdos, demostrando la clara voluntad de los campesinos para resolver esta problemática; en los territorios arrecian las erradicaciones, la militarización, las avanzadas paramilitares, la llegada de multinacionales mineras, la construcción de grandes represas y micro centrales sin que se atienda por parte del Gobierno Nacional, departamental y municipal la intención de sustitución voluntaria. Con la misma contundencia con la que se persigue al campesino que intenta sobrevivir en su territorio, con esa misma contundencia cada día reparten el territorio campesino a las empresas.

Nuevamente se responsabiliza al Gobierno Nacional, en cabeza de Juan Manuel Santos, al Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y el Ejército Nacional por los incumplimientos de lo pactado en La Habana con las FARC-EP.