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Atentan en Valledupar contra defensor de derechos humanos
El líder sindical Alfonso Barón Sánchez, miembro de la Mesa Departamental de DDHH y Territorios, resultó ileso
Hernán Durango / Viernes 10 de febrero de 2017
 

El atentado contra la vida de Alfonso Barón Sánchez, quien también ejerce como integrante la Mesa Departamental de DDHH y Territorios y directivo del sindicato Sinaltrainal-CUT seccional Cesar, ocurrió el jueves 9 de febrero hacia las 8:45 pm, en el momento en que llegaba a su vivienda ubicada en el barrio La Popa en la capital del departamento del Cesar.

“Nuestro compañero fue abordado por cuatro sujetos que se movilizaban en dos motocicletas, de las que descendió uno de ellos, apuntándole con un arma de fuego en el rostro y procediendo luego a disparar contra su vida. El ataque, afortunadamente, fue esquivado por el activista social y sindical, que logró resguardarse, aprovechando que el sonido alertó a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas, lo que generó la huida inmediata de los sicarios”, indica el reporte de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (Sinaltrainal) y del Equipo Jurídico Pueblos.

De acuerdo a las denuncias este es el segundo acto de hostigamiento contra integrantes de la Mesa Departamental de DDHH y Territorios en el Cesar.

El reporte señala que resulta relevante advertir que, en las dos ocasiones en las que se ha reunido la Mesa, se han presentado situaciones de similar talante. El 13 de enero de 2017, hacia las cinco de la tarde, culminada la primera sesión, uno de los participantes, Orlando Salcedo Restrepo, también miembro del movimiento social y político Congreso de los Pueblos, recibió una llamada telefónica amenazante en la que le advirtieron “guerrillero hijueputa, ¿qué hacías hoy en la reunión en la OEA? ¿Cuántos guerrilleros había en esa reunión?”.

Estos hostigamientos contra miembros de la Mesa se presentan en medio de un contexto en el que se incrementan las violaciones a los derechos humanos en la región, que incluyen asesinatos, empadronamiento, agresiones y judicialización contra líderes de la zona; por lo que se observa una clara intención de silenciamiento y desarticulación o debilitamiento de los espacios que buscan sistematizar y hacer seguimiento a estas graves problemáticas que se vienen visibilizando.

El Equipo Jurídico Pueblos y Sinaltrainal expresan su gran preocupación en el despliegue de agresiones contra la vida y libertad de los miembros de las comunidades en el departamento, lo que se suma a la pasividad de las autoridades frente a la ubicación de los responsables de las mismas.