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Enrique Santiago en Medellín
“Hay obstáculos para aplicación de amnistía”
La dificultad más grande que se presenta es la falta de compromiso de la rama judicial colombiana con el proceso de paz, pues 40 días después de aprobada la Ley de Amnistía e Indulto por parte del Congreso de la República, solo se ha dado la libertad de 15 presos políticos en todo el país.
Pancho / Viernes 17 de febrero de 2017
 
El abogado Enrique Santiago en el Concejo de Medellín, intervino sobre la amnistía y el indulto. Foto Pancho.

Con la presencia de Enrique Santiago, abogado asesor de las FARC en el proceso de paz, y organizado por la Corporación de Defensa de los Presos Políticos Nelson Mandela de Medellín, se realizó el viernes 10 de febrero de 2017 en los salones del Concejo de Medellín una conferencia donde se expusieron las dificultades que enfrenta la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto aprobada por el Congreso en diciembre pasado.

La dificultad más grande que se presenta es la falta de compromiso de la rama judicial colombiana con el proceso de paz, pues 40 días después de aprobada la Ley de Amnistía e Indulto por parte del Congreso de la República, solo se ha dado la libertad de 15 presos políticos en todo el país y solo dos jueces, uno en Cali y otro en Ibagué, han dado aplicación por iniciativa propia a esta ley.

No ayuda la actitud del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien, en lugar de facilitar la aplicación de la ley, se ha inventado miles de pretextos para obstaculizar su cumplimiento.

Los jueces y magistrados argumentan falta de claridad en la aplicación de la Ley de Amnistía, como si en Colombia fuera la primera vez que se va a aplicar una. Hay que recordar que en el país, después de la independencia de España, se han aplicado más de 80 leyes de amnistía e indulto; es decir: lo que obstaculiza la aplicación y cumplimiento de esta parte de los acuerdos es la falta de compromiso de jueces y magistrados con la paz del país, lo que obligará al Gobierno a tener que expedir un decreto reglamentario de la ley, para que estos no sigan teniendo pretextos para cumplir con sus obligaciones judiciales.

Estos obstáculos no son gratuitos. El punto que más dificultad presentó y el que más tiempo demoró y dificultad presentó en la negociación fue precisamente el relacionado con la justicia transicional. La posición de los negociadores por parte del Gobierno en este punto siempre fue que no era necesario un punto especial de justicia ya que la rama judicial colombiana estaba en capacidad de cumplir este papel. Sin embargo, las dificultades iniciales presentadas demuestran que no era cierto, que a la rama judicial le falta mucho compromiso con la paz y que es necesario que jueces y magistrados se monten de una vez por todas al bus de la paz.

Es muy importante que se comience a cumplir con este punto de los acuerdos de paz, ya que no es buen ejemplo para los negociadores que en Quito comienzan a discutir la paz con el ELN, si los encargados de aplicar los acuerdos en lo concerniente a la rama judicial no cumplen con su trabajo.

Al final, Enrique Santiago llamó a rodear de pueblo estos acuerdos para exigir a jueces y magistrados la aplicación de la Ley de Amnistía e Indulto, para exigir al Gobierno la creación de una ley que prohíba la existencia del paramilitarismo y para avanzar en la implementación de los acuerdos firmados entre el Gobierno nacional y las FARC, ya que está demostrado que lo que no se implemente en los dos primeros años después de la firma de los acuerdos, difícilmente se llegará a implementar.