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Comunidades del Putumayo comprometidas con la sustitución concertada
 

Las comunidades representadas en la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos -Meros- insisten en que la construcción de la paz en la región sólo será posible en la medida que se resuelvan estructuralmente las condiciones que llevaron a miles de familias a acudir al uso ilícito del cultivo de coca para garantizar las condiciones mínimas para la subsistencia.

Es así como, producto de las movilizaciones de 2014 en toda la región y en particular en el corredor Puerto Vega Teteye, se logró con el Gobierno Nacional concertar una mesa de diálogo para construir de manera conjunta un plan de sustitución de cultivos de uso ilícito. Ya que el país transita hacia la construcción de una paz estable y duradera, la comunidad de esta región celebra la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional y ratifica el compromiso de hacer parte de la implementación de lo acordado. Con ese espíritu, se convocó a dicha mesa de diálogo regional a delegados de las FARC–EP; reunión que se celebró los días 17 y 18 de febrero y que concluyó con el documento: Preacuerdo regional para ejecutar la ruta de implementación del PNIS con el fin de que las familias cuenten con mejores condiciones de vida y no recurran a siembra de coca, todo ello articulado al punto 1 y 4 del acuerdo de paz. Por lo anterior, se hace necesario hacer las siguientes precisiones:

1. Lo firmado es el preacuerdo que se socializará en las siguientes semanas en cada uno de los municipios, una vez terminada la socialización se firmará un Acuerdo definitivo para implementar el plan de sustitución en la región andino-amazónica que debe contemplar tiempos y actividades en cada una de las fases; esto permitirá evaluar el cumplimiento por cada una de las partes.

2. El gobierno se compromete a poner en marcha, para cada familia que de manera voluntaria quiera entrar al proceso de sustitución, el Plan de Atención Inmediata (PAI); es decir un incentivo mensual, seguridad alimentaria -huerta-, proyecto productivo de corto y largo plazo y asistencia técnica. Los montos establecidos para ello no tienen en cuenta las condiciones de la región andino-amazónica; por lo tanto será en los escenarios municipales en donde se tendrá que dar la discusión sobre ese particular, pero además se contemplan garantías de vivienda rural, escenarios de formación, formalización de la tierra, entre otros.

3. El tema de formalización de la propiedad de la tierra quedo establecido en los términos que menciona el punto 1.

4. El punto 4 contempla, entre otras actividades, atender el consumo de sustancias psiactivas desde el enfoque de salud pública y de derechos humanos.

5. Existen preocupaciones frente a que con la llegada de inversiones en el territorio, lleguen también operadoras, ONG y otras figuras que pretendan usar los recursos para el bien propio y no para lo que fueron destinados; por tanto MEROS llama al fortalecimiento organizativo: desde las juntas de acción comunal, los consejos comunitarios, los resguardos y cabildos, exista la más alta cohesión social, de ello dependerá que puedan tener acceso a la administración y gestión de esos recursos. Se ratifica la exigencia al gobierno de brindar las garantías necesarias y priorizar la contratación con las juntas de acción comunal y las figuras campesinas, étnicas y de mujeres que se reconozcan en el territorio.

6. Para la implementación de los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo es necesario la concertación con diversas figuras organizativas, entre éstas las juntas de acción comunal, cabildos y consejos comunitarios de cada municipio. Serán las comunidades las que definan cuáles son las obras que se prioricen en estos escenarios de planeación participativa.

7. En el preacuerdo quedaron consignados dos planes de infraestructura de atención rápida: un plan víal y fluvial de ejecución rápida y una estrategia de comercialización urgente. Éstos son determinantes para que los proyectos productivos que se implementen en todas las familias de la región sean sostenibles, pero serán las comunidades en sus municipios quienes prioricen las obras a atender.

8. Luego de firmado el acuerdo definitivo para implementar el plan de sustitución en la región andino-amazónica, serán las familias y las comunidades quienes firmen acuerdos familiares y colectivos respectivamente. Allí será determinante el papel de las diversas figuras organizativas: juntas de acción comunal, los cabildos y los consejos comunitarios.

9. Todas las acciones que se realicen para la sustitución deben ser concertadas con las comunidades, tal y como lo establece el punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas” y el punto 1 “ Reforma Rural Integral”.

10. Se ratifica la exigencia de respeto pleno hacia los pueblos indígenas. En el preacuerdo quedó claro que Gobierno nacional debe dar cumplimiento a la ley; por ello debe garantizarse la consulta previa para las comunidades indígenas que así lo soliciten. Cabe aclarar que existen pueblos que han manifestado de manera voluntaria sumarse a la implementación de este plan de sustitución, como el Pueblo Nasa y las comunidades afrosdescendientes de la región.

Es necesaria la más amplia participación, por eso se invita a las diferentes organizaciones sociales, a los gobernadores y alcaldes que por desconocimiento aún no se han vinculado a este importante proceso para aunar esfuerzos para la Implementación del plan de sustitución de cultivos de uso ilícito, construido en la búsqueda de una vida digna de los habitantes de esta región.

Es preocupante que continúe la erradicación en varios municipios de la región. Es necesario cumplir con el acuerdo definitivo para la sustitución que frenará las acciones de erradicación en tanto las comunidades manifiestan su voluntad de sustituir de manera voluntaria los cultivos de uso ilícito. Las comunidades representadas en la MEROS dan un voto de confianza al Gobierno Nacional, pero no renuncian a la movilización social como herramienta legítima por la defensa de los derechos y como escenario de exigibilidad para el cumplimiento de los acuerdos.