Teniendo en cuenta que una tercera parte de los colombianos son habitantes rurales y en su mayoría los municipios colombianos presentan relaciones propias de las sociedades rurales (Machado 2011), se puede decir que Colombia continúa siendo, por tradición, un país rural donde conviven diferentes modalidades de producción agropecuaria: la empresa agropecuaria capitalista, el latifundio ganadero especulativo, y la producción familiar o comunitaria (Forero 2002).

La producción familiar ha logrado sobrevivir al auge de la agricultura moderna debido a que ha logrado adaptarse a través de diferentes mecanismos que dan respuesta a necesidades sociales y a su integración a economías locales (Santacoloma-Varón 2015). Las economías campesinas han generado dinámicas económicas, culturales, sociales, políticas y tecnológicas que han persistido con el tiempo (van der Ploeg 2010), no solo por su adaptación a un contexto rural y urbano cada vez mayor, sino a su lucha constante contra los grandes latifundistas para sacar al mercado sus productos y su persistencia en la construcción de caminos que faciliten este proceso.

Sin embargo, en el campo colombiano existe una gran heterogeneidad de relaciones socio-económicas y no solo se encuentran economías campesinas articuladas al mercado mediante modelos productivos sencillos, sino formas de producción campesina que no se fundamentan solo en ingresos económicos, sino en relaciones de tipo social y ambiental más relacionadas al bienestar familiar que a la retribución económica, que quizá motiven al campesino a mantenerse en una actividad que no siempre es rentable (Mora-Delgado 2008).

De hecho, una gran población de productores campesinos afrontan situación de pobreza como resultado de un gran número de factores como el abandono estatal, el bajo acceso a programas de bienestar social, la competencia con la agricultura moderna y los productos importados, el cambio climático que ha producido fenómenos que alteran los ciclos naturales, entre otros (Santacoloma-Varón 2015). De esta manera, los campesinos han desarrollado diferentes formas de sobrevivir y mantenerse bajo estas condiciones a través de estrategias adaptativas (persistencia) (van der Ploeg 2010) y conocimientos ancestrales que unen la sostenibilidad ecológica y la sustentabilidad familiar.

Esta visión-apropiación ancestral del territorio y su contenido cultural propia de los pueblos antiguos y comunidades indígenas, aunque continúa presente en una parte del campesinado, ha sido desplazada por el modelo extractivista traído por los conquistadores europeos a América Latina (Bohórquez 2013). Modelo que sigue abanderando los procesos productivos del país y hace parte fundamental del sistema económico capitalista. Esta completa disrupción de la relación humano-naturaleza condujo a la crisis ecológica global que generó el surgimiento de áreas de conocimiento, como la agroecología, la bioética y la economía ecológica (Astelarra y Percíncula 2012), las cuales retoman este conocimiento ancestral que los movimientos campesinos están empoderando actualmente.

Las transformaciones estructurales que se viven en América Latina conducen a cambios sociales, políticos, económicos y ecológicos en las comunidades rurales que suelen ir acompañados de movimientos sociales y de nuevas formas de relacionarse. En el caso específico colombiano, el conflicto interno y la falta de presencia estatal en algunas regiones del territorio colombiano, han generado una serie de alianzas entre las comunidades rurales y algunos actores del conflicto, como la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), estableciendo otras formas de economía campesina, que hacen parte de esa heterogeneidad de relaciones socioeconómicas que tiene la ruralidad colombiana y donde no está exenta la persistencia, mencionada previamente.

Una gran transformación estructural que está viviendo Colombia, el posconflicto [1], es a cuenta de los diálogos de paz con la organización insurgente FARC-EP, que tuvo como resultado la firma de un acuerdo de seis puntos en el año 2016. El primero de estos puntos es la Reforma Rural Integral (RRI) [2]; cuya implementación requiere no solo la voluntad política gubernamental sino la participación activa de la sociedad civil y la academia. También demanda un gran movimiento social que ayude a abrir espacios políticos y económicos, apoye el compromiso gubernamental de reconocer la importancia de la economía campesina, familiar y comunitaria y las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), y además vele por el cumplimiento de los principales objetivos de esta reforma: disminuir la pobreza, fomentar el uso y la distribución equitativa de la tierra, trabajar por la equidad de género y asegurar la producción agropecuaria en un país que importa buena parte de sus alimentos. Este último punto se trata, como dicen Astelarra y Percíncula (2012), de reivindicar la soberanía alimentaria. De encaminar un modo de producción de alimentos asociado a la satisfacción de necesidades sociales y con racionalidad ecológica, a la posibilidad de decidir sobre el cómo de la producción y el quiénes de la misma.

El acompañamiento a la implementación de la RRI, de esta manera, requiere de un cambio de paradigma hacia lo que percibimos como ruralidad, donde se respete la autonomía de las comunidades (gobernanza) y se reconozca la existencia de estructuras productivas no capitalistas capaces de unir la gestión sustentable con la generación de excedentes para incrementar sus niveles de vida (Rosas-Bolaños 2013; van der Ploeg 2010), y esto a su vez exige un enfoque transdisciplinario en la solución de conflictos sociales, ecológicos y económicos que partan de las comunidades, pero acompañado por un diálogo de saberes por parte de la academia. De esta manera la academia, y en especial las ciencias agropecuarias, juega un papel fundamental en esta transformación estructural que vive Colombia.

Tradicionalmente las instituciones de educación superior tienen dentro de sus funciones esenciales la docencia, la investigación y la extensión, que se constituyen los pilares básicos sobre los que se construye un modelo de universidad democrática, con participación activa en la transformación social. Sin embargo, la desarmonía en el equilibrio de estas tres funciones se evidencia en la falta de vinculación con los sectores externos y escasa participación en los acontecimientos políticos, económicos y sociales del país (Sira 2011), aunado a la falta de reconocimiento del conocimiento endógeno de las comunidades y la exclusión de estas en la toma de decisiones.

Tal vez deberíamos replantearnos la manera en que estamos acostumbrados como académicos a articular estas tres funciones. La articulación debería tener como tema transversal la bioética, ya que el trabajo con personas nos plantea exigencias desde la ética personal y, sobre todo, desde la ética social (León 2011). Por un lado, negamos el principio bioético de autonomía, puesto que tendemos a ignorar el conocimiento ancestral campesino y llegamos como “expertos” a transferir conocimientos y tecnología que no se necesitan, o no se ajustan a sus necesidades reales. Es probable que en muchos casos los expertos sean ellos y simplemente nosotros somos facilitadores en la aplicación de ese conocimiento, por lo tanto no se trata de transferencia del saber (extensión), sino el encuentro de sujetos interlocutores (comunicación), como lo planteaba Freire (1977).

Por otro lado, el modelo de desarrollo capitalista no solo ha hecho un uso inadecuado de los recursos naturales, sino también ha generado un proceso de desestructuración y desmantelamiento de lo social que ha invadido todos los ámbitos, debido al debilitamiento de los vínculos humanos y al moldeamiento de comportamientos cada vez más individualistas (Bauman 2007). En la actualidad, al hablar de desarrollo, es necesario tener en cuenta la integralidad de un proceso que incluye lo económico, lo ecológico y lo cultural, como así también la dimensión ético-política orientada al bien común, sobre la base de una corresponsabilidad e interacción solidarias – capital social (León 2011).

Por lo tanto, desde la academia es necesario empezar a trabajar hacia una nueva ruralidad, donde lo rural no es exclusivamente lo agrícola o la producción primaria, sino que trasciende a un proceso dinámico con estrategias diversas que faciliten la persistencia de un campesino local pero conectado con el mundo (Mora-Delgado 2008). Un cambio de paradigma sobre el desarrollo rural, pensado más como un fenómeno multidisciplinar de continua revitalización del tejido de personas, actividades, recursos y procesos que se interrelacionan en un territorio determinado (Rural web [3]) (Guinjoan et al. 2016).

De esta manera, el primer gran objetivo de la academia para que pueda hacerle frente a las transformaciones que se viven en Colombia y acompañar debidamente la implementación de los acuerdos pactados, en especial la RRI, se debería basar en la formación de futuros profesionales con pensamiento crítico, conscientes del contexto social, económico y ambiental. Profesionales capaces de trabajar inter y transdisciplinariamente y que tengan un amplio conocimiento técnico integrado a una base social. Se debe evitar la hiperespecialización ya que, como lo plantea Guzmán (2012), esto impide tratar correctamente los problemas particulares que sólo pueden ser planteados y analizados dentro de su entorno global. Desafortunadamente, la mayoría de las carreras asociadas al sector agropecuario no han sido ajenas a esta fragmentación y han tenido una disyunción con las humanidades, produciendo un aislamiento de las realidades de su medio, en contraste con su enorme importancia social.

La academia no puede seguir siendo observador externo o instrumento de imposición de modelos de desarrollo que no han funcionado o que continúen ignorando la relación humano-naturaleza-territorio. Debe concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de procesos participativos para el desarrollo de investigaciones que den solución a problemáticas reales y generen alternativas productivas novedosas y eficientes que den prioridad a los conocimientos ancestrales y al uso consciente de los recursos naturales. La academia debe sacar al aula del ambiente teórico que suele rodearla, y nutrirla de la práctica y de los conocimientos endógenos propios de las comunidades, donde se exploren y abran múltiples y flexibles formas de interacción con los sectores sociales, con los organismos locales y nacionales, con los organismos no gubernamentales, y con el sector productivo.

La coyuntura sociopolítica que vive Colombia ha logrado que el sector académico se interese en esa realidad antes lejana y empiece a participar en los acontecimientos políticos. De hecho, el Sistema Universitario Estatal (SUE) dio su apoyo al proceso de paz con las FARC-EP. Varias universidades públicas generaron grupos de trabajo para acompañar este proceso. Por ejemplo, La Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la Universidad Nacional de Colombia, junto con el departamento de Sociología del Desarrollo y Cambio de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y algunas organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales se unieron para realizar el evento: “Tejiendo redes de investigación para la Reforma Rural Integral en Colombia” con el propósito de fortalecer la implementación de la RRI. Un evento pionero en cuanto consigue la interacción de la academia, con una organización insurgente, el sector civil y representantes de comunidades campesinas, para identificar necesidades y plantear alternativas de manera conjunta, participativa y solidaria, como sujetos autónomos en igualdad de condiciones.

Los retos son grandes y los problemas que empiezan a observarse van a hacer tambalear los diferentes procesos. Es el momento de la acción y la constancia. La academia tiene la importante misión de evolucionar y acomodarse a las trasformaciones sociales que actualmente se viven. Como bien lo expone Mora-Delgado (2008), el abordaje de sistemas de producción campesinos implica cambiar la visión lineal y unidimensional heredada de la formación técnica, por una apertura mental dispuesta al reacomodo de los esquemas. En consecuencia, una revisión crítica de diversos conceptos, metodologías y elaboraciones teóricas sobre el desarrollo rural y el campesinado colombiano es fundamental para tener otras lecturas de la realidad y acomodarnos a los desafíos. Lo primero, es que nos empecemos a reconocer todos como actores y trabajemos colectivamente para perseguir ese fin común: un país reconciliado, incluyente, solidario, justo y en paz.

Referencias

Astelarra, S. y Percíncula, A. 2012. Soberanía alimentaria: una histórica y dinámica relación del campesinado con la naturaleza. II Coloquio de filosofía social. 29 y 30 de Noviembre de 2012. UBA - Facultad de Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina.

Bauman, Z. 2007. Miedo líquido. Barcelona: Paidós. 231p.

Bohórquez, L.A. 2013. Colonización de la naturaleza: una aproximación desde el extractivismo en colombia. Ágora U.S.B. 13 (1): 221-239.

Forero, J. 2002. Sistemas de producción rurales en la región andina colombiana. Análisis de su viabilidad económica, ambienta y cultural. Bogotá: Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, Pontificia Universidad Javeriana - Colciencias.

Freire, P. 1977. ¿Extensión o comunicación?: la concientización en el campo. Bogotá: Guadalupe. 109p.

Gómez, C. 2003. Posconflicto en Colombia: Desafío para la psiquiatría. Revista Colombiana de Psiquiatría. 32 (2): 130-133.

Guinjoan, E. Badia, A. y Tulla, A. 2016. El nuevo paradigma de desarrollo rural. Reflexión teórica y reconceptualización a partir de la "Rural Web". Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. 71: 179-204.

Guzmán, L.E. 2012. El desarrollo rural desde una perspectiva académica. Revista Colombiana de Ciencia Animal. 5 (1): 7.

León, F. 2011. Pobreza, vulnerabilidad y calidad de vida en América Latina: Retos para la bioética. Acta Bioethica. 17(1): 19-29.

Machado, A. 2011. Colombia Rural: Razones para una esperanza. Informe de Desarrollo Humano, PNUD, Colombia. Recuperado de http://pnudcolombia.org/indh2011/pdf/informe_completo_indh2011pdf.

Martínez, C. 2005. Lineamientos estratégicos de gestión tecnológica en el proceso de vinculación universidad-sector productivo. La Universidad del Zulia. Editorial EDILUZ. Maracaibo, Venezuela.

Mora-Delgado, J. 2008. Persistencia, conocimiento local y estrategias de vida en sociedades campesinas. Revista de estudios sociales. 29: 122-133.

Rosas-Baños, M. 2013. Nueva Ruralidad desde dos visiones de progreso rural y sustentabilidad: Economía Ambiental y Economía Ecológica. Polis, Revista Latinoamericana. 12 (34): 225-241.

Santacoloma-Varón, L. 2015. Importancia de la economía campesina en los contextos contemporáneos: una mirada al caso colombiano. Entramado. 11 (2): 38-50.

Sira, S. 2011. Equilibrio entre las funciones de docencia, investigación y extensión en ingeniería. Desarrollo histórico. Ingeniería y Sociedad UC. 6 (1): 51-57.

van der Ploeg, J. D. 2010. The peasantries of the twenty-first century: the commoditisation debate revisited, The Journal of Peasant Studies 37 (1): 1-30.