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Semana clave para la Jurisdicción Especial de Paz
Agencia Prensa Rural / Martes 28 de febrero de 2017
 

Después de dos meses, esta semana tendrá que ser aprobado en el Congreso la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), un proyecto de acto legislativo que se ha centrado en reconocer a las víctimas, sus necesidades de verdad, justicia, reparación y no repetición.

Esta justicia transciende el ámbito punitivo y tiene como eje principal la reparación tanto colectiva e individual de quienes han vivido una y otra vez el flagelo de la violencia, ante un sistema de justicia ineficaz, viciado y con trabas burocráticas que lo único que han hecho ha sido revivir el viacrucis que por años ha martirizado a las víctimas que buscan conocer un mínimo de verdad en sus casos.

El expresidente Uribe ha querido torpedear este debate descontextualizándolo y manifestando que esta ley es una oportunidad para la impunidad, pero ¿realmente a que le temen varios sectores de derecha del congreso?

Más bien el debate se da por las implicaciones políticas y jurídicas que tiene la JEP, entorno a los intereses que afecta en los sectores de la extrema derecha. Para ellos es bochornoso investigar las grandes empresas que han financiado el paramilitarismo y que ha alimentado a las élites regionales, de las cuales muchos políticos han salido beneficiados.

Estos últimos han cuestionado los elementos que contiene la JEP como la investigación a la cadena de mando y el tribunal de paz, para determinar actores directos o indirectos responsables de delitos. La verdad es la piedra angular a la que temen políticos y militares.

Son muchos los retos y ambiciones que tiene la aplicación de esta ley. Ya muchos militares condenados a causa del conflicto han querido someterse, como única salida, a su situación judicial, pero ¿hasta donde llegará a amnistiar los delitos cometidos en el marco del conflicto? Es una pregunta que rodea a quiénes critican a esta ley como laxa, porque queda abierta a la interpretación de quienes la ejecuten.

Lo cierto es que el centro del proceso de paz fueron las víctimas, por lo tanto esta ley pretende que haya un sistema integral de reparación y justicia que permita construir un anhelado proceso de reconciliación que está en camino. Sin embargo, el hecho de la aprobación no implica la aplicación, como ha venido pasando con la implementación del Acuerno Final, donde las demoras lo están poniendo en riesgo.