Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

En cifras, alarmante situación de derechos humanos en el Magdalena Medio
 

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos) fue creada en 1987 como un instrumento de sensibilización y apertura de espacios sociales para el trabajo humanitario y para la defensa de los derechos humanos de los pobladores de Barrancabermeja y el Magdalena Medio.

“Cuando el Estado a través de sus gobernantes, instituciones y funcionarios reprime a la población, la hostiga, la persigue de modo sistemático para poder llegar a dominarla a través del temor, evitando cualquier acto de resistencia a la opresión; esa manera de actuar recibe el nombre de Terrorismo de Estado, que es un abuso de su poder coactivo, donde los civiles son secuestrados, torturados o asesinados, sin juicio previo, o sin las garantías del debido proceso”. Los crímenes de Estado consisten en homicidios, torturas, desapariciones, genocidios, violaciones graves a los derechos humanos producidas por un funcionarios u agentes del Estado.

Durante la vigencia del Estatuto de Seguridad nacional, al finalizar la década de 1970, fueron detenidas y torturadas más de 5.000 personas tan sólo en Bogotá a manos de militares y, según un informe del Ministerio de Defensa, más de 60.000 fueron detenidas por militares durante el primer año de la administración Turbay Ayala. Entre 1965 y 1986 fueron expedidos 42 decretos que facultaban a los tribunales militares para procesar a civiles.

Según Amnistía Internacional, desde 1986 hasta finales de 1993, 20.000 personas perdieron la vida por motivos políticos, la mayoría de ellas a manos de las fuerzas armadas y los grupos paramilitares.

La oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimó “que más de 3.000 personas pudieron haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas principalmente al Ejército entre los años 2004 y 2008. Durante los dos primeros años del gobierno de Álvaro Uribe Vélez se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias de manera masiva. Entre 2002 y 2005, más de 800 sindicalistas fueron asesinados.

La región del Magdalena Medio no ha escapado a este tipo de acciones criminales por parte del gobierno y sus instituciones militares. En Barrancabermeja se han cometido 30 masacres en 15 años. En los últimos 28 años han desaparecido 359 personas, 24.025 fueron expulsados y a la ciudad llegaron 43.479 desplazados. Los datos de la oficina regional de la Unidad de Víctimas señalan que en Barrancabermeja y en 20 municipios más del Magdalena Medio, el conflicto ha dejado 58.930 víctimas, de las cuales 5.000 fueron asesinadas y 45.000 desplazadas. Durante el 2015 y el 2016 se cometieron dos ejecuciones extrajudiciales en el municipio San Pablo, departamento de Bolívar, por parte de la Fuerza de Tarea Marte adscrita a la V Brigada.

La inmensa mayoría de las víctimas de estos crímenes del Estado han sido campesinos, indígenas y afrodescendientes, miembros de organizaciones sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas y opositores políticos. Movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos de oposición. El caso del genocidio de la Unión Patriótica es el ejemplo más aberrante de persecución y exterminio que ha vivido el pueblo colombiano y en particular la oposición política en Colombia.

El Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron y refrendaron en dos ocasiones un “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En la actualidad el Congreso de la República vive un proceso legislativo mediante la figura del Fast Track para crear la nueva institucionalidad que lleve al cumplimiento e implementación de los acuerdos. Por otro lado, el inicio de los acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) nos da esperanzas al pueblo colombiano de vivir por fin el fin de la guerra.

La construcción de la paz en los territorios y la implementación de los acuerdos pasa por lograr las garantías plenas para el goce efectivo de los derechos humanos, las garantías de no repetición y el reconocimiento del Estado como actor responsable de graves violaciones a los derechos humanos. Los acuerdos de paz y su implementación deben ser un instrumento para que la impunidad no siga acampando en el país, para que la justicia brille a favor de las víctimas y de todos los colombianos. Además debe servir de vehículo para la reconciliación. Deben crearse los mecanismos de protección que establecen los cuerdos como: la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición; la Comisión de seguimiento y evaluación del desempeño del sistema integral de protección y de los avances en el desmantelamiento de organizaciones criminales y de todas aquellas que amenacen el ejercicio de la política.

Por lo anterior se hace necesario adoptar las medidas que se contemplan en el acuerdo de paz para garantizar integralmente el propósito de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y determinar la responsabilidad de los funcionarios públicos -civiles o militares- en los crímenes del conflicto. Igualmente se debe esclarecer la responsabilidad de empresarios, gremios y otros sectores sociales que, en connivencia con los gobiernos colombianos, propiciaron y financiaron crímenes de lesa humanidad contra la población.

Las víctimas exigen no más impunidad, verdad, justicia y castigo para los responsables. El Estado, el gobierno y sus instituciones deben responder por los crímenes de Estado. Por garantías de no repetición, por el respeto a los derechos humanos y por el fin de la guerra; paz en los territorios.