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Comunidades mineras de Antioquia se concentran en la entrada de ZVTN de Carrizal
 

Tras las operaciones militares adelantadas contra la minería informal en el sur de Bolívar y Antioquia, las comunidades de Remedios y Segovia, desde el 6 de marzo se encuentran en un plantón indefinido como expresión de rechazo ante los constantes incumplimientos por parte de las autoridades municipales, departamentales y el Gobierno Nacional, quienes se habían comprometido a buscar alternativas, de manera concertada, que llevaran al cese de la persecución, estigmatización y criminalización de la labor minera y el inicio de procesos de formalización de las minas de la zona.

Particularmente en la reunión adelantada el 14 de agosto de 2016, que contó con delegados del Gobierno Nacional, de la gobernación de Antioquia, las alcaldías de Remedios y Segovia y representantes de las FARC, se ratificó el compromiso por parte del gobierno de no torpedear la actividad económica y social de las comunidades que estaban ubicadas cerca a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). Esto no se ha cumplido y por el contrario el pasado 2 de marzo se irrumpió de manera violenta en los lugares en donde se practica esta economía, acabando con el único sustento para más de ochocientas familias que viven de la extracción de oro.

Por ello, alrededor de 600 personas de las veredas Lejanías, Carrizal, Piñal, Panamá Nueve, Altos de Manila, Cañaveral, El Carmen, Puna, Santa Marta, La Cristalina, Ojos Claros, Tamar Alto, entre otras, se encuentran concentradas en la vía que comunica a la ZVTN de Carrizal para exigir el acatamiento de lo acordado, que se brinden las garantías para la población minero-campesina y que se respeten los derechos de estas comunidades.

Ante la incertidumbre que generan los operativos en la zona se hace un llamado al Gobierno Nacional y a las FARC-EP para que comprendan que con este plantón no se pretende torpedear el proceso de adecuación de la Zona Veredal ni la dejación de armas, por el contrario es necesario y urgente que el Mecanismo Tripartito garantice que las acciones del gobierno hacia las comunidades no sean violentas, difamatorias, sino que contribuyan al desarrollo regional y a la implementación de proyectos como el Programa de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (PEDET), reconociendo las prácticas mineras históricas que se han usado en la región.

El hecho de que las operaciones involucren un señalamiento de conexidad con el ELN, tal como lo difundieron los medios de comunicación, y ante el aumento de la violencia en los cascos urbanos de Segovia y Remedios, tal como lo expone el Informe de Riesgo del SAT en 2016; hace que se incurra en la violación de las reglas que rigen el el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y la Dejación de Armas (CFHBD) en los puntos 6 y 15 pactado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Se exige la implementación de los acuerdos de manera integral.