El 24 de noviembre de 2016 Santos y ’Timochenko’ firmaron el Acuerdo de paz definitivo, compuesto por 310 páginas producto de las conversaciones en La Habana a lo largo de más de 4 años y de una revisión e inclusión de propuestas debidas a los resultados del plebiscito. El 13 de diciembre la Corte Constitucional aprobó ‘fast track’ para implementar el acuerdo alcanzado con las FARC-EP y, casi un mes después, el 28 de diciembre de 2016, es aprobada en el Congreso de la República la primera ley que da vía libre a la implementación, la Ley de Amnistía, con la cual se garantiza el alivio jurídico requerido por más de 5.000 prisioneros de las FARC–EP. Luego, la primera semana de febrero de 2017, cerca de 7.000 guerrilleros iniciaron su última marcha, lo cual significó el movimiento de tropas insurgentes más grande desde la revolución mexicana. Así se fueron ubicando las unidades guerrilleras en las Zonas Veredales de Transición y Normalización – ZVTN, pero los problemas no se hicieron esperar. No solo las ZVTN aún no se encuentran listas. También, y casi después de dos meses, la Ley de Amnistía aún no tiene efectiva aplicación. Es así como entre contratiempos, fallas y demoras, el cronograma para la implementación del Acuerdo ha iniciado su aplicación. Vivimos días que parecen años y acontecimientos que parecen sacados de una novela. El 1 de marzo de 2017 pasará a la historia como el día en el cual arrancó la dejación de armas por parte de las FARC – EP después de 53 años de confrontación armada con el Estado colombiano.

Colombia se encuentra caminando hacia la superación de la guerra, y mientras se adelanta el proceso de implementación, también se ha instalado la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional – ELN. Estamos, pues, ante la posibilidad concreta de alcanzar una paz completa. Por supuesto, son muchos los obstáculos y dificultades que encontraremos, pero lo cierto es que Colombia ha decidido construir la paz y un nuevo paradigma de país. Sin embargo, y ante este panorama, las tensiones políticas no se hacen esperar. Por una parte, los enemigos de la paz, que han declarado la guerra a la implementación, no solo la han saboteado en el Congreso, sino que también preparan una candidatura presidencial con la cual esperan echar para atrás todo lo pactado. Por otra parte, los “outsider”, aquellos para quienes el acuerdo de paz ya es cosa del pasado, aquellos para quienes el problema de hoy ya no es la guerra, aquellos que quieren posar como alternativa tomando distancia con los problemas de la implementación, han adoptado como su caballito de batalla la lucha contra la corrupción. Por supuesto que es un discurso atractivo y sensible para la población colombiana, pero efímero y sin una propuesta de país.

Sin duda alguna este es un tema de primer orden para el cambio de paradigma como nación. De hecho, según las cifras más conservadoras, se estima que cada año el país pierde 50 billones de pesos por la corrupción, lo cual obviamente serviría para inversión social, infraestructura o cualquier otra inversión en un país en vía de desarrollo como el nuestro. Claramente los costos de este flagelo son cosa de preocupar, pero también los altos índices de impunidad: según el Observatorio de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en la actualidad solo el 25 % de los condenados como corruptos están purgando detención intramuros. Además, y por si fuera poco, según los registros del INPEC, el promedio de las penas para los delincuentes de cuello blanco es de apenas 24 meses y, en un buen porcentaje, las penas se purgan en pabellones especiales que ofrecen privilegios respecto de los presos comunes. De este modo, en materia de justicia tenemos también una deuda por saldar. No es gratuito que ocupemos el puesto 90 entre 176 naciones evaluadas por Transparencia Internacional.

En nuestra memoria tenemos aún escándalos como el del proceso 8.000, REFICAR, las construcciones de la 26 con el “carrusel de la contratación” y por supuesto el más reciente, el de pago de sobornos de Odebrecht, en el cual están involucrados desde senadores activos, como el cordobés Bernardo Elías, uno de los máximos electores del Congreso, hasta reputados empresarios y precandidatos. La corrupción, a diferencia de lo que se puede pensar, no es exclusiva del sector público. Juan Ricardo Ortega, exdirector de la Dian, estima que el sector privado se embolsilla 60 billones de pesos al año con conductas corruptas. Los atajos que toman para saquear al país incluyen la evasión fiscal, los acuerdos por debajo de la mesa para quedarse con contratos y el fraude contable.

El país, a través de distintas administraciones, ha desarrollado herramientas pese a las cuales el problema si bien ha disminuido aún tiene cifras alarmantes. Por ejemplo, en 2011 fue sancionado el Estatuto Anticorrupción -Ley 1474 de 2011, el cual intenta dotar de dientes al Estado para combatir la corrupción sobre la base de cinco pilares: 1) Aplicación efectiva de las normas. 2) Actuación preventiva. 3) Colaboración ciudadana. 4) Cultura de la legalidad. 5) Coordinación de los esfuerzos. Algunas de las medidas que adopta el estatuto son:

1) Inhabilidad para contratar con el Estado, cuando la persona natural o jurídica haya sido declarada responsable por la comisión de delitos contra la administración pública.

2) Inhabilidad para contratar con el Estado cuando se trate de personas que financiaron campañas políticas.

3) Prohibición a los ex servidores públicos de prestar servicios, asesorías o apoyo, o de ser contratados en asuntos relacionados con las funciones que tenían a su cargo.

4) Inhabilidad de ex empleados públicos para contratar directa o indirectamente con el Estado, por un término de dos años contados desde el retiro, cuando el objeto del contrato tenga relación con el sector al cual prestaron sus servicios.

5) Prohibición a los contratistas de celebrar contratos de interventoría con las entidades con las cuales contrataron.

Hasta el momento el tratamiento, salvo algunas campañas, ha sido normativo, lo cual según algunos expertos no podrá arrojar resultados certeros. Este es un problema más cultural que técnico, pues las leyes por sí solas no logran el efecto mágico de modificar situaciones, tendencias o costumbres arraigadas en la sociedad. El problema de la corrupción, como muchos otros que nos afectan, se debe a conductas humanas, razón por la cual deberíamos trabajar más en un cambio de paradigma social, que es precisamente lo que ofrece como oportunidad el Acuerdo de paz.

Pues bien, para sorpresa de muchos, las 310 páginas del Acuerdo también hablan de la lucha contra la corrupción. De hecho, la palabra aparece a lo largo del documento en 30 ocasiones y no como una mera referencia. En el punto 3, “Fin del conflicto”, se incluye el acuerdo “Medidas de Prevención y Lucha contra la Corrupción”, así como en el punto 2, “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”. En el numeral 2.2.5. sobre el “Control y la veeduría ciudadana”, el Acuerdo reza: “La participación y el control por parte de ciudadanos y ciudadanas son esenciales para asegurar la transparencia de la gestión pública y el buen uso de los recursos; y para avanzar en la lucha contra la corrupción y contra la penetración de estructuras criminales en las instituciones públicas”.

El texto, a su vez, contempla “en el marco de un programa especial para la eliminación y prevención de la corrupción en la implementación del presente Acuerdo”, la creación de un mecanismo especial para la atención, trámite y seguimiento de denuncias y alertas de ciudadanos y ciudadanas y las organizaciones y movimientos por posibles hechos de corrupción relacionados con la implementación del Acuerdo de paz.

Es así como el Acuerdo, con el propósito de desarrollar lo acordado en el punto 3.4, en lo correspondiente a la intensificación de medidas para luchar contra las conductas que por acción u omisión provoquen fenómenos de corrupción, propone una serie de instrumentos de control y verificación social:

• Verificación de la idoneidad de los servidores/as públicos de manera que se asegure que poseen las competencias para el cabal ejercicio de la función pública.

• Certificación de la integridad y desempeño de los servidores/as públicos, de manera que por la vía de la evaluación y verificación de sus hojas de vida, antecedentes penales y disciplinarios, se garantice la transparencia y compromiso con la aplicación de la ley.

• Garantías para mantener la vigilancia y el seguimiento al patrimonio económico de los servidores/as públicos y control sobre sus ingresos, de tal manera que esté acorde con sus salarios y actividades legales. Evaluación y seguimiento al desempeño en la lucha contra las organizaciones objeto de este Acuerdo y en función de la creación de confianza con las comunidades.

En el punto 4 del Acuerdo, “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas”, se habla a su vez de la relación del narcotráfico con el flagelo de la corrupción y la necesidad de “intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones causada por el problema de las drogas ilícitas, y de liderar un proceso nacional eficaz para romper de manera definitiva cualquier tipo de relación de este flagelo con los diferentes ámbitos de la vida pública”, al mismo tiempo propone:

• Identificación de la cadena de valor del narcotráfico

• Ajustes normativos y cualificación y fortalecimiento de las capacidades institucionales para la detección, control y reporte de operaciones financieras ilícitas.

• Fortalecimiento de las instancias y organismos de investigación.

• Cultura contra el lavado de activos.

• Estrategia para la implementación efectiva de la extinción de dominio.

También en el marco de la estrategia integral de lucha contra la corrupción del subpunto 3.4 de la agenda del Acuerdo General se plantea una estrategia específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico.

Finalmente en el punto 6 “Implementación, verificación y refrendación”, se propone dentro los principios generales de la implementación:

• Profundización de la democracia y “construir sobre lo construido erradicando la corrupción, la falta de transparencia, el clientelismo y cualquier otra actuación que degrade los demás principios.

• Transparencia, control social y lucha contra la corrupción.

En conclusión, la lucha por la implementación del Acuerdo de paz, es la lucha por un cambio de paradigma para el país, por la posibilidad de una mejor Colombia, por el tránsito hacia un cambio cultural, político, social, económico, ambiental y humano. La lucha por la implementación efectiva de lo acordado es también una lucha contra la corrupción, contra las viejas prácticas y por una sociedad nueva, capaz de vivir en paz y que se vaya liberando de flagelos como el de la corrupción, la violencia política y la ley del más fuerte. Estamos viviendo momentos históricos y de nuestro compromiso con el post acuerdo dependerá el futuro del país.