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Montajes judiciales contra líderes sociales
Agencia Prensa Rural / Jueves 23 de marzo de 2017
 

Mientras los asesinatos contra líderes sociales y campesinos continúan en el país, la justicia y el Gobierno siguen negando la sistematicidad de estos hechos. Sin embargo, arremeten de nuevo contra líderes sociales y defensores de derechos humanos acusándolos de ser de las redes de apoyo y colaboradores de la guerrilla del ELN.

Durante los últimos años, los montajes judiciales contra líderes sociales han sido recurrentes. Casos como el de Huber Ballesteros, Miguel Ángel Beltrán, Feliciano Valencia, Liliany Obando, Carlos Velandia y el ahora representante de Voces de Paz Francisco Toloza son ejemplos de la persecución del Estado contra el pensamiento crítico.

Dados los hechos ocurridos el día de ayer 22 de marzo, quedó en evidencia el plan de persecución por parte de la Sijin y la justicia, al detener a varios líderes sociales y defensores de derechos humanos, en la región del sur de Bolívar y el Magdalena Medio, pues fue detenida en la madrugada Milena Quiroz, líder del Congreso de los Pueblos, quien es vocera de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Así mismo, en el foro que se desarrollaba sobre participación política en Barrancabermeja, intentaron capturar a Arisolina Quintero, líder de las comunidades del sur de Bolívar y del Cesar, quien también hace parte del Congreso de los Pueblos.

Los participantes a este foro denunciaron que la Sijin se presentó pidiendo las listas de los asistentes y amedrentando a quien se le opusiere. Andrés Gil, Vocero de Marcha Patriótica, al referirse al tema dijo que “ser líder o lideresa social en Colombia, o es delito o es sentencia de muerte”. También agregó que hay en marcha una ofensiva judicial contra líderes sociales.

Al respecto, varias plataformas políticas, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, manifestaron su desacuerdo y preocupación por la arremetida contra los líderes sociales, que ahora no solo se cuidan de los enemigos de la paz y el paramilitarismo, sino también del Estado que los persigue y los estigmatiza.

En el Acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC–EP, pacto que es de todos los colombianos, en el numeral 2.1 se habla sobre los derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general. Además se agrega en el punto 2.2.1. las garantías para los movimientos y organizaciones sociales. Sin embargo, el Estado sigue desconociéndolo y continúa con la persecución al movimiento social tratándolo como su adversario. Dados estos hechos, cabe preguntar ¿hasta cuándo la doctrina de seguridad nacional seguirá dominando el actuar de la policía y las fuerzas militares? y ¿Cuándo la justicia se la jugará por la paz?