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Nueva victoria de las Zonas de Reserva Campesina
Con el pronunciamiento de la Corte, vuelve a quedar en evidencia la abierta intención del uribismo de acabar con la única figura jurídica que reconoce al campesinado y que brinda garantías para que pueda ejercer su territorialidad.
Oficina de prensa de Marcha Patriótica / Domingo 16 de abril de 2017
 

En su comunicado N° 12, la Corte Constitucional se ha declarado inhibida para pronunciarse sobre la demanda de inconstitucionalidad que interpuso Diego Molano, concejal del Centro Democrático, en contra de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC).

Molano alegaba la inconstitucionalidad de la figura, en tanto no incluía la aprobación de los concejos municipales en su proceso de constitución. Campesinos de todo el país intervinieron ante la Corte argumentando no sólo que el proceso era ya bastante incluyente y participativo, sino que, además, resultaba preocupante incluir un requisito más para la constitución de ZRC, pues nada más con los existentes, la dilación e incumplimiento gubernamental han sido los protagonistas.

Sin embargo, la Corte se abstuvo de profundizar en la discusión sobre el centralismo de las políticas o la autonomía de las figuras territoriales, pues consideró que la demanda interpuesta por el representante uribista no contaba con los requisitos de certeza y suficiencia. Es decir, para la Corte Constitucional, Molano no analizó con suficiencia las normas que demandaba y no logró “suscitar una duda mínima sobre la constitucionalidad” del proceso de constitución de Zonas de Reserva Campesina.

Vale la pena mencionar que la demanda, además, incluía argumentos similares en contra de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, a las que la Corte también favoreció.

El representante del Centro Democrático, según el comunicado N° 12, no tuvo la capacidad de demostrar que la constitución de Zonas de Reserva Campesina excluye a las entidades territoriales o les reste autonomía sobre el territorio. Se trataría entonces de una demanda mal elaborada, sin argumentos, sin sustento y que, a la luz del resultado y los acontecimientos previos, evidencia un interés politiquero antes que jurisprudencial o de derecho.

El uribismo se ha caracterizado por su abierta oposición a las Zonas de Reserva Campesina, por lo que no sorprende su ataque a esta figura desde diferentes frentes. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se suspendió la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, quitándole el reconocimiento legal adquirido. Además no se constituyó ninguna zona de reserva nueva, pese a que el Incoder contaba con cerca de una decena de solicitudes.

Mientras las Zonas de Reserva Campesina se convertían en algo innombrable, desconociendo su potencial para redistribuir la tierra y fortalecer la economía campesina, programas como Agro Ingreso Seguro (AIS) eran enarbolados por el uribismo como la solución a los problemas del campo. Pero a la postre se comprobaron la corrupción y el detrimento al erario que se produjeron con este programa.

Con el pronunciamiento de la Corte, vuelve a quedar en evidencia la persecución que el uribismo ejecuta sobre los campesinos de Colombia, así como su abierta intención de acabar con la única figura jurídica que reconoce al campesinado y que brinda garantías para que pueda ejercer su territorialidad.

Pese a que en esta ocasión la Corte le dio el visto bueno a las Zonas de Reserva Campesina, el uribismo representa los intereses de una clase terrateniente que siente como amenaza la justa redistribución de la tierra. Por ahora, el debate está del lado de los campesinos, pero con el panorama enrarecido que se vive por la implementación del acuerdo de paz, no sorprendería que el Centro Democrático reviva esta discusión una y otra vez.