El país se encuentra en un momento fundamental, la implementación de lo acordado y firmado determinará el futuro del país en diferentes ámbitos: la justicia; la vida digna en el campo; la verdad y reparación; las garantías de participación para el movimiento social, los defensores de derechos humanos y los excombatientes; la materialización de la nueva institucional y su misión acorde a las necesidades son temas centrales en la implementación.

En esta ocasión entrevistamos a Jesús Santrich, comandante en el Bloque Caribe, quien dejó entrever las principales tensiones que se han presentado hasta ahora frente a la implementación y los riesgos que se vienen por el accionar paramilitar si el Estado no presta las garantías necesarias para frenar los riesgos y las amenazas. Aun cuando se considera que el acuerdo es una posibilidad de construir nuevas rutas desde la institucionalidad y lo público, no se han visto mayores avances frente a estos propósitos. Muchas de estas decisiones responden más a un carácter político que procedimental y que, de continuar de esta manera, terminarán estropeando significativamente el carácter transformador del acuerdo.

Entrevista No. 5
Comandante Jesús Santrich
Tema central: implementación del acuerdo de paz

ECICP: ¿Qué tensiones o problemáticas ha tenido la puesta en marcha de la implementación de lo acordado?

Jesús Santrich: La implementación es el eslabón de engarce entre lo que está escrito en los acuerdos y su realización. Para hacer efectivo ese engarce y la materialización de lo pactado se presentan múltiples dificultades: comenzando con que para darle base vinculante se requiere normatizar lo que está acordado y obviamente ese procedimiento de normatización requiere de la participación del Congreso de la República, donde hay disímiles puntos de vista que en ocasiones se distancian del espíritu de lo pactado pretendiendo reinterpretar y hasta rehacer lo que ya es compromiso entre gobierno y FARC. Ya vimos por ejemplo, en la aprobación de la amnistía, las dificultades que hubo y como después de una aprobación en las dos cámaras, cuando vino la plenaria, casi no se logra esa mayoría cualificada de los dos tercios que se requería en cada una de las dos cámaras. En el Senado hubo algunas dificultades por la oposición del Centro Democrático, entonces pienso que cierta falta de compromiso del legislativo y del resto de las ramas del poder público siempre genera algunas dificultades. Aparte, hay otros problemas de fondo, como lo referente a la financiación. Sabemos que el gobierno no alcanza a comprometer ni siquiera un punto del Producto Interno Bruto para un proceso que requiere de por lo menos cuatro puntos del PIB anuales. Y podemos agregar un tercer aspecto entre muchos, como es el de la seguridad, porque continúan los asesinatos, la persecución a los dirigentes populares y la presencia del paramilitarismo, incluso en zonas que ha dejado la guerrilla por su repliegue hacia los Puntos y Zonas Transitorias de Normalización.

ECICP: ¿En qué se diferencia este proceso de reincorporación de combatientes con el que se vivió con las AUC hace ya una década?

J.S: Este es un proceso político con una fuerza revolucionaria que históricamente ha deseado unos cambios sociales, estructurales, que beneficien a las mayorías del país. El proceso con las AUC digamos que es un proceso con el paramilitarismo que es una creación del Estado, entonces para acabar con tal fenómeno lo que se requiere es una determinación política del Bloque de Poder Dominante.

En el caso de las conversaciones con la insurgencia estamos hablando de un proceso y acuerdo de paz con una fuerza política altruista, que está ejerciendo el derecho legítimo a la rebelión, esa es la diferencia sustancial.

ECICP: Bajo la realidad de la persecución al movimiento social y el asesinato a líderes sociales y defensores de derechos humanos, ¿Qué confianza y que garantías tiene las FARC-EP para el tránsito y el ejercicio de su acción política?

J.S: Pienso que la persecución al movimiento social se debe eliminar, porque es un asunto de decisión política. El bloque de poder dominante, que en últimas es el que mueve la institucionalidad y el Estado en general, debe cumplir con un compromiso: el que hace su gobierno, el gobierno de turno, que para el caso es el del presidente Santos. Si no hay ese compromiso y en la práctica determinaciones que eliminen la doctrina contrainsurgente del enemigo interno y el terrorismo de Estado que de ella deriva; definitivamente no va a ver paz. Nosotros tenemos confianza en que hay una palabra empeñada, en que hay la decisión de generar unos cambios estructurales, unos cambios de orden social.

ECICP: ¿Por qué cree usted que persiste el fenómeno paramilitar o las bandas sucesoras del paramilitarismo en Colombia?

J.S: Porque hay un arraigo sustancial, nodal, dentro del bloque de poder dominante que es el que ha hecho la reconfiguración espacial del capitalismo en todo el territorio nacional. Hay intereses económicos de fondo en ese bloque de poder dominante que se han impuesto y se siguen imponiendo por la fuerza y la política de tierra arrasada militarista. Esa concepción debe ceder hacia una nueva visión de justicia social y de reconciliación, a partir de generar la justicia social que es lo que más requiere nuestro país.

ECICP: ¿Cuáles son las ideas de las FARC-EP frente a la reforma al sistema electoral?

J.S: Hay que cambiar todo el sistema y darle cabida a un proceso de verdadera apertura democrática, por lo menos en los términos consignados en el Acuerdo sobre participación política. Generar condiciones que permitan proscribir la violencia como método de acción política y que se establezcan garantías plenas y nuevos espacios para quienes participen en política. Ello implica abrir campo al pluralismo, facilitando la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos, garantías para el ejercicio de la oposición. Debe haber distribución equitativa de los recursos públicos destinados a los partidos y movimientos políticos y transparencia en los procesos electorales.

Pero también se requieren medidas inmediatas en regiones donde persisten riesgos y amenazas, y de conjunto, una revisión integral del régimen electoral, de la conformación y las funciones de las autoridades electorales, partiendo por la modernización de la organización y de la tecnificación del régimen electoral. Debemos pensar en transitar hacia la construcción de las cámaras territoriales, de pronto si ya se está dando un paso con esto de las circunscripciones electorales especiales de paz, pero lo fundamental es que haya mayor participación de las comunidades comenzando por hacer un censo efectivo de las personas que en Colombia han estado marginadas de la posibilidad del voto. Hay que acabar con dos fenómenos fundamentales que son el cangro de ese sistema: uno es la corrupción y otro es la impunidad. Lo demás son aspectos que deben obedecer a la configuración de un sistema para un Estado moderno, así sea liberal por el momento, pero un Estado moderno.

ECICP: ¿Cómo se ven ustedes en la arena política regional y nacional compitiendo con las grandes maquinarias electorales? ¿Cómo piensan derrotarlos?

J.S: Hay que cambiar el sistema definitivamente, hay que acabar como dije hace un instante con la corrupción y con la impunidad, y hay que generar una verdadera apertura democrática. En el punto 2 de participación política de la agenda que se discutió en La Habana se logró un avance sustancial en eso, siempre y cuando se materialicen las recomendaciones que debe dar la Misión Electoral que se ha definido para que analice lo que ocurre en Colombia. Hay algunos diagnósticos, pero creo que hay ejemplos en el mundo que se deben tomar en positivo para variar el sistema electoral. También se debe configurar de manera clara un estatuto de la oposición que le dé garantías a quienes estén en oposición política y social. Se debe comenzar por ahí; y si eso no se hace, es difícil que nosotros podamos tener un triunfo electoral porque el sistema está diseñado para que el bloque de poder dominante tenga a sus fichas operando la institucionalidad.

ECICP: Es claro que, a diferencia de otros procesos de paz en el mundo, en Colombia se cuenta con un número significativo de estudios e informes sobre el conflicto, en ese sentido ¿Qué conocimiento innovador podría producir la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento del conflicto armado?

J.S: El proceso de paz mismo que se ha adelantado en La Habana ya ha dado resultados novedosos de análisis, de estudio, de diagnóstico y de recomendaciones, eso está en un material ya publicado que es el Informe de la Comisión Histórica del Conflicto en el que participaron varios académicos que, en últimas y más allá de sus divergencias ideológicas, centran como el causante de la guerra, de la confrontación, al Estado. En él ponen la máxima responsabilidad como gestor de la miseria, de la desigualdad y de la exclusión política del actual sistema que opera en Colombia.

Entonces creemos que ya ahí hay unos elementos novedosos que deben tenerse en cuenta al momento de poner en funcionamiento la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Creo que estamos en mora definiendo quienes son esos comisionados. Pero nos parece que, en la medida en que éste es un proceso que pone a las víctimas en el centro del debate y de las reivindicaciones, se abra esa comisión de la verdad y se siente también una base para la justicia y la no repetición más el resarcimiento de las víctimas; eso va a ser muy importante. Creo que es el primer proceso en el mundo que coloca en primer plano a las víctimas.

ECICP: Uno de los asuntos convenidos en el proceso de reincorporación política de las FARC-EP tiene que ver con la constitución de un centro de pensamiento, ante la enorme cantidad de centros de investigación que existe actualmente ¿Qué diferenciaría a ese centro de pensamiento de los ya existentes?

J.S: A mí me parece que todo partido, todo movimiento político, incluso todo movimiento social estructurado, debe tener sus propios instrumentos de estudio, de investigación y de análisis. Nunca la investigación social está por demás, y es una guía para la acción social acertada. Siempre hay que hacer lecturas de lo que ha sido la historia y trazar el porvenir del país. Nosotros deberíamos hacer una lectura de los sucesos históricos, de los sucesos políticos, de los sucesos sociales del país, desde un punto de vista que tenga como fuerte, como epicentro, la verdad. Por lo general hay mucho sesgo en algunos centros, no voy a mencionar a ninguno, pero sí hay mucho sesgo, depende de quien maneje los centros de pensamiento. Y cuando hay financiación del Estado, pues estos centros tienen que responder a los intereses de ese Estado. Aquí tendríamos que trazar una línea en la que impere la verdad y un criterio objetivo de lo que han sido los hechos históricos y de lo que debe ser el porvenir de nuestro país.

ECICP: Ha habido diversas interpretaciones del proceso de dejación de armas de las FARC. ¿Cuál es la motivación e interpretación que tienen las FARC frente a la dejación y no entrega de las armas? Además ¿Cuál es la determinación real frente a la fundición y qué tipo de monumento será?

J.S: Cuando hemos dicho dejación, es que no va haber rendición de las armas frente a quien hasta ahora fue nuestro enemigo histórico: el Estado, el régimen. Hemos decidido ponerlas en manos de un tercero, de una entidad internacional, como lo es Naciones Unidas, para que ellas sirvan de homenaje a nuestros muertos, a las víctimas de esta confrontación de más de medio siglo. Entonces se trata de elevar tres monumentos a la paz y a lo que ha significado la lucha de resistencia del pueblo colombiano. El tipo de monumento que se construirá aún no está definido, eso tenemos que sentarnos a hablarlo, eso hace parte de la etapa de implementación. Habrá un momento, cuando ya se empiece el proceso de dejación de las armas en las zonas y puntos de normalización, y entonces daremos ese debate que seguramente será con la más amplia participación de los combatientes.

ECICP: En el acuerdo se tiene contemplado la promoción de la participación de organizaciones sociales y comunitarias en la implementación de los acuerdos a través de la ejecución de proyectos. Pero al mismo tiempo las FARC-EP han hablado de una participación activa de la sociedad en la implementación por medio del control, vinculación, auditoría y planeación, ¿Qué otras formas o acciones se tienen contempladas para que dicha participación social se materialice? ¿Estará incluido en el Plan Marco?

J.S: El Plan Marco debe partir de la iniciativa del Gobierno, no obstante nosotros hemos solicitado que nos den los lineamientos a fin de también hacer nuestros aportes a través de la Comisión de Seguimiento e Impulso a la Implementación y la Verificación de los Acuerdos (CSIVI) que tiene espacios también de participación; y lo que pensamos es, una vez tengamos los lineamientos del Plan Marco en nuestras manos, convocar a sectores representativos del movimiento social para discutir y para recoger aportes a fin de que ese Plan Marco también quede elaborado con la más amplia participación de las comunidades. De resto, en cada uno de los puntos del acuerdo, hay instancias, hay elementos de participación ciudadana y de decisión; incluso, por ejemplo en el punto de sustitución de cultivos de uso ilícito, ahí lo esencial es la participación comunitaria, es desde la base comunitaria desde donde se deben hacer los planes municipales para adelantar el PENIS y los PISDA en cada uno de los escenarios del territorio nacional.

ECICP: Usted ha sido comandante del bloque Caribe de las FARC durante ya varias décadas, teniendo en cuenta que en esta región tanto los movimientos sociales como las insurgencias sufrieron grandes golpes a manos del paramilitarismo y el Ejército ¿Cómo piensan ustedes volver a hacer política en esas zonas que alguna vez tuvieron influencia insurgente y luego fueron terrenos controlados por el paramilitarismo? (por ejemplo los Montes de María).

J.S: La influencia no se mide por la presencia física, la influencia es fundamentalmente política, que es lo que tienen las FARC-EP, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia a lo largo y ancho del país. Aquí hemos pactado unas reglas de juego con el establecimiento, que es el gestor fundamental del paramilitarismo, y esperamos que se cumplan; porque si no, nos veríamos abocados a enfrentar nuevamente la guerra sucia que esperamos que con los reflectores de la comunidad internacional, no haya espacios oscuros donde pueda hacer de las suyas el paramilitarismo.