El pasado 18 de abril fue enviada una carta a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) por parte de algunos congresistas y organizaciones sociales. El motivo de la misiva es una serie de contradicciones en el borrador del proyecto de ley “Por la cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones”, elaborado por el Gobierno Nacional.

La carta está firmada por los congresistas Iván Cepeda, Alberto Castilla, Ángela María Robledo, Alirio Uribe y Víctor Correa, junto con la Comisión Colombiana de Juristas, Fensuagro, la Coordinación étnica nacional de paz (Cenpaz), el Grupo Género en la paz, el CINEP-PPP, el Grupo Semillas y la Corporación Yira Castro. En ésta se informa que dicho proyecto “afecta directamente el reconocimiento de los campesinos y campesinas como sujetos de especial protección constitucional”, en contravía de lo propuesto en la Reforma Rural Integral, punto 1 del Acuerdo de paz.

Entre las alertas tempranas dirigidas a la CSIVI, se informa la intención del Gobierno Nacional de derogar la Ley 160 de 1994 que aborda el tema agrario ya que cuenta con elementos para iniciar la implementación del punto 1. Sin embargo se debe tener en cuenta que es necesario expedir nuevas normas que aborden la “creación del Fondo de Tierras, ajustes de términos de acceso a activos productivos, la protección eficaz de la economía campesina, protección del derecho de alimentación”, entre otras temáticas que regulen la Reforma Rural Integral.

Por otra parte, el hecho de abolir la Ley 160 anularía lo referente a los territorios indígenas, asunto mencionado en la ley; además, al pretender reformar la territorialidad indígena, se tendría que realizar una consulta previa a los pueblos indígenas. Se deja también en el aire las formas cómo se accederá al fondo de tierras sin ignorar los usos y costumbres de las comunidades afrocolombianas, palenqueras y raizales.

Mediante este acto se desvirtúa la figura de las comunidades, ignorando que el Acuerdo final aclara que éstas serán los actores principales para solucionar los conflictos que se desarrollen al formalizar las tierras; permitiendo que se consolide, a futuro, un territorio intercultural.

Otro asunto importante es que este proyecto de ley no podría tramitarse vía “Fast track” al infringir lo pactado en el Acuerdo Final. “Si bien podría entenderse que el ordenamiento social de la propiedad rural es una materia conexa al Acuerdo Final, […] varios de los contenidos normativos del proyecto de ley escapan a las disposiciones del Acuerdo, mientras otras claramente lo contradicen”. Sentencia la carta enviada al CSIVI.

A esta suma de inconsistencias se añade además que el proyecto de ley desconoce la participación, un principio constitucional. También pretende que el Estado no cumpla con sus obligaciones en materia presupuestal. Asimismo busca la prevalencia de la agroindustria a través de las cuestionadas Zidres.

“Anular la efectividad de la extinción de dominio por violación de la función social de la propiedad” es otro de los puntos que se abordan en el documento, junto con la dificultad que tendrán los campesinos para acceder a la tierra y, no menos importante, la carencia de un enfoque de género que evidencie y ayude a superar las barreras que tienen las mujeres al participar en el acceso a la propiedad.

Al exponer y argumentar estos puntos los congresistas y organizaciones partícipes de esta carta comprueban que el mencionado proyecto de ley aborda temas ajenos al Acuerdo de Paz y por tanto piden al Gobierno Nacional y la CSIVI “eliminar todas aquellas medidas que expresamente no corresponden a lo Acordado en La Habana, así como aquellas que son contrarias al marco constitucional vigente”.

Para mayor información pueden consultarse las reacciones frente al proyecto de ley en la Comisión Colombiana de Juristas.