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Delegación de personalidades británicas y norteamericanas visita Colombia para verificar situación de derechos humanos y garantías sindicales
Agencia Prensa Rural / Martes 7 de abril de 2009
 

Entre el 2 y el 8 de abril se realiza la visita a Colombia de una importante delegación británica y norteamericana. La gira ha sido gestionada por Justice for Colombia, organización no gubernamental inglesa de solidaridad con el pueblo colombiano. La delegación está integrada por parlamentarios, sindicalistas y abogados que llegaron a nuestro país para conocer de primera mano la situación de los derechos humanos y de las garantías para las organizaciones sindicales y la oposición política.

Jeremy Dear, secretario general de la Unión Nacional de Periodistas (Gran Bretaña).

Entre las 24 personalidades que integran la delegación se encuentra Jeremy Dear, secretario general de la Unión Nacional de Periodistas (NUJ, por sus siglas en inglés), sindicato que agrupa a unas 32 mil personas. Dear también es presidente de Justice for Colombia y miembro del consejo general y del ejecutivo de la TUC, la central de trabajadores inglesa. También hace parte de la delegación Peter Kilfoyle, parlamentario británico del Partido Laborista, y ex ministro de Defensa. Así mismo viajaron a Colombia otras personalidades de Canadá, Escocia, Estados Unidos e Inglaterra.

Los integrantes de la delegación escucharon varios "testimonios de las víctimas de horrorosos abusos de derechos humanos", en su visita al departamento de Arauca, golpeado por los rigores del conflicto armado y las detenciones de líderes sociales

La delegación estuvo también en la cárcel del Buen Pastor, en Bogotá, donde fueron constatadas las precarias condiciones de la población carcelaria colombiana. La delegación mostró interés en conocer la situación carcelaria y el estado de los derechos de los reclusos, en particular de los presos políticos. De hecho, en noviembre de 2008, un amplio grupo de parlamentarios y sindicalistas británicos se había dirigido al presidente Álvaro Uribe y a la rama judicial para pedir la liberación de cuatro reconocidos dirigentes sociales.

También se han efectuado en el marco de la visita reuniones con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sindicales; con el Partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo; y con miembros de Colombianos Por la Paz, organizaciones con las que se indagó por las garantías para la oposición política y la labor sindical.

El lunes 6 de abril se efectuó una reunión con voceros de organizaciones de derechos humanos e integrantes del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, en la que se presentaron testimonios de casos de ejecuciones extrajudiciales y persecución a través del sistema judicial.

En dicha actividad participó la Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra, denunciando la detención injusta de dos de sus líderes: Andrés Gil y Miguel González Huepa, a causa de la judicialización de su directiva. También se informó la constante práctica de las ejecuciones extrajudiciales en la región del Magdalena Medio y la implementación de fumigaciones indiscriminadas con glifosato sobre territorios campesinos, incluyendo veredas con proyectos de sustitución de cultivos de uso ilícito.

El grupo admitió que se encuentra en "un estado de shock" por lo que ha oído y enfatiza en que no tiene "dudas, dado la evidencia, de que el gobierno de Álvaro Uribe y las fuerzas de seguridad son cómplices en estos crímenes de lesa humanidad".

Los parlamentarios y los congresistas internacionales señalaron que escucharon testimonios de "padres, madres, hermanos e hijos asesinados, de familias desplazadas, de campesinos inocentes asesinados y disfrazados de guerrilleros, de sindicalistas amenazados, intimidados y asesinados".

Agregan que están "convencidos que las actividades asesinas de las fuerzas paramilitares son aprobadas y activamente apoyados por el Gobierno y las fuerzas del Estado".

Estos hechos, anotan enseguida, "son agravados por la impunidad de la cual gozan quienes cometieron estos crímenes, y por la falta del sistema judicial en procesar a los criminales y a quienes dieron las órdenes".

Aseguran también que en lugar "de encarcelar a los verdaderos criminales, el Gobierno ha encarcelado a sindicalistas, miembros de la oposición política y defensores de derechos humanos" a quienes la misión visitó.

Los parlamentarios y sindicalistas formulan en la declaración un llamado para "su inmediata liberación y la de los demás prisioneros políticos y sindicalistas".

"Al regresar al Reino Unido y a Norteamérica estaremos llamando para que haya un inmediato fin al apoyo militar y político a Colombia", indica la misma declaración.

Asimismo, aseguran que instarán para que "no haya ningún tratado de libre comercio con Colombia hasta que los derechos humanos y derechos laborales sean respetados de una manera internacionalmente verificable".

Acusan a multinacionales como Occidental Petroleum de las violaciones de derechos humanos y laborales en Colombia, y señalan, finalmente, que abogarán por "el fin inmediato a la criminalización de la oposición democrática y legítima, y a las ejecuciones extrajudiciales".

Para hoy martes 7 de abril se programaron reuniones con congresistas y altos funcionarios del Gobierno Nacional. La delegación manifestó su interés de plantear sus inquietudes y preocupaciones a las autoridades estatales en cuanto a las constantes violaciones de los derechos humanos y a la persecución contra líderes sindicales y populares. Preocupó la poca independencia de la rama judicial y los altos niveles de impunidad.

Los miembros de la delegación se comprometieron a estar atentos de la situación humanitaria en Colombia y a continuar con las iniciativas de solidaridad. Sus recomendaciones serán dirigidas a las diferentes instancias del país, y las denuncias que recibieron serán difundidas en todos los escenarios posibles en Norteamérica y Europa.

La misión citó a una rueda de prensa el miércoles en la sede del Congreso en Bogotá en la que "advertirá sobre los riesgos en que vienen incurriendo las autoridades como consecuencia de los manejos que le vienen dando al flagelo de la violencia en Colombia".