El pasado 5 de mayo la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación (CSIVI) dio a conocer a través del boletín informativo N°1 una breve explicación de su función y de cuáles han sido los avances en la implementación de la normatividad de la Reforma Rural Integral (RRI), primer punto del Acuerdo Final.

La CSIVI, conformada por tres delegados del Gobierno Nacional (Sergio Jaramillo, Rafael Pardo y Juan Fernando Cristo) y tres delegados de las FARC-EP (Iván Marquez, Victoria Sandino y Jesús Santrich), actúa mediante plenarias en las cuales se discuten y definen las propuestas en relación con la implementación.

En un primer momento los delegados de las FARC-EP tienen sólo tres días para analizar las propuestas realizadas por el Gobierno antes de discutirlas con el otro equipo técnico (Gobierno); posteriormente el trabajo conjunto de los equipos se lleva a plenaria de CSIVI en la cual se aprueban finalmente los documentos normativos que serán tramitados por vía FastTrack.

Para la expedición del proyecto de ley, en el “Proyecto de Decreto Ley para la Democratización del Acceso y Uso Adecuado de La Tierra”, las FARC-EP determinan como criterios imprescindibles para la consolidación de la actividad agrícola el establecimiento de una regularización sobre la tenencia de la tierra, el fomento del acceso a la tierra por parte de los campesinos, la mejoría infraestructural de los territorios, apoyo financiero y técnico a los proyectos agropecuarios, apertura para la participación política y aplicación del enfoque de género, entre otros aspectos.

Todo lo anterior sustentado con base en la Constitución de Colombia, pero haciendo adiciones de conceptos que permitan definir figuras tales como campesinado, algunos de los beneficiarios de esta reforma rural, junto con los elementos que impulsan su labor como trabajadores de la tierra. Esto es, como lo reconocen las FARC-EP, una labor que debe asumir el Estado colombiano, para la resolución del conflicto en sus diferentes contextos, lo que es ratificado en los artículos 60 y 64 de la Constitución de Colombia y en los decretos expedidos desde 1994 hasta 2015.

A partir de esos criterios inició su labor el Equipo Técnico de la Reforma Rural Integral CSIVI-FARC, dirigido por Darío Fajardo Montaña. Así se reúne el trabajo en dos momentos: el primero es el “Análisis de los Proyectos Legislativos”, cuando se traza una ruta que inicia con la recepción del proyecto para realizar un análisis y hacer recomendaciones con “aportes de organizaciones sociales y sectores de la sociedad interesados como académicos, organizaciones no gubernamentales y unidades técnicas legislativas del congreso”.

El segundo momento es la “Producción Normativa Propia”, se despliega a partir de la “sistematización de propuestas históricas construidas por el movimiento campesino”, también “consulta a organizaciones campesinas, y articula con los otros equipos técnicos de la CSIVI FARC-EP, especialmente con el de enfoque de género y étnico para la retroalimentación de la propuesta”.

Otro de los puntos importantes abordado en este primer boletín es “la normatividad para dar cumplimiento al punto 1.1. “Acceso y uso de tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva.”, en razón de éste, el Gobierno Nacional y las FARC-EP presentaron, de forma individual, el proyecto de Decreto Ley Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales. Actualmente ambos equipos de la CSIVI los están comparando para llegar a un consenso.

Es importante resaltar que en este camino hacia un nuevo campo colombiano, como lo expresa el Acuerdo Final, se conformó una comisión de expertos en temas relacionados con la tierra, quienes orientaron y presentaron un informe acerca de reformas normativas y de política pública. De esta comisión hicieron parte los expertos de la Universidad EAFIT, Los Andes y Externado de Colombia.

Informe completo de los avances en la Implementación Normativa de la Reforma Rural Integral realizado por el Equipo Reforma Rural Integral
–CSIVI FARC-

Proyecto de Decreto de Ley para la democratización del acceso y uso adecuado de la tierra.