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Nuevos actos de persecución y estigmatización contra la Universidad del Valle
 
Los perros policías y sus presuntos hallazgos.

El Sindicato de Trabajadores Universitarios de Colombia (Sintraunicol) Subdirectiva Cali, la Universidad del Valle, por medio del presente escrito se dirige a la opinión pública nacional e internacional, a efectos de informar sobre lo ocurrido en el día de hoy, 4 de abril de 2009, cuando integrantes de la Policía Nacional, Fiscalía y CTI, ingresaron a la Universidad del Valle, con el propósito de realizar un allanamiento a la sede de la misma.

Hechos

1. El día 4 de abril de 2009, siendo aproximadamente las 4:30 am, personal de la Policía Nacional, al parecer por orden de Ángela Londoño, fiscal 21 especializada de la ciudad de Cali, ingresó al campus universitario de la Universidad del Valle, con el propósito de realizar un allanamiento a los edificios 385 (Estanislao Zuleta), 381 (Educación Física y Deportes) y edificio del Multitaller.

2. Este procedimiento adelantado por parte de la Policía Nacional, a través de la Sijín y Esmad, se prolongó hasta las siete de la mañana aproximadamente, y fue dirigido por el general Ricardo Ricaurte, comandante de la Policía del Valle del Cauca.

3. El personal del Esmad y Policía Nacional que participó de este operativo procedió a identificar y fotografiar a los defensores de derechos humanos y trabajadores que intentaron verificar el procedimiento adelantado por las autoridades, impidiéndoles finalmente ejercer su labor.

4. Resulta ser altamente preocupante que por parte de las autoridades se haya manifestado que supuestamente incautaron a la intemperie material explosivo. Es sumamente extraño que, si el mismo se encontraba en las zonas verdes, presentara estado de total conservación y no tuviera ningún signo de humedad o deterioro.

5. Adicionalmente, rechazamos el que la Fiscalía General de la Nación se haya negado a hacer entrega de las actas del allanamiento. Adicionalmente queremos resaltar que las mismas fueron elaboradas dejando abundante espacio en blanco, lo cual puede resultar siendo mecanismo para alterar la realidad de lo acontecido en el procedimiento.

6. Es sumamente extraño que en el acta elaborada en el edificio Multitaller, se dejó consignado que no fue hallado ningún elemento materia de delito, que fuera de interés. Preocupa que, con posterioridad a la elaboración de dicha acta, por parte de la Policía Nacional se manifieste que fue hallado abundante material explosivo, que no se registró en el acta de allanamiento.

7. Este allanamiento se produce horas después de la realización de un Consejo Superior de la Universidad del Valle, en el cual la representación de la Gobernación del Valle del Cauca no insinuó nada al respecto. En desarrollo de esta sesión, los diferentes estamentos de la Universidad reclamamos por el incumplimiento a las obligaciones legales, que, en materia de aportes económicos, tiene la Gobernación con la Universidad del Valle, los cuales vienen siendo birlados desde el 1 de enero de 2008 por el actual gobernador Juan Carlos Abadía C.

8. Adicionalmente, rechazamos las declaraciones dadas a los medios de comunicación por parte del general Ricardo Ricaurte, comandante de la Policía del Valle del Cauca, quien manifestó que a partir de la fecha quedaba cerrada la Universidad del Valle, lo que ataca la autonomía universitaria, pues ésta no ha sido una decisión de las autoridades competentes al interior de la Universidad.

9. Además de los asesinatos de cuatro estudiantes y una docente entre 2005 y 2007, en los recientes meses varios miembros de la comunidad universitaria han sido objeto de hostigamientos, amenazas y persecución, como los casos en la sede de Univalle en Buenaventura y el asesinato del estudiante de segundo semestre de Administración de Empresas Juan David Jiménez Caballos, ocurrido el pasado 26 de marzo de 2009 a escasos metros de la sede de Univalle en Zarzal, al norte del Valle del Cauca.

Estos hechos y el allanamiento matutino ocurren en el contexto del montaje de procesos judiciales en contra de trabajadores, estudiantes y docentes de las universidades Nacional, Pedagógica, Distrital, Industrial de Santander, de Antioquia y de La Guajira (en estas dos últimas también han sido asesinados estudiantes en el mes de marzo de 2009) y en donde las labores académicas y de protesta social vienen siendo catalogadas por parte de las autoridades como al servicio de la guerrilla y del terrorismo Es inquietante que dicha persecución se dé en el contexto del debilitamiento financiero de las universidades públicas.

Por lo anterior, les solicitamos dirigirse a las autoridades colombianas a fin de que les sea exigido:

a) Investigar detenidamente las irregularidades aquí denunciadas, así como el conjunto de actos que tienden a debilitar las universidades públicas y atacar la autonomía universitaria.


Nathaly González, corresponsal de la RPASur de Cali, dialogó con Édgar Zúñiga, abogado especializado en derechos humanos.