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Opinión
La paz, en la Patria Boba
Hoy la situación es incierta porque no se puede confiar en el Estado, por el cumplimiento de lo acordado tras seis años de negociación.
Alfonso Castillo Garzón / Jueves 25 de mayo de 2017
 

Igual que hace 200 años, el país asiste a una etapa de su vida política que, en voz de muchos, es de incertidumbre, pero para algunos también es una reedición de épocas ya transitadas de nuestra historia y de la que pareciera no quedan enseñanzas y volvemos a reproducirlas una y otra vez en perjuicio de las mayorías nacionales.

Desde 1810, y tras el mal llamado “grito de independencia”, nuestra incapaz clase política se sumergió en discusiones estériles sobre cómo conducir al país por el mejor camino. Sin embargo, esas discusiones no estaban situadas en el interés nacional o pensando en el bienestar de todos los ciudadanos, no existía la preocupación de la soberanía, democracia, libertad, justicia o desarrollo económico, todas las discusiones de esa clase política se centraban en mezquinos intereses personales o grupales.

Tan vana fue la discusión, que cuando el rey de España decidió en 1813 retomar el poder, encontró una Nueva Granada dividida, desencuadernada y sin ningún desarrollo, ni siquiera el que le permitiera asegurar la defensa de la “independencia” lograda y así rápidamente y con una violencia descomunal el reino español retomó el control del virreinato.

Hoy, la historia se muestra con rasgos similares, desde hace seis años, una vez iniciados los diálogos de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en un proceso que a la luz de los hechos se anunciaba distinto a procesos de paz desarrollados anteriormente en el país. Sin embargo, sectores de la élite gobernante trataron, decenas de veces, de impedir y sabotear el avance de los diálogos y la llegada de un acuerdo para poner fin a la guerra de 60 años que padecía la población. No obstante, triunfó la sensatez y quienes dialogaban en La Habana interpretaron el clamor de un pueblo harto de la guerra y finalmente se construyó un acuerdo de paz que, aunque incompleto e imperfecto, era el primer gran paso para terminar el conflicto armado.

Pero al igual que en la época de la Patria Boba, esta vez surgieron sectores ligados a la ultraderecha, más amigos de la guerra, quizá por los beneficios que de ella han obtenido, pero sobre todo un sector temeroso de la paz, en tanto que ella exige el conocimiento de la verdad. Esta clase política fue inferior al anhelo popular. Una vez conocido el acuerdo, se dedicaron a difamarlo, a confundir a la ciudadanía, a llenarla de miedo y confusión, hasta lograr que el pueblo que anhelaba la paz votara en su contra, en el plebiscito del 2 de octubre.

Después de ello y ajustado el acuerdo “satisfaciendo” el interés de los guerreristas, ellos y también la élite dominante que se reclama amiga del acuerdo de paz han hecho todo lo posible para que la implementación del mismo fracase. Son evidentes las negligencias en la adecuación de las zonas veredales transitorias de normalización, así como la falta de voluntad política del Gobierno para llevar al Congreso las normas y leyes que garanticen el cumplimiento de lo pactado con la guerrilla.

Las pocas iniciativas legislativas que llegaron al Congreso para ser tramitadas por la vía rápida fueron en la práctica una renegociación de lo acordado, además de decir que estas iniciativas no fueron consecuentes con lo pactado ni se consultaron con la sociedad civil y en todo caso reflejaban la poca intención del Gobierno para llevar a cabo las transformaciones profundas que aboga el acuerdo final de paz firmado el 24 de noviembre del 2016.

Y para reafirmar que vivimos una nueva edición de la Patria Boba, recientemente la Corte Constitucional ha dado un golpe certero a la intención de culminar la guerra, negando el procedimiento especial para aprobación de leyes de implementación, permitiendo que el Congreso introduzca modificaciones a las iniciativas legislativas, lo que en la práctica niega el espíritu consensuado del acuerdo entre Gobierno y guerrilla y abre la puerta para que congresistas metan sus intereses en la normatividad de paz, que es justamente lo que siempre han hecho y que nos llevó a prolongar la guerra que tratamos ahora de superar.

Hoy la situación es incierta porque no se puede confiar en el Estado, por el cumplimiento de lo acordado tras seis años de negociación. Ahora bien, de nuevo y como en muchas oportunidades la guerrilla ha manifestado, en medio de no pocas preocupaciones, su voluntad de continuar adelante con el proceso de paz.

Ahora corresponde al pueblo colombiano fortalecer la movilización exigiendo el cumplimiento a lo pactado en La Habana y haciendo suyo el potencial transformador del acuerdo final de paz, exigiéndole al Gobierno y al Poder Legislativo respeto por lo firmado. Este momento demanda fortalecer la movilización política, en la calle, desde la academia y con todas las manifestaciones populares que impidan que los amigos de la guerra logren imponer su violenta voluntad de seguir sumergiendo al país en el dolor, la guerra, el saqueo de los recursos naturales y la muerte de más colombianos. Lo cual sin duda, sería como seguir en la Patria Boba.