El día 8 de julio, en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, donde se realizó el gran encuentro entre diversos sectores de la sociedad civil, entre los que participaron comunidades campesinas, organizaciones sociales, Gobierno departamental y local, Farc-Ep y la guerrilla del Eln, en el marco del Diálogo útil para la paz, el cual busca la inclusión de toda la sociedad Colombiana a la implementación del proceso de paz firmado por las Farc- Ep y el Gobierno Nacional, y una vez terminado el evento, los asistentes se dirigieron hacia sus sitios de origen. Algunos iban hacia el municipio de Convención y otros al municipio de El Carmen donde momentos después de iniciar su retorno fueron obligados a detener la marcha de los vehículos por órdenes directas de la Policía Nacional, en Aguas Claras a las afueras de Ocaña y procedieron a hacer un registro a los ocupantes del vehículo que se dirigían hacia el municipio del Carmen. Luego de realizar este procedimiento los policías manifestaron que compañero David Melo, dirigente del equipo de apoyo de campo de la zona alta del Catatumbo de la Ascamcat, quedaba detenido, al aducir que sobre él pesaba una orden de captura por el delito de concierto para delinquir agravado, tipificado en ley penal colombiana.

Tras pasar varias horas de detención en una estación de policía, fue puesto nuevamente en libertad bajo el argumento de que en las bases de datos la orden de captura ya no se encontraba vigente, constituyéndose así un error judicial e incurriendo la Policía Nacional en la comisión del delito de detención arbitraria en contra de personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario como lo es el caso del compañero David Melo como defensor de derechos humanos; actuares que dejan en claro que la persecución judicial por parte de la Fiscalía General de la Nación y el ministerio de Defensa Nacional, representado por el Ejercito Nacional y la Policía Nacional, sigue vigente en contra del pueblo campesino catatumbero que por décadas ha sido perseguido y privado de todos los derechos humanos y constitucionales que le pertenecen, persecución encaminada a querer obstaculizar la implementación del acuerdo de paz y en contra de los defensores de derechos humanos.

Por estas razones es necesario solicitar públicamente al Gobierno Nacional, sus entes de control y demás organismos institucionales para que den su honesto y verdadero aporte a la paz manifestando su voluntad política y jurídica para lograr un nivel de confianza con el pueblo colombiano que permita la construcción de la efectiva paz en equidad con justicia social, en la que cesen los atropellos y la persecución en contra del pueblo colombiano ya que nos encontramos en el momento de la gran reconciliación por la nueva Colombia.