“La cuestión agraria es un tema subordinado”
A pesar de la dimensión del despojo (más de cinco millones de hectáreas usurpadas), el tema no repercute con magnitud ni en la academia ni en la prensa.
/ Viernes 17 de abril de 2009
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Periodista.
La carencia de estudios e investigaciones agrarias y la relegación de las problemáticas campesinas fueron planteadas por el profesor e investigador Marco Romero en la segunda sesión del seminario sobre conflicto agrario organizado por el Colectivo Conciencia Crítica de la Universidad Nacional de Colombia.
Para Romero, quien dirige la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), en Colombia se recurrió a lo largo del siglo XX a la colonización como solución al problema agrario, mientras que hoy por hoy no quedan regiones por colonizar, y la concepción de agro que tiene el Estado es la de insertarlo al mercado, promover la agroindustria y peonizar o desplazar al campesino. Se concreta así una especie de “latifundismo neoliberal” que se ha definido como el “modelo Carimagua”. La situación se agudiza por la posibilidad de extraer recursos naturales, estén donde estén.
El académico expuso además la precaria situación actual de los derechos de la población desplazada por la fuerza, evidenciada por el seguimiento de la Corte Constitucional a partir de sus sentencias y pronunciamientos. Resaltó la dimensión del despojo de tierras, que se calcula en al menos 5,5 millones de hectáreas arrebatadas a campesinos, indígenas y afrodescendientes, que el actual gobierno no se ha interesado en restituir.
La sesión también contó con la participación de Andrés Felipe González, estudiante de la Universidad de los Andes, quien abordó el tema agrario desde la perspectiva de las víctimas del conflicto, enfatizando la situación de violencia estructural que se vive por la falta de asistencia social y las precarias condiciones de vida de las comunidades. Analizó la situación colombiana desde la perspectiva de la justicia transicional y los diferentes estudios sobre la temática.
Por su parte, Aidée Moreno, secretaria de derechos humanos de Fensuagro, denunció la actual persecución de las organizaciones agrarias por el interés del Estado en exterminar las comunidades campesinas. Agregó que se adelanta en el país la formulación de una legislación antipopular que genera la pérdida de la cultura campesina y consolida el desarraigo de quienes se han visto obligados a dejar su tierra, mientras que la producción agrícola colombiana se va al suelo por cuenta de la apertura económica y las medidas neoliberales.
El seminario proseguirá el jueves 23 de abril con el tema de las zonas de reserva campesina, analizando cómo esta figura legal, diseñada para prevenir el desplazamiento y mitigar el conflicto, no ha podido materializarse por el incumplimiento de los últimos gobiernos y su actitud de burlar las normas y leyes.