Durante esta semana el Gobierno de EEUU, encabezado por Donald Trump ha presionado al Estado colombiano por el tratamiento de la actual política antidrogas en el país. Los norteamericanos con su estrategia de certificación intentan que la lucha contra los cultivos de uso ilícito se lleve de la manera que creen es la correcta, lo que implicaría escalar el conflicto con los cultivadores y volver al modelo de fumigación aérea y erradicación, enfocando de esta manera gran parte de las acciones en el eslabón más débil (campesino cultivador) y no en el traficante.

En 1996 el país perdió la certificación porque su esfuerzo de lucha contra el narcotráfico fue "insuficiente" según el gobierno norteamericano, lo que coincidió con las acusaciones de filtración y financiación de dineros del cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper, posición que apoyó el entonces embajador de EEUU en Colombia, Myles Frechette, quien cuestionó la legitimidad institucional durante ese periodo.

Frente a los pronunciamientos de la Casa Blanca el Gobierno Nacional y diversos sectores sociales como asociaciones campesinas, organizaciones sociales y defensores de DDHH han manifestado su desacuerdo frente a esta posible medida.

Al respecto Rodrigo Londoño jefe político del nuevo partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) expresó que el enfoque hacia la política de cultivos de uso ilícito debe ser la sustitución y no la erradicación, las “Comunidades campesinas están en disposición de sustituir voluntariamente, erradicación forzada genera desconfianza”.

Según lo dicho tiempo atrás en el Foro Nacional sobre la solución al problema de drogas ilícitas, desarrollado en Bogotá, uno de los problemas con el manejo de los cultivos de uso ilícito ha radicado en que se golpea los sembradíos, pero no se ataca el problema social que esta alrededor, como la pobreza, la desigualdad social, falta de inversión, etc.

Los campesinos han manifestado que si bien se acogen a los programas de sustitución, el Gobierno Nacional ha incumplido permanentemente con lo pactado, como lo ha venido denunciando el Movimiento de Campesinos Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM). Es así como las comunidades del Catatumbo, han declarado que el Estado colombiano maneja un doble discurso, puesto que están realizando erradicación forzada. Organizaciones como Ascamcat manifiestan en redes sociales “esperamos que gobierno reflexione y no erradique violentamente y más bien firme un acuerdo regional con campesinos”.

Mas allá de las presiones del Gobierno de los EEUU, la problemática con los cultivos de uso ilícito en Colombia no se puede atacar con la erradicación, sino con políticas sociales de sustitución que brinden oportunidades a los campesinos y rompan la relación entre el consumo, la pobreza y la producción.