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Presentan queja ante la dirección del INPEC por abusos y atropellos de los guardias en La Picota
Hernán Durango / Sábado 11 de noviembre de 2017
 

Una queja fue presentada por la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza ante el señor Brigadier General Jorge Luis Ramírez Aragón, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – contra el Director de la Cárcel La Picota y la Guardia del INPEC por los hechos ocurridos el día viernes 10 de noviembre de 2017, donde resultaron brutalmente atropellados decenas de presos políticos después de un allanamiento a las celdas en horas de la madrugada.

Según el Dr. Uldarico Flores, director de la Brigada Jurídica y defensor de Derechos Humanos, tras la realización de una visita de emergencia en atención al llamado urgente de los prisioneros políticos “ellos nos han narrado -los presos políticos del patio 4-, los cuales fueron brutalmente agredidos, con golpizas, daños de sus pertenencias y dejando un saldo de más de 70 heridos y medidas de represión internando a varios de ellos en las UTE”.

En la queja denuncia el organismo defensor de Derechos Humanos que con estos hechos se están violando el principio constitucional de la Dignidad humana y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad reconocidos por nuestra constitución y la ley, especialmente el conjunto de principios básicos para la protección de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión y principios básicos para el tratamiento de los reclusos, adoptados por la asamblea General de las Naciones Unidas ONU.

Desde tempranas horas se conocieron las denuncias del colectivo de los prisioneros políticos pertenecientes al partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC que están a la espera de la orden de libertad por parte de las autoridades, en la que informaban de la grave situación de violación de los Derechos Humanos en el Patio 4 de la Cárcel La Picota, en el sur de Bogotá desde la 5:30 de la madrugada, cuando elementos del cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC ingresaron para agredir violentamente a los reclusos tanto de FARC como del Ejército de Liberación Nacional ELN.

“Destruyeron medicamentos para enfermos terminales, arrasaron con colchonetas y la infraestructura del pabellón destruyendo también robando pertenencias de los prisioneros políticos. Se sostuvo reunión con el señor director Ricaurte y delegados de los prisioneros del patio 4 donde se solicitaron las investigaciones y sanciones del caso y reponer las pertenecías dañadas así la no repetición de estos hechos y el esclarecimiento de lo sucedido. Se habilitará una mesa de trabajo para evaluar las investigaciones. Adicionalmente con el apoyo de medicina legal se valorarán los más de 80 heridos”, señalan en un comunicado los integrantes de la comisión humanitaria que visitó el penal integrada dirigentes del partido FARC, la Corporación Solidaridad Jurídica, Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y la Mapp OEA.

Los miembros de la comisión humanitaria anunciaron que solicitarán al Gobierno Nacional se garantice el respeto a los prisioneros políticos y sociales y se garanticen las investigaciones correspondientes. También informaron que acudirán a las autoridades de control y a los países garantes en el proceso de paz con las FARC y el ELN así como a las Naciones Unidas para que se pronuncien sobre estas graves violaciones al tratamiento de las personas privadas de la libertad.

La violencia y el terrorismo aplicado por funcionarios del INPEC en el patio 4 la picota evidencia que este lugar ha sido convertido en un campo de concentración de prisioneros políticos de las Farc. Los defensores de Derechos Humanos advierten que los prisioneros políticos no han podido recobrar su libertad por la mentalidad carcelera de algunas autoridades y la negativa del Alto Comisionado para la Paz de emitir las certificaciones para que recobren la libertad. "No solo no recuperan su libertad sino que ahora son sometidos a tratos crueles e inhumanos", denuncian en las redes sociales voceros de organismos defensores de Derechos Humanos.