En el caso colombiano, hasta el Estado colaboró para el exterminio de buena parte de nuestros dirigentes, a nivel local, departamental y nacional. No hay un solo caso de las pocas condenas por el caso UP. Le recuerdo señor presidente Santos que el Estado ha sido condenado por omisión, es decir, no quisieron ver lo que le sucedía a la UP. Y creo que es lo que pasa con usted por estos días.

Al Estado lo han condenado por colaboración: cuando agentes del Estado son los victimarios y esos casos se cuentan por millares. Los seguimientos de que fueron víctimas, los asesinados y desaparecidos, muchos de ellos los hacían los propios escoltas asignados por el DAS, como sucedió con el crimen del alcalde de Sabana de Torres, en Santander. Donde un oficial del ejército, no solo asumió los gastos de hotel de los sicarios, con su tarjeta de crédito, sino que facilitó las armas para ejecutarlo.

Y el tercer caso por el cual el Estado ha sido condenado es por acción directa, como aconteció con el asesinato de Manuel Cepeda Vargas, ordenado por un general de la República, que según la prensa murió de un infarto y del cual todavía no encontramos su certificado de defunción.

Lo que quiero decir, señor presidente Santos, es que no han desaparecido los grupos militares y paramilitares que asesinan y desparecen. Cambian de nombres y de jefes medios, pero siguen con los mismos financiadores e intereses. Y hoy, igual que antes, esos grupos tienen intereses económicos en la tierra que ocuparon a sangre y fuego, y desplazamiento. Y por eso persiguen y asesinan a los reclamantes de tierras. Hoy, al igual que antes, tienen intereses políticos y no quieren que les ganen sus curules, alcaldías o gobernaciones otras personas que representen al campesinado, a los ciudadanos decentes y por ello destruyen el tejido social de líderes que se les oponen.

Ahora quieren acabar hasta con los recursos naturales. Es el caso del Cauca, el Macizo Colombiano, y toda la región del Patía, habitada por los indígenas que han sido perseguidos, amenazados, asesinados, por grupos paramilitares al servicio de las multinacionales que pretenden un territorio disponible para acabar hasta con el agua. Lo mismo ocurre en Boyacá, Santander, Tolima, Risaralda, Córdoba, Magdalena, Atlántico, Caquetá, Casanare, Putumayo, Boyacá, Cundinamarca.

Por eso hemos denunciado que hay en marcha un plan nacional contra todo lo que se oponga a los intereses de la derecha. Un plan sistemático, que cubre el territorio, que cuenta con grupos organizados de asesinos y desafortunadamente con sectores del Estado en franca colaboración. Si lo dudan examinen detenidamente lo que pasa en Tumaco, y ahí encontrarán parte de los culpables.

Los crímenes contra militantes de Marcha Patriótica a lo largo y ancho del país, hacen parte de esta intolerancia política que cruza la historia de Colombia. La ineficiente e indiferente reacción del Gobierno nacional, ante las amenazas al Comité Ejecutivo de la UP, hacen pensar que el plan de muerte tuviera el visto bueno de la cúpula del poder ejecutivo. Lo mismo que el silencio cómplice de los órganos de investigación, ante las muertes de 24 excombatientes de las FARC.

En ninguno de los casos de la UP, Marcha Patriótica y las FARC se trata de asuntos personales o aislados. No cierren los ojos señores Presidente y Fiscal Martínez. Todo se conocerá dentro de algún tiempo, para vergüenza de la supuesta democracia colombiana.