Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
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Respuesta al informe de riesgo de la población campesina del Nordeste Antioqueño emitido por la Defensoría del Pueblo
La presencia militar no ha sido una mejoría en la seguridad ni una garantía para la vida
 
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La Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y la Asociación Campesina del Valle de Río Cimitarra (ACVC), saludan y reconocen la valiosa labor del Defensor Delegado para la evaluación de riesgos de la población civil como consecuencia del conflicto armado, quien el día primero de abril del año en curso, emitió el informe de riesgo No. 008-09, para el municipio de Remedios, sub región del Nordeste Antioqueño.

El informe de la Defensoría constata que se deriva un riesgo inminente para la población campesina de la región cuando “la intervención de cualquier actor armado en acciones asociadas con ayuda humanitaria expone a la población beneficiaria de la misma o a los líderes que la promuevan, la organicen o la acompañen, porque los grupos contendientes que se hallen en la zona los considerarían o los señalarían como colaboradores o auxiliadores de ese actor armado”.

Esta situación no es nueva, pues ha sido denunciada desde hace varios años por la población y las organizaciones campesinas de la región. El fuerte operativo implementado por el Ejército Nacional y su presencia en los caseríos y en las distintas actividades civiles, desconoce los principios del Derecho Internacional Humanitario y genera un riesgo extraordinario para la población. Además de lo anterior, es evidente que tal presencia militar, que es prácticamente la única presencia estatal en la región, no ha significado una mejoría en la seguridad o una garantía para la vida y la integridad personal de la población. Por el contrario, en los últimos años las organizaciones campesinas han denunciado, insistentemente, los atropellos, los hostigamientos y las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de la fuerza pública. Estos hechos, en varías ocasiones, han generado desplazamientos forzados masivos de los campesinos, y han sido puestos en conocimiento de la Defensoría del Pueblo y demás entidades de control y de investigación de manera oportuna.

Nuevamente, insistimos en la necesidad del cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales, y de los compromisos adquiridos por los gobiernos nacional, regional y local con las organizaciones campesinas para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la región, entre ellos, el levantamiento de la suspensión de la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, la cual, frente al abandono estatal, es una alternativa legal y legítima para todo el campesinado. Igualmente, exhortamos a las autoridades judiciales y de control para que cumplan con sus funciones frente a las denuncias hechas por las organizaciones campesinas; un ejemplo de la falta de atención y diligencia, es el homicidio del Sr. Manuel Sánchez en agosto de 2008. Dicho caso, que en su momento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía, a la fecha no ha contado con ninguna diligencia para el levantamiento o exhumación del cadáver, y para determinar los responsables de este crimen, pues las autoridades alegan que no hay condiciones de seguridad para su labor, a pesar de la amplia presencia de las fuerzas militares en esta zona.

Finalmente, invitamos a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría y a las Personerías de la región a respaldar y acompañar la realización de la IV acción humanitaria al Nordeste Antioqueño, convocada por Cahucopana y la ACVC. Así mismo, exigimos a las autoridades militares y a todos los grupos armados, el respeto a este espacio de la población civil, así como a todos sus organizadores y participantes.