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Opinión
¿Hay un plan del régimen para incumplir los acuerdos?
Húbert Ballesteros / Miércoles 13 de diciembre de 2017
 

Incomprensible resulta para cualquier ciudadano de mediana formación y nivel cultural, que un acuerdo como el firmado en La Habana entre la insurgencia de las FARC-EP y el Estado colombiano, tenga hoy los tantos tropiezos en su implementación normativa y territorial. Es por lo menos sospechoso, que a un año de la firma del acuerdo de paz, exista tal "descoordinación y contradicción" entre los denominados tres poderes públicos.

Surge de forma obligada la siguiente pregunta: ¿En nuestro llamado Estado de Derecho, es en verdad el Presidente el “jefe de Estado”? Por lo visto hasta ahora, no es así. Por el contrario, lo que se ha puesto de manifiesto, es una jauría de congresistas buscando sacarle el mayor provecho burocrático y económico a cada uno de los votos que se han requerido para la aprobación de las normas de implementación de lo acordado; a un Ministro del Interior pusilánime, sin ninguna autoridad y capacidad de persuasión a las bancadas de los partidos; a unas altas cortes envueltas en una nube de ilegitimidad por cuenta de los sucesivos escándalos de corrupción, que las asemejan más a una BACRIM que al lugar donde debe reposar lo más claro y prominente de la justicia y los derechos de los colombianos y colombianas.

Preocupante panorama el nuestro en manos de personajes de tan retorcidos intereses. Si el presidente es el jefe del Estado, primer magistrado, comandante de las Fuerzas Armadas y supuestamente quien representa la unidad de la nación, no se puede entender por qué su firma estampada en el Acuerdo de Paz el día 24 de noviembre de 2016 en el Teatro Colón, parezca carecer de validez.

Con razones suficientes se podría concluir que Colombia está lejos de ser un Estado moderno y de derecho, y que son los intereses particulares o de grupos, verdaderas mafias, las que conducen la nación obedeciendo a sus intereses particulares.

Si el análisis es equivocado y el Presidente de la República sí es el jefe del Estado, entonces estamos ante un plan preconcebido por el régimen, para burlar lo acordado y mantener el Statu Quo, es decir mantener inmodificable el modelo económico y político antidemocrático, excluyente y violento.

Si el establecimiento se ha puesto de acuerdo para negarle a los colombianos la posibilidad de la paz, el movimiento popular y los sectores democráticos debemos concretar formas de acción política que obliguen al Estado a cumplir lo acordado e incluso a ir más allá. La justicia social, el desarrollo económico incluyente y la democracia plena deben seguir siendo objetivos de primer orden en la lucha social y política.