Gonzalo Antonio Martínez Guisao, de 35 años era Presidente de Junta de Acción Comunal de la vereda Pechinde, corregimiento de Saiza, Tierralta - Córdoba), padre de tres hijos, asesinado el miércoles 20 de diciembre del presente año por paramilitares (AGC).

El líder comunal y campesino se desplazaba en un vehículo tipo campero desde el casco urbano de la ciudad de Carepa, departamento de Antioquia, fue bajado a las 6:30 p.m. en la carretera que conduce hasta Saiza a la altura del corregimiento Piedras Blancas. Los elementos paramilitares le asesinaron de 4 impactos de bala, aproximadamente a las 10:00 p.m. luego de torturarlo.

Las organizaciones campesinas como ASODECAS y comités de defensores de derechos humanos condenaron el atroz crimen y exigen a las autoridades brindar protección a los líderes sociales en la región del alto Sinú y en el territorio nacional.

"Exigimos el desmonte y castigo para los responsables de los crímenes contra los líderes campesinos. Reclamamos al Gobierno Nacional acción contundente para desarticular a los grupos paramilitares y solicitamos que se brinde protección efectiva a los lideres sociales en Colombia", indican los voceros de Asodecas y de defensores de derechos humanos.

Cabe destacar que este es un nuevo caso en el que atentan los criminales pertenecientes a grupos paramilitares en esa región, en el mes de enero del presente año fue bajado de un vehículo de servicio público en la misma vía y asesinado José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú (Asodecas) y líder en el corregimiento de Saiza (Tierralta).

Durante todo el jueves 21 de diciembre el cuerpo sin vida de Gonzalo Antonio Martínez Guisao permaneció en la morgue del hospital de Carepa. En próximas horas será entregado a sus familiares para darle cristiana sepultura. Advierten los familiares que se sienten muy amenazados, al tiempo que las familias residentes en la vereda Pechinde.

“No se desestima un posible desplazamiento masivo, debido a la presencia de los criminales en la zona de los hechos”, advierten defensores de derechos humanos.