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“Muerte a cambio de carbón”
La lucha contra el despojo, por el agua y una guerrilla que volaba la locomotora del tren de carbón (Parte 2)
Dick Emanuelsson, Mirian Emanuelsson / Martes 9 de enero de 2018
 

En esta segunda parte del reportaje en Guajira entramos al municipio de Albania en donde el hospital y las casas sufren de las voladuras de explosivos cada día a las 12.15 p.m. Recibimos las denuncias de la comunidad afrocolombiana del corregimiento Tabaco, que fue brutalmente desalojada en agosto del 2001. Visitamos un pequeño pueblo en la Serranía de Perijá que resiste de entregar sus 19 hectáreas de tierra a la mina.

Al otro lado de la cordillera se encuentra el corregimiento de El Conejo donde encontramos 255 exguerrilleros, iniciando una nueva vida sin las armas. El 59º Frente de las Farc voló repetidas veces la locomotora del tren de carbón, aplaudida por la población campesina y de indígena, víctima del talco negro que salían de los más de 100 vagones de carga sin techo en su camino de 153 kilómetros al Mar Caribe y su exportación

Montamos al viejo carro de Misael que por milagros anda y conducimos a la ciudad de Albania y entramos al hospital público.

“Aquí se puede ver”, dice Misael, señalando la gran grieta en la pared de la entrada del centro hospitalario de los efectos de nuestro terremoto diario, cómo son las detonaciones de las voladuras explosivas a las 12:15. Literalmente destruyen las casas en la ciudad.

Los edificios, las casas, el Hospital Público o los centros de salud del municipio de Albania se destruye con "el Temblor del Día" que El Cerrejón revienta a las 12:15 horas todos los días de la semana. Foto: Miriam Emanuelsson.

Caminamos media cuadra para llegar a la casa de Inés Pérez Aregoses. Ella es de lo que era Tabaco, una pequeña aldea con habitantes afrocolombianas al sur del municipio de Hatonuevo, al sur del municipio de Albania. El 10 de agosto de 2001, la reportera del diario El Tiempo, Ginna Zarate, enviada especial a Guajira, escribía lo siguiente:

“Inés Pérez, 27 años, lloró ayer desconsoladamente. Cuando veía la sangre aún fresca salpicada sobre la blusa que estrenó para buscar trabajo, su profundo dolor parecía tener voz propia.

‘¡Ay, mi papá! ¿Por qué se metió a reclamar?, si los pobres no tenemos derechos. ¡Hubiera dejado que nos tiren todas las casas, para que nos dejen en paz!’, dijo, después del enfrentamiento entre 120 policías y 60 habitantes del corregimiento de Tabaco”.

Atacan las fuerzas del orden al servicio de El Cerrejón el 9 de agosto de 2001.

Hoy lidera y es la Coordinadora de la Junta Social Pro Reubicación de Tabaco y es firme en la lucha por los derechos pisoteados por El Cerrejón.

“La Junta tiene como tarea de conseguir la reubicación de la comunidad de Tabaco. En 2002 ganamos una tutela donde el tribunal obligó (sentenció) al municipio de Hatonuevo de reubicarnos. Pero como usted sabe, los municipios aquí en Guajira la corrupción que existe con eso que se llama regalía, hasta hoy en día no tiene dinero para reubicarnos a nosotros para que nos reconstruye el pueblo. Hoy estamos sentados en una mesa mientras El Cerrejón está esperando que el municipio nos reubique. Quien que debería ser quien reubicar al pueblo es El Cerrejón. En esa lucha llevamos 14 años. La alcaldía está buscando aliados para facilitar de reubicar a nosotros y esa es la tarea principal de nuestra organización en la parte social. Tenemos una tutela en la Corte (Suprema de Justicia), esperando que falle. Pero hoy en día no sabemos, porque son dos años desde haber colocado esa tutela y debería haber fallado pero todavía estamos en espera”.

Dice que la lógica seria que fuera El Cerrejón que sea el responsable, tanto de conseguir algo equivalente de la antigua aldea de Tabaco como de construir las casas que la empresa arrasó el 2001, más la indemnización.

Cerrejón pagó, relata Inés, una suma irrisoria ocho años después de haber tumbado el pueblo de más de 200 familias, unas 700 personas, que fueron expulsadas el 9 de agosto de 2001. Hoy la comunidad se ha duplicado.

Con Tabaco cuentan en total ocho asentamientos de indígenas y afrocolombianos que han sido expulsados de sus tierras por el gigante minero. Casi todos estos pueblos indígenas y los afrocolombianos se dedicaron a la pesca, la ganadería y la agricultura hasta que el “monstruo” llegó y despejó a la gente. Miles de años de historia, cultura y herencia social fueron tirados a la borda por la multinacional.

“El 9 de agosto 2001 llegó El Cerrejón con maquinaria, buldóceres y la Fuerza Pública. Ni siquiera nos dieron tiempo para empacar nuestras pertenencias. Nos golpearon, nos maltrataron físicamente, verbalmente y psicológicamente a los niños. Se llevaron los enseres, se llevaron todo lo que teníamos adentro de nuestras viviendas. Solo nos fuimos con la ropa puesta, nada de cocinar. Hasta ahora El Cerrejón no ha solucionado nada”.

Dice que actuaron con los mismos métodos que cuando United Fruit Co. ordenó al ejército colombiano a masacrar a 3000 trabajadores bananeros con familias el 5 de diciembre de 1928 en el municipio de Ciénaga (descrito en el libro “Cien años de Soledad”), dice la líder afrocolombiana con indignación en la voz.

“Es lo mismo, es igual, no ha cambiado nada (con 1928). Me siento extranjera en mi propia tierra, decepcionada de Colombia. ¿Cómo es posible que el gobierno colombiano permita eso a su gente, que nos destierra en nuestra propia tierra acá en Guajira? No son ni siquiera empresas colombianas sino transnacionales y les permite que hagan lo que les da las ganas con nosotros. Con Tabaco fue peor que lo de las Bananeras del 1928”.

Dos veces ha recibido amenazas por el trabajo y la lucha por los derechos de su comunidad. Pero no se ha rendido.

En la pared detrás de ella se ha abierto una grieta por las explosiones y voladuras diarias. Pero durante los dos días que permanecimos en la región minera, no se liberaba ninguna carga explosiva. Más tarde, Misael nos informa que la compañía, a través de sus informantes en los retenes militares en las carreteras, fue informada de que dos periodistas internacionales estaban en la zona y por lo tanto decidieron no detonar las sustancias explosivas los dos días que estuvimos en la región de Albania.

La comunidad que no cede
ante de las amenazas de El Cerrejón

La comunidad de El Rocío defiende su tierra y su arroyo, Bruno. Foto: Miriam Emanuelsson.

El campesino Blas Sierra es uno de los líderes sociales en la comunidad Rocío del corregimiento Los Remedios, ubicado en la Serranía de Perijá. El pueblo, que equivale de 25 familias en 19 hectáreas, se niega a aceptar la exigencia de la compañía de entregar la tierra y el agua.

El camino va para arriba de la montaña. Al lado del desastre de calle va el pequeño arroyo Bruno. Para la comunidad es fundamental para su supervivencia. Para El Cerrejón es una perla y la multinacional está hostigando a la comunidad para entregar la tierra porque bajo el lugar donde corría el arroyo antes de ser desviado, se encuentra 40 millones de toneladas de carbón.

“Representantes de Cerrejón aparecieron recientemente y dijeron que tenemos que dejar el pueblo porque la tierra donde estamos es suya. Nos negamos y luego aparecieron otros, diciendo que la tierra es de ellos. Pero estos campos siempre han pertenecido a las familias aquí, nuestros antepasados que nacieron y crecieron aquí. Lo mismo con nosotros”.

La clásica modalidad en Colombia cuando una comunidad se opone a los megaproyectos, respaldados por el Estado, es demonizarla. Así pasó también con la Comunidad del corregimiento Los Remedios, acusando a los campesinos de ser auxiliadores al Frente 59 de las Farc. Los guerrilleros se encuentran ahora concentrados cerca del corregimiento El Conejo, municipio de Fonseca, y están desarmados. No deberían ser criminalizados los pobladores solo por el hecho de vivir en la Serranía de Perijá.

“Nosotros nunca nos metimos con nadie, no estuvimos con ningún bando, ni de la guerrilla ni del Ejército, todo el tiempo fuimos neutrales. Porque siempre nos ha gustado la paz. Las únicas veces que hemos dejado el pueblo por un corto tiempo, es cuando se intensificó el enfrentamiento militar (entre el Frente 59 de las Farc y el Ejército Nacional)”.

El arroyo Bruno que es defendido por la comunidad del Rocío. Foto: Miriam Emanuelsson.

En octubre de 2015, las autoridades ambientales en Guajira permitieron [1] que la compañía desviara 3,6 kilómetros del arroyo Bruno, afluente del Río Ranchería y moverlo 700 metros al norte, más cerca de la carretera principal. Bruno se origina en la Serranía de Perijá y pasa paralelamente al pueblo del corregimiento Los Remedios y varias otras comunidades wayuu. La desviación de estos kilómetros del río es necesaria, argumentaba la empresa, para expandir 170 hectáreas y así poder sacar 40 millones de toneladas de carbón que se encuentran debajo del sitio del río. Esta cifra es comparable a la producción anual de Cerrejón de 32 millones de toneladas.

Las comunidades de La Horqueta, La Gran Parada y Paradero presentaron una tutela [2] a la Corte Suprema de Justicia en Bogotá en 2016. En esa tutela se advertía, que de avalar el proyecto de desvío, se afectaría no solo uno de los ecosistemas más escasos del territorio, el bosque tropical seco, sino que también se podrían generar gravísimas afectaciones para la conservación del recurso hídrico y biótico, ocasionando la desaparición del cuerpo de agua y, en consecuencia, amenazar la existencia de todas las comunidades que dependen del arroyo.

“La realidad es que la única fuente de agua de nosotros y el municipio de Albania es el arroyo Bruno. Ya hicieron el desvío pero que deje el carbón ahí, que no lo saque, dice Blas Sierra”.

Después de nuestro reportaje en Guajira, la Corte tomó una decisión el 14 de agosto de 2017 de suspender la obra del desvío de Bruno, que ya inició, durante tres meses. Pero nadie cree o confía que la Corte va a ceder ante la gigante minera transnacional.

“En la lucha por Bruno y el agua no estamos solos”, sostiene el líder campesino, “muchos han reaccionado. La compañía habla de ‘responsabilidad’ pero a nosotros nos duele. Lo único que les interesa es expandir y sacar más carbón para ganar más dinero”, dice Blas Sierra y mira hacia el arroyo.

Escuela sin paredes

Rosa Sierra. Foto: Miriam Emanuelsson.

Rosa Sierra es maestra de la primaria en el pueblo. La compañía minera frecuentemente escribe en su página en internet que El Cerrejón invierte grandes sumas de dinero en inversión social en la región. Pero las declaraciones son rechazadas como argumento barato por Rosa, que con la mano señala la única escuela del pueblo, que solo tiene láminas de zinc para techo pero una escuela sin paredes. Cuando llueve, los niños se congelan en esta parte de las montañas.

“Aunque estamos a fines de mayo hay 30000 niños que no han tenido un solo día de clases por la sencilla razón de que el Ministerio de Educación no ha asignado los fondos necesarios. En regiones con pueblos indígenas, como aquí en Los Remedios, los maestros no tienen protección laboral. Ellos son empleados por año. Los niños se ven obligados a ir 2 o 3 horas para asistir a la escuela y muchos vienen aquí sin desayunar. El Estado promete meriendas, pero no hemos visto nada este año (2017)”.

Niños pintando las casas de su comunidad, El Rocío, en espera que llegue la profesora. Foto: Miriam Emanuelsson.

Ella confirma los dramáticos acontecimientos que fueron divulgados en los medios de comunicación hace poco más de un año, que miles de niños de la Guajira han muerto porque la compañía minera literalmente chupa todo el agua para sus operaciones mientras la población está sufriendo de sed. El Río Ranchería tiene su origen justo en las montañas donde estamos y desemboca en el valle donde la compañía minera controla todo.

“Como docente, veo diariamente en el rostro del niño las consecuencias de la pobreza extrema y las enfermedades consecuentes que ocasiona la falta de agua. Niños que llegan sin desayuno porque en sus casas no tienen qué comer, no tienen agua potable. Tú sabes que aquí en Guajira no tenemos agua potable, de eso se desprende muchas enfermedades. ¿Qué dicen los gobernantes? ‘En Guajira roban la plata los guajiros’. Pero ellos como gobierno central no están haciendo nada para cambiar a esa situación.

La Alta Guajira (la parte desértica) sigue sufriendo la falta de agua. Y no es solo La Alta Guajira sino es en toda Guajira que estamos padeciendo la escasez del agua. Más del 90 por del agua en Guajira no recibe tratamiento”.

El gobierno vino a Guajira hace dos años. Pero se calla hoy y nada ha sucedido en un departamento donde el 87.5 por ciento del territorio es un paisaje desértico en donde una ducha de cinco minutos es equivalente a 95 litros, según la Organización Mundial de Salud.

Sabotajes guerrilleros

Guerrilleros del Bloque Caribe de las FARC-EP que, antes de la firma de Paz, operaban en el norte de Colombia y en el departamento de Guajira. Entra las tareas accionar contra el "Destructor de la vida" de los pueblos y comunidades bajo el dominio de la minería de carbón, El Cerrejón. Foto: Miriam Emanuelsson.

Tres Días Más tarde llegamos a las afueras del corregimiento El Conejo del municipio de Fonseca, departamento de Guajira. Ahí están concentrados los 255 exguerrilleros del Frente 59 de las Farc en el Punto de Concentración y Normalización, “Punto de Pondores”, aplicando la firma del Acuerdo de Paz, firmado hace un año.

El 59° Frente de las Farc fue duramente criticado por la Colombia institucional. El trasfondo era el sabotaje y las voladuras frecuentes de la guerrilla de la línea de ferrocarril (153 km). En esa línea, El Cerrejón transporta el carbón hasta 8 o 9 veces al día entre Albania y el puerto en la costa del Caribe, Puerto Bolívar. Mientras los críticos estaban en Bogotá produciendo comunicados contra las voladuras guerrilleras, los pueblos indígenas despojados de sus tierras, viven en medio de las nubes negras producidas por el tren y los vagones sin techos de carbón en Guajira.

Cada 500 metros, nos relata Misael, está apostado un militar del ejército con sus arma regular, además con cámara y todo tipo de equipos de comunicaciones para alertar inmediatamente a los militares en caso de que vea algo sospechoso. Ese “servicio” del Estado lo brinda durante todo el día y noche, 24 horas.

El Cerrejón a diario extrae 108.000 toneladas de carbón que es traslado por el tren con 120 vagones sin techos 9 veces al día 7 días de la semana, contaminando todo durante su viaje de 153 kilómetros. Foto: Del documental “Huellas del Cerrejón” [1] hecha por Sebastián Coronado Espitia (dir.) e investigación de Carmen Fonseca Casado, Nicolás Roa Vargas Becerra, Ximena Canal Laiton.
Durante nuestro tiempo en Guajira no encontramos con nadie que no aplaudía las voladuras de los trenes del carbón.

Preguntamos a varias personas en la Guajira, sobre todo wayuu y afrocolombianos si también protestaron contra el sabotaje de la guerrilla. Pero no pudimos encontrar un solo comentario negativo. Por el contrario, las acciones armadas fueron aplaudidas. Para la guerrilla, la única presión para dar fuerza a los derechos de la población expuesta era presionar a la empresa y al Estado a través de las voladuras. Todas las demás protestas civiles se ahogaron en sangre o desplazamiento.

Ahora que la guerrilla ha entregado las armas, ¿qué pasará entonces?

Silfredo Mendoza Fue el segundo comandante del frente 59 con 23 años en las Farc.

Silfredo Mendoza, excomandante del Frente 59
de las FARC-EP. Foto: Miriam Emmanuelsson.

“Desde que comenzamos el diálogo en La Habana tratamos meter el tema sobre cómo las multinacionales vienen despojando y desplazando la población (de sus tierras). Pero fue un punto colocado en un ‘freezer’, en un congelador. Entendemos que estos acuerdos únicamente se hicieron para ponerle fin al conflicto (armado). Pero nuestra lucha contra estas compañías multinacionales que explotan y cada día causan miseria y desplazamiento, esta lucha sigue y continúa.

Sabemos que en este momento, la organización indígena, hablamos aquí de la mina de El Cerrejón, que tanto daño ha hecho a la Guajira, hemos estado haciendo pedagogía y hemos recibido todo tipo de pronunciamiento de los indígenas y estamos haciendo y seguimos haciendo laborando propuestas y orientando a ese sector de qué manera conjuntamente podríamos trabajar para que realmente en un futuro estas multinacionales, no solo salgan de nuestro país sino que tienen que resarcir todo el daño que le han causado a Colombia. Porque han sido multinacionales que no le han dejado nada que mostrar a este departamento sino lo que se refleja; soledad, contaminación a todo el departamento que han hecho al medio ambiente”.

Los indígenas, los afrocolombianos o los campesinos que han sido despojados de sus tierras por El Cerrejón viven en condiciones de miseria, abandonados por el Estado que se ha puesto al servicio de las transnacionales mineras. Foto: Miriam Emanuelsson.

Cuando el jefe de la delegación de negociación de las Farc, Iván Márquez, habló en la inauguración del proceso de paz en Oslo en octubre de 2012, concluyó que de los 114 millones de hectáreas del territorio colombiano, 38 millones de hectáreas fueron asignadas a la industria petrolera mientras que las transnacionales mineras recibieron concesiones del Estado de 16 millones de hectáreas.

Su discurso cayó como una bomba en la delegación gubernamental, donde el jefe de la delegación del gobierno, Humberto de la Calle, se enojó y en la posterior rueda de prensa enfatizó que el “modelo económico de Colombia, ¡no cambiará un milímetro!”

El modelo sostenido por el gobierno de Juan Manuel Santos trata de dar todo el apoyo a “la Locomotora Minero- Energética”, es decir a las transnacionales y los centenares de concesiones entregadas por el gobierno neoliberal en Bogotá.

“Se estima que entre 12 y los 21 millones de hectáreas de tierras aptas para la producción agrícola solamente el 4.7% está siendo utilizada para la agricultura y cada vez está bajando más esta cantidad”, dijo Márquez cuando lo entrevisté en noviembre de 2012 en La Habana.

Y no hay nada en el horizonte que señala un cambio de esa política servil al gran capital mundial.

La primera entrega del reportaje: "Muerte a cambio de Carbón"