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En Barrancabermeja amenazan a defensores de derechos humanos por denunciar asesinatos de líderes sociales
Comunicado a la opinión pública
 

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, CREDHOS, rechaza el asesinato de Víctor Morato, ocurrido el día 17 de enero del 2018 en las horas de la noche, cuando se desplazaba en su motocicleta entre el corregimiento San Miguel del Tigre y la vereda La Rompida 1, lugar de su residencia. Era presidente de la junta de acción comunal de su vereda e integrante del comité municipal de servicios públicos del municipio de Yondó y defensor de los derechos de su comunidad.

En su calidad de líder comunal, don Víctor defendió los derechos de los habitantes de su vereda, procurando la consecución de los servicios públicos domiciliarios, como la energía eléctrica. Durante el último periodo, nos acompañó con el mayor compromiso y convencimiento en la estructuración del diagnóstico territorial y líneas bases de la política pública de paz y postconflicto del municipio de Yondó – Antioquia.

Morato exigía calidad, cubrimiento y cumplimiento a la empresa UNE-EPM, responsable de la electrificación rural en el servicio de energía en esta zona. Estaba comprometido con el proceso de instalación de redes domiciliarias de gas de su corregimiento, además de denunciar la presencia de hombres armados en la zona sin poder identificarlos claramente.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, a los habitantes de la región y del país a rechazar estos actos, a descalificar cualquier justificación de violencia contra la población civil.

Ante declaraciones brindadas por CREDHOS en horas de la mañana a los medios de comunicación, denunciando este hecho, el día 18 de enero de 2018. En horas de la tarde de este mismo día, dos hombres abordaron a las afueras de la oficina a Iván Madero Vergel y Andrés Ortiz Nieto, dirigentes de la corporación, quienes reciben amenazas de alias ‘Acuamán’, el cual se desplazaba junto a otro hombre en una motocicleta de placa GMN 22B.

Durante el 2017 se realizaron 23 amenazas a defensores de derechos humanos, nueve de ellas fueron dirigidas directamente contra Credhos.

A los entes del Estado colombiano, a sus instituciones, sus ramas de poder, les exigimos se realicen las investigaciones y resultados ante estos graves hechos que atentan contra la vida.

Basta ya de dilatar investigaciones, basta ya de esconder en discursos la cruda realidad que viven nuestras comunidades. No es justo hablar de paz mientras en los campos y ciudades continúan asesinando con impunidad. A la comunidad internacional, garante y veedora de la negociación e implementación de los acuerdos de paz, solicitamos situar su mirada en las condiciones de vida e integridad física de los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos. Nos urge la pronta implementación de los Acuerdos de La Habana, la puesta en marcha de la Unidad Especial para el desmonte de las estructuras paramilitares y otra serie de medidas que son necesarias para la construcción de una paz estable y duradera.