El 27 de enero, al cumplirse 40 meses de la masacre de Iguala, se realizó en el centro de la ciudad de México una movilización en reclamo de la aparición con vida de los 43 estudiantes que aún continúan desaparecidos, y el esclarecimiento y justicia para los seis asesinados y más de 40 heridos, en manos de diversas fuerzas represivas del Estado mexicano.

La marcha formó parte de una intensa semana de actividades tanto en la capital del país como en el estado de Guerrero, donde ocurrieron los hechos, y que culmina hoy con una ofrenda floral en la ciudad de Iguala. Familiares de los jóvenes desaparecidos y organizaciones estudiantiles y políticas vienen denunciando la falta de avances en la investigación y señalando la responsabilidad directa del Estado en la represión e impunidad sobre este caso, que ya es un emblema de la situación de extrema violencia que se vive desde hace años en México.

Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, grupos de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa tomaron por la fuerza varios autobuses para dirigirse a la movilización conmemoratoria de la matanza de Tlatelolco, ocurrida en 1968, cuando una masiva protesta liderada por sectores estudiantiles y docentes fue duramente reprimida dejando un saldo de cientos de víctimas asesinadas, heridas y detenidas. Este abordaje, única posibilidad de traslado para estos jóvenes hijos de campesinos y obreros guerrerenses, tuvo como respuesta una feroz agresión por parte de policías locales y federales, que interceptaron la caravana y comenzaron a dispararles. Varios de ellos murieron en ese ataque, y también pasajeros de otros vehículos que se encontraban casualmente en el lugar. Decenas de normalistas fueron detenidos, de los cuales algunos de ellos aparecieron muertos con muestras de torturas atroces, mientras que 43 de ellos continúan desaparecidos.

El caso destapó la olla de una trama en la que se mezclan la represión estatal, la corrupción política y el narcotráfico. Una de las hipótesis que señalan los familiares es que los autobuses abordados por los jóvenes trasladaban droga hacia Chicago, con la complicidad de los funcionarios policiales, lo cual explicaría la inusitada saña con la que fueron agredidos. El reclamo de los familiares de Ayotzinapa, además, reavivó la búsqueda de muchas otras personas desaparecidas en ese estado, cuyas familias no habían denunciado por falta de confianza en las autoridades. Por sus propios medios, hallaron fosas comunes con restos humanos, relevaron pruebas y unificaron reclamos, sin que hasta ahora esto haya producido resultados significativos en los expedientes judiciales.

Además de esta línea de investigación, los padres y madres de los 43 señalan que hay suficientes pruebas para procesar a policías de Huitzuco, adonde habrían sido trasladados al menos 25 de los estudiantes detenidos; que la Procuraduría General de la República tiene en su poder mil teléfonos celulares relacionados con la causa (17 de ellos de los normalistas), cuyo análisis aún no ha sido comunicado; y que el 27 Batallón de Infantería del Ejército conserva documentación, fotografías y videos que no han sido aportados a la Justicia.

“Se cumplen 40 meses sin saber dónde están nuestros hijos –reclamaba desde micrófono la madre de un estudiante durante la marcha- y seguimos en pie de lucha”. “Hoy caminamos nuevamente por las calles –dijo a su turno un padre- para decirle a quienes nos escuchan, que nadie está exento de vivir esta pesadilla, que hoy todos los mexicanos corremos el riesgo de ser desaparecidos o asesinados por uniformados (…) La Justicia también está desaparecida en este país, y está encerrada en los cuarteles militares, adonde pudieron haberse llevado a nuestros 43 futuros maestros. El grito que hoy se escucha en las calles es de Justicia, de Verdad, y de castigo a los responsables”.

La movilización llegó hasta el monumento a Benito Juárez, y allí tomaron la palabra varios familiares, profesores y estudiantes. “Bienvenidos a lo que no tiene inicio, bienvenidos a lo que no tiene fin –comenzó diciendo un compañero de los 43 normalistas- bienvenidos a la lucha eterna por ser mejores cada día. Algunos le llaman necedad, nosotros le llamamos esperanza. (…) Este gobierno quiere seguir robando, quiere seguir matando, quiere seguir secuestrando (…) Pero con esta lucha queremos hacerle saber a todo México y al mundo, que no vamos a claudicar hasta encontrar a nuestros 43 compañeros, 43 vidas, 43 sueños, 43 maestros que le hacen falta a México. (…) Este maldito gobierno ha querido desaparecer a todas las Normales Rurales, pero hoy le decimos que vamos a defender nuestros derechos, porque es una escuela que acoge a hijos de campesinos, a hijos de obreros (…) Han querido sembrar terror entre nosotros (…) Pero como dice aquella frase: ‘nos han quitado todo, que hasta el miedo nos quitaron´”.

El dolor y la indignación resurgían con intensidad en cada testimonio, pero también la fortaleza y el valor de un reclamo que se enfrenta a un Estado cuya única respuesta hasta el momento ha sido la de la impunidad, la censura y la insensibilidad, en el marco de una situación general de violencia y represión institucional que pareciera no tener fin.