Agencia Prensa Rural
Mapa del sitio
Suscríbete a servicioprensarural

El terrorismo de Estado en Colombia es sistemático
Federación Sindical Mundial / Miércoles 31 de enero de 2018
 

Iniciando el año, se profundizan las amenazas y se incrementan los asesinatos selectivos de líderes populares y defensores de Derechos Humanos en plena campaña electoral, como una constante para impedir que en Colombia haya paz con justicia social. Según varias denuncias, van alrededor de 200 líderes populares y más de 45 exguerrilleros farianos asesinados, desde la firma de los Acuerdos de Paz en el Teatro Colón.

A la par con estos sistemáticos crímenes, aumentan las amenazas de muerte por parte de grupos de extrema derecha, contra humildes campesinos, trabajadores, líderes sindicales, populares y defensores de derechos humanos. El pasado 10 de Enero, le fue enviada una correspondencia vía postal, a la compañera Aracely Cañaveral, la cual contenía una amenaza de muerte contra su vida, por parte del estado mayor de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, a la vez que sentenciaban de muerte a todo aquel que se acercara a ella. La Compañera Aracely, es una obrera textilera y fue líder sindical de Sintratextil, la CUT y de FSM en Antioquia y exdirectora de la Nueva Escuela Obrera y Popular -NEPO-, ahora hace parte del nuevo partido FARC.

Igualmente circulan varios panfletos de éste y otros grupos criminales repartiendo amenazas a un sinnúmero de líderes sindicales en todo el país.

Ser lideresa sindical que defiende a los trabajadores o dirigente popular en la democracia más antigua del hemisferio occidental, es correr el inminente riesgo de ser fusilado, por los escuadrones de la muerte, protegidos y al servicio de este Estado corrupto y mafioso. Más de cinco mil dirigentes sindicales han sido asesinados en completa impunidad, finalizando el siglo XX e inicios de este siglo y eso que afirman los funcionarios del Gobierno que no son asesinatos sistemáticos. ¡Qué tal que lo
fueran!

Solicitamos fraternalmente, al movimiento sindical nacional e internacional, así como a los partidos progresistas y organizaciones de derechos humanos, contribuir con la denuncia y exigencia del respeto a la vida, a las libertades democráticas y a la paz con justicia social, al Gobierno Colombiano.