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Comunidad de Paz de San José de Apartadó destruye armas de paramilitares
Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Lunes 5 de febrero de 2018
 

San José de Apartadó se declaró comunidad de paz el 23 de marzo de 1997. Aproximadamente 500 campesinos, pertenecientes a 17 veredas, decidieron organizarse para sacar la guerra de su territorio, para no colaborar con ningún actor armado, para llevar adelante un proceso de neutralidad respecto del conflicto.

Foto: Cristian Garavito, El Espectador.

Nuevamente nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó deja constancia de las últimas agresiones que ha sufrido por parte de este Estado paramilitar. Que cada vez revela más su talante.

Seguimos luchando por la defensa de la vida y el respeto de los derechos de la población civil en el territorio. Ya son muchas las constancias que hemos dejado a nivel público sobre las amenazas que nuestra comunidad ha recibido, las cuales revelan que existen estructuras criminales muy afianzadas que se apoyan en la tolerancia, el respaldo y la colaboración de las instituciones que dicen defender la Constitución.

El pasado 29 de diciembre la Comunidad vivió una arremetida paramilitar en el asentamiento de San Josesito, la cual tenía la única intención de asesinar a miembros varios miembros de la misma, hecho que por fortuna no se consumó, gracias a la reacción de los habitantes que logró retener a dos paramilitares, inmovilizarlos y quitarles sus armas: una pistola Sigsauer calibre 9 mm., serial: B252721, dos celulares (Alcatel y Samsung), una navaja y dos machetes. Estos materiales de guerra fueron guardados para después ser destruidos en presencia de instituciones, organizaciones y medios de comunicación, lo cual ya se efectuó, siendo entregados los restos materiales inservibles a la Defensoría del Pueblo en cabeza del Defensor Nacional, Señor Carlos A. Negret.

Muchas personas y organizaciones nos han criticado por no poner esas armas a disposición de autoridades de investigación y control, pero la Comunidad ha experimentado a lo largo de sus 20 años de existencia, que esas armas regresan temprano o tarde a los circuitos criminales organizados para destruir vidas humanas y a ello contribuye, indudablemente, la extrema corrupción del aparato judicial y la solidaridad comprobada de nuestra fuerza pública con las estructuras criminales paramilitares. Por principios éticos la Comunidad se niega a colaborar con esas cadenas camufladas de muerte que hunden sus raíces en un Estado enemigo de los pobres y de sus expresiones sociales aunque profese, en los discursos, otros principios.

La escandalosa decisión de la Fiscalía de dejar en libertad inmediata a los asesinos que logramos inmovilizar y entregar a un delegado del alto gobierno, decisión rechazada por numerosas manifestaciones nacionales e internacionales de organizaciones de toda índole, incluyendo gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Seguramente podrán alegar formalidades legales, como nuestra misma decisión de no entregar las armas incautadas o no presentar quejas formales antes las corruptas instituciones judiciales frente a las cuales hicimos ruptura hace muchos años, luego de demostrar minuciosamente su podredumbre sin que las altas Cortes nos dieran solución alguna, pero todo esto demuestra que la justicia pide a gritos una reforma radical, pues ha llegado magistralmente a combinar impunidad para las élites del poder y sus brazos criminales y arbitrariedad represiva para los inconformes con la opresión.

Las grotescas y repulsivas declaraciones del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien pretendió frenar con mentiras y revictimizaciones contra nuestra Comunidad de Paz las reacciones frente al horrendo crimen paramilitar del 29 de diciembre, han recibido el repudio internacional y las censuras éticas más contundentes de infinidad de personalidades, organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, pero esas censuras no lo afectan a él ni al gobierno nacional, ya que la ética no figura en sus intereses ni en su escala de valores.