El Bagre. Foto: Bibiana Ramírez, Agencia Prensa Rural.

Desde que inició el año 2018 se vienen presentando diferentes hechos, todo un panorama de alto riesgo para las comunidades campesinas de esta zona de Antioquia.

En hechos ocurridos el pasado 17 de enero del 2018 se escucharon cruce de disparos entre dos grupos armados (aún sin identificar) durante por lo menos una hora sin que se conozca intervención militar por parte del Estado.

Estos grupos armados se pasearon por las veredas e incineraron una vivienda dejando a toda una familia atemorizada y en la intemperie. Así mismo, las dinámicas de grupos armados vienen presentando una fuerte oleada de violencia que va en aumento en el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia, principalmente en los municipios de Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, El Bagre y Zaragoza en los que según los últimos acontecimientos se encuentran bajo la amenaza permanente de los actores armados que se disputan el territorio ante una total ausencia del Estado.

El pasado 2 de febrero, hombres armados sin identificar realizaron un atentado en contra de torres eléctricas, en su paso por estas veredas irrumpieron una vivienda y procedieron a saquearla, llevándose todo lo que encontraron de valor.

Frente a esta situación, ha crecido el riesgo de desplazamientos, confinamientos y todo un escenario de fuego cruzado que pone en peligro a las comunidades.

Esperamos que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto y así evitar una problemática social en el municipio de Tarazá.

Ante el peligro que representa la ausencia institucional exigimos toda la aplicación concreta de las acciones efectivas del Gobierno Nacional. A las fuerzas armadas, a las autoridades de la alcaldía de los municipios del Bajo Cauca y Norte de Antioquia, para que protejan a las comunidades y los factores de riesgo a la que están siendo sometidos.

También, que se inicien de carácter urgente los protocolos, las alertas tempranas necesarias y suficientes para proteger la vida, la libertad, la seguridad e integridad de toda la población de estos municipios. Que el Gobierno Nacional en cabeza del señor presidente de la república Juan Manuel Santos, a los entes regionales y locales vuelquen la institucionalidad hacia la desarticulación completa de los grupos armados ilegales que hacen presencia en esta zona y que constituyen un peligro para las comunidades.

Responsabilizamos al Estado de Colombia por los hechos que sucedan contra la población, por las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que por acción o por omisión está realizando la Fuerza Pública.