“Estado depredador” es el informe que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) presentó el 9 de febrero, Día del Periodista, para informar la falta de garantías que tuvo en el 2017 la libertad de prensa en el país. Para la organización los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo el presidente de la República, no protegieron este derecho constitucional, “faltaron a su deber de garantes de la libertad de prensa y tomaron conscientemente acciones de censura. Casos a nivel nacional encabezados por el presidente de la República, el Congreso y las cortes son la superficie de un problema profundo en el que los poderes públicos locales también restringen la libertad de expresión.".

Durante el 2017 la FLIP registró “310 ataques a la libertad de prensa que afectaron a un total de 368 periodistas (un incremento del 43,5% con respecto al número de ataques del año anterior)”. Algunas de las agresiones que recoge el documento son “la violencia estatal y letal contra periodistas”, compra del silencio, la violencia que no recibe sanción alguna, decisiones judiciales que buscan la censura, entre otras.

Asimismo, destacan “las zonas silenciadas”, municipios que no cuentan con medios locales, aunque hay algunos que sí tienen no logran abarcar todo el territorio. “Caquetá: 44% de la población vive en zonas en silencio. Nariño: 37% de la población en silencio. Cauca: 40%, Sucre 33%, Vichada: 78%, Antioquia: 31%”.

Por otra parte, la publicación destaca el rol que ha tenido la Fuerza Pública, quienes en 15 protestas sociales atacaron con bolillos, bombas aturdidoras y armas de salva a periodistas que registraban los hechos. Entre los casos emblemáticos está el de Efigenia Vásquez, comunicadora indígena de la emisora Renacer Kokonuko, asesinada el 8 de octubre durante una protesta en Puracé, Cauca, la comunicadora “se encontraba cubriendo una protesta que derivó en enfrentamientos entre los indígenas y el ESMAD”.

“En el 2017, la FLIP remitió 23 quejas a la Policía Nacional, según la institución, hay 9 investigaciones vigentes, 5 casos cerrados y archivados y 3 en investigación preliminar. En 6 casos, la Policía envió comunicaciones en la que se justificaban las acciones sin iniciar ningún tipo de investigación disciplinaria.”, se especifica en el informe.

Para la Fundación para la Libertad de Prensa el responsable del estado en que se encuentra la libertad de prensa en el país es culpa de “muchos depredadores, los más voraces vienen del Estado y uno de los más nocivos ha sido su principal representante, el presidente Juan Manuel Santos.”, quien omite la urgencia de los medios en Colombia, en un país que ha sido silenciado por el conflicto armado.

Esta investigación también menciona la situación actual de riesgo en que se encuentran algunos y algunas periodistas, que están a la espera “que el mecanismo de protección estatal les ofrezca seguridad, justicia y atención eficaz para que no tengan que huir de sus regiones o trabajar en medio de la amenaza de sus atacantes”.

La conclusión a la que llega la FLIP a través de “Estado depredador”, es la obligación que tienen instituciones públicas para que “dejen de acudir a la censura y se sitúen en el lugar que les corresponde: la garantía de una deliberación pública libre”.