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Opinión
De paz y tolerancia
Antonio Madariaga Reales / Lunes 12 de febrero de 2018
 
Candidato a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático liderando ataques contra campaña de Rodrigo Londoño en Cali.

Uno de los desafíos permanentes de las sociedades democráticas es lograr que en los momentos en que el sistema obliga a la visibilización de las diferencias, como ocurre en la contienda electoral, no en vano se denomina así, se mantengan ciertas reglas y comportamientos los unos por cuenta del derecho positivo y los otros por vía de la cultura.

La eliminación real o simbólica del contendor, entendido este como el adversario político, o la procura del terreno propicio para el enfrentamiento despiadado, terminal, han estado presentes a lo largo de la vida republicana de Colombia. Prima entonces una concepción de la política como una guerra francamente abierta, no enmascarada que hoy más que nunca puede denominarse como la ruta para volver trizas al otro y con mucha más razón a la otra. Por ello el ejercicio de la política en el país no reconoce los pactos políticos como camino en procura de concordia y mucho menos el respeto y la tolerancia como bastiones de esa ruta.

Hemos dicho en el pasado que la guerra no es para nosotros la continuación de la política sino el fracaso de ella y eso está siendo cierto en los tiempos presentes de manera protuberante y dolorosa. Probablemente no lleguemos a los aciagos días en que en una sola coyuntura electoral fueron asesinados 3 candidatos presidenciales y esperamos poner freno al exterminio de líderes sociales, (compartimos plenamente la propuesta de un pacto para ello como lo ha propuesto Rodrigo Uprimny), cuyos asesinatos sistemáticos rememoran el caso de la UP.

Hay signos preocupantes de nuestra dificultad para sacar la violencia de la política en al menos dos dimensiones.

La agresión física y verbal a los candidatos del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, en sus apariciones en espacios públicos y aun en recintos cerrados, por parte de espontáneos ciudadanos, pero también de calculadas y perversas intervenciones de otras fuerzas políticas, como ha sido evidenciado. Una expresión adicional de la dificultad mencionada es la noticia de un creciente protagonismo del ELN en el asesinato de militantes de ese partido político. Por ello la perspectiva de paz y reconciliación sufre un duro golpe con el anuncio de la suspensión de la campaña de esa agrupación política. Y no se trata de que se les proteja de la controversia, ni que se le pida a diversos sectores y personas que no comulgan con sus ideas, o que fueron afectados por las acciones de la guerrilla de las Farc, que se abstengan de manifestar sus diferencias e inclusive sus rencores.

De lo que se trata es de encontrar caminos distintos a la agresión verbal y física como forma de ejercicio de la controversia. Y a ese respecto el Estado, todos los poderes, incluido el CNE, no puede asumir como conducta algo así como “bienvenidos a la democracia, ahora chupen”, porque la democracia no es una patente de corso para agredir en nombre de la diferencia de opinión, por el contrario debe proactivamente desarrollar una intensa campaña mediática y política para evitar que este ambiente se mantenga o siga en incremento y por su parte las diferentes agrupaciones y campañas políticas y candidatos/as tienen la obligación de rechazar el uso de la violencia y hacer un pacto público para condenarla y no estimularla.

La segunda dimensión es la propagación de discursos de odio contra casi todos los y las candidatas de un lado y de otro, pero de manera particular contra tres candidatos presidenciales, lo que es francamente abrumador en las redes digitales. Repletos de mentiras, insultos, descalificaciones e invocaciones a reaccionar contra ellos parece esa estrategia electoral, buscar respuestas de los votantes movidas por la rabia y el miedo, en las que brillen por su ausencia los argumentos y la deliberación. Los blancos favoritos de esa agresión son Petro, Fajardo y De la Calle de los que se ha dicho claramente por parte de sus contendores políticos. ¡Qué miedo!.

Se requiere entonces activar lo concerniente a las normas contenidas en nuestro ordenamiento, incluyendo las sanciones correspondientes, (administrativas y penales), a quienes entorpezcan las actividades electorales o agredan a las y los candidatos, extremando la aplicación del punto 2.1.2.1. del Acuerdo Final que refiere al Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

Pero la otra tarea que tiene que procurar impactos inmediatos, aunque fundamentalmente es una tarea del mediano y el largo plazo es el de lograr cambios en la cultura política, en la forma y los contenidos de las campañas políticas, en la educación al elector pero sobre todo en la comprensión de la diversidad, (étnica, cultural, poblacional, territorial, ambiental, política, etc.) como un valor y bien público superior, el respeto y la tolerancia como imperativos éticos y la argumentación y la deliberación como los caminos de la construcción y trámite social de la diferencia, de la democracia y de la real igualdad.

Coda 1: Resulta incomprensible que el ELN imponga un “paro armado” en los territorios donde tiene influencia que solo afecta los derechos de las personas.

Coda 2: Pero resulta inaceptable que lo justifique en nombre de los líderes y lideresas sociales asesinados. Las organizaciones de la sociedad civil y sus liderazgos lo que piden al ELN es que a la mayor brevedad transiten de la guerra a la lucha política.

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