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“Las garantías de no repetición tienen que ponerse en práctica de manera urgente y prioritaria”
Agencia Prensa Rural / Viernes 23 de febrero de 2018
 

Érika Gómez, quien es abogada penalista y secretaria ejecutiva del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), habló este lunes en el programa ‘Paz por Lozano,’ sobre el asesinato sistemático de líderes sociales, defensores de derechos humanos y homicidios contra ex combatientes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

La abogada señaló que las agresiones, homicidios sistemáticos y selectivos de líderes sociales y defensores de derechos humanos se vienen presentando desde 2016. En este año ocurrió el primer pico de violencia. Las agresiones han sido paulatinamente, se mantienen, no disminuyen y van en aumento.

Según las estadísticas registradas por las organizaciones sociales como Marcha Patriótica, en el 2016 fueron asesinadas 132 personas y 389 recibieron amenazas. En 2017 se registro un aumento de 153 homicidios.

Gómez afirma que la violencia contra las mujeres también ha tenido un aumento significativo, además, en lo corrido del año se han registrado más de 27 homicidios, hay semanas en las cuales en un mismo día se registran 4 homicidios en diferentes zonas del país.

“La violencia casi se ha regionalizado es decir, que obedece a diferentes factores de riesgos que los líderes sociales y defensores de derechos humanos han manejado”, asegura Gómez. Entre los riesgos que han evidenciado se encuentra el compromiso que adquieren con las problemáticas locales: ser reclamantes de tierra, denunciar los daños de la minería, los agrocombustibles, apostarle a la implementación de los acuerdos.

Otro factor que encontraron es la presencia de carteles mexicanos en 19 departamentos. A esto se le suma las estructuras paramilitares que el Estado ha negado.

“No hay una política que sea lo suficientemente contundente, idónea, para frenar este incremento de homicidios. La negación de la existencia de los grupos paramilitares, o llamémoslos grupos sucesores del paramilitarismo, lo que hace realmente es negar la problemática y lo que se hace es no tener un plan estratégico para frenar toda esta oleada de asesinatos que se ha venido presentando en el país”, aseveró la abogada.

De las cosas que deja en claro es la sistematicidad en los crímenes: “Hace poco la fiscalía tuvo que admitir que hubo una sistematicidad y que sí se puede hablar de un plan sistemático, claro de carácter regional, pero sí hay un plan sistemático”.

Frente a los actos violentos que ha sufrido la Farc, la principal conclusión es la “Falta de garantías. Precisamente uno de los pilares del acuerdo de paz, firmado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, en su momento era la participación en política. Pero vemos que desafortunadamente a la fecha, al día de hoy, el último comunicado expedido por la Farc, vemos que ellos hacen la cuenta de 38 excombatientes asesinados en todo el territorio nacional.”

Es decir que “se tiene que trascender que el derecho y las garantías de no repetición tiene que ponerse en práctica de manera urgente y prioritaria. No puede ser la constante, que por lo menos en ese buen sentido de que las Farc han cumplido con todo lo establecido, todo lo acordado, se tengan que someter a esta clase de agresiones. Además no son simples abucheos sino son agresiones, claras, precisamente por sectores que se pueden catalogar que son enemigos precisamente de la implementación y que además salga a flote estos procesos de paz”.

Por último la defensora de derechos humanos comenta que el aumento en el número de natalidad “es muy significativo para el país. Tiene que decir casi: nosotros dejamos las armas, precisamente por engendrar y dar vida”, lo cual sería una buena señal, como lo son los actos de perdón que se han realizado entre miembros del nuevo partido y las víctimas del conflicto armado.