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Procesos de resistencia civil de las mujeres campesinas en el conflicto armado colombiano
Cindy Rodríguez / Lunes 26 de febrero de 2018
 
Marcha por la paz y en apoyo al refugio humanitario en El Bagre, Antioquia. 2016. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

La historia reciente de Colombia se ha visto atravesada por el conflicto económico, político, social y armado encontrando en sus raíces las problemáticas de tenencia de la tierra, persecución a las divergencias en pensamiento y una desigual distribución de los recursos, generando un creciente descontento social y enfrentamientos entre facciones de la población, de la mano a la falta de respuesta e incumplimiento por parte del Estado. Teniendo por punto de quiebre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, se presenta una agudización de este enfrentamiento: Procesos campesinos organizados, quienes obtuvieron como respuesta a sus peticiones la persecución, llevándolos a la búsqueda del poder mediante la vía armada y estableciendo las guerrillas campesinas en 1964 (FARC – ELN) [1]. Durante el desarrollo del conflicto armado interno, se ha presentado una deshumanización y aceptación de la violencia por parte de la sociedad colombiana en general, además de una disputa territorial a la cual se han sumado múltiples actores: El Estado mediante su fuerza pública, la empresa privada, multinacionales y el paramilitarismo en el papel de agente mercenario contratado por sectores políticos y económicos de las diferentes regiones.

A la problemática del conflicto armado y su afectación a la población femenina a nivel rural principalmente, se suman las asociadas con el sistema de producción, las relaciones de poder y los imaginarios comunes desarrollados y evidenciados en el ámbito público y privado. [2]. El papel de la mujer, sobretodo la rural, se centra principalmente en lo doméstico y el cuidado, sin recibir un pago por el mismo y constituyéndose como una barrera para la participación en el mercado laboral o al acceso a derechos sociales lo cual perpetúa la desigualdad imperante. Además del reduccionismo y la minimización frente a este tema, se encuentra la invisibilización de las violencias estructurales que afectan también a clase y raza, la obligación para asumir y reproducir patrones de vida, al castigo en múltiples ámbitos a quien no actúa bajo estos supuestos, la revictimización, falta de credibilidad y señalamiento o pérdida de reconocimiento del rol social durante la denuncia.

Al momento, se encuentran registradas en el RUV (Registro Único de Víctimas) 8.286.032 víctimas del conflicto armado, de éstas se han reportado 1.696.707 víctimas directas de desaparición forzada, homicidio, fallecidas o no activas para la atención. (Haciendo referencia a quienes por distintas circunstancias no han podido acceder a las medidas de atención y reparación, a aquellas fallecidas en relación al hecho victimizante o reportadas como fallecidas en otras fuentes de información y las personas quienes han sufrido desplazamiento forzado sin solicitar ayuda humanitaria) [3]. A pesar de registrarse que 9 de cada 10 víctimas fatales o desaparecidas son hombres, la población femenina también se ha visto fuertemente golpeada por este flagelo, pues el RUV reporta entre 1985 y 2012 a 2´420.887 mujeres víctimas del desplazamiento forzado, 1.431 de violencia sexual, 2.601 de desaparición forzada, 12.624 de homicidio, 592 de minas antipersonales, 1.697 de reclutamiento ilícito y 5.873 de secuestro. [4]

Múltiples formas de violencia

Han sido múltiples las formas en las cuales la guerra se ha cernido sobre la población colombiana, sin embargo, una de sus presentaciones más impactantes, utilizada como mecanismo de ejercicio de poder con una orientación directamente en contra de la mujer, es la violencia sexual. El esclarecimiento de estos actos ha presentado gran dificultad debido a la revictimización generada durante la investigación asociada a la denuncia, la estigmatización y la concepción de algo “merecido” y vergonzoso para quien la ha sufrido: “En sus testimonios, las víctimas denotan reacciones de funcionarios o funcionarias que sutil-mente las acusaron de haber inducido estos crímenes o que, inspirados en representaciones estereotipadas de la violencia sexual, no creyeron la veracidad de sus testimonios, es decir, no aplicaron el principio de buena fe: “El otro día llegó una mujer a decirme que había sido violada. Pero el relato era poco creíble porque era fea y vieja”. [5]

Esta práctica, más allá de ser un hecho aislado, se ha manejado de forma sistemática, así lo evidencia el informe “¡Basta ya!” del Centro Nacional de Memoria Histórica: 1754 víctimas (contrastadas con las 96 confesadas por los paramilitares con la Ley de justicia y paz- 142 documentadas por múltiples organizaciones de derechos humanos) [6]. En el caso de la violencia sexual ejercida por grupos paramilitares, se realizó con múltiples objetivos: Político al ser principal objetivo las lideresas de procesos organizativos, buscando la destrucción de círculos afectivos del “enemigo”, castigo ante las conductas no aceptadas bajo este grupo, práctica cultural o cohersión entre los paramilitares [7]; siendo un efectivo mecanismo político de persecución y silenciamiento hacia personas y comunidades particulares. Sin embargo los casos de abuso sexual se han presentado por parte de todos los actores del conflicto, incluso extranjeros, según el informe de la Comisión Histórica del Conflicto Armado y sus Víctimas frente a las denuncias de violaciones a población civil por parte del ejército estadounidense: “Se deben investigar los casos de violencia sexual ejercida por militares y mercenarios de los Estados Unidos en todo el territorio colombiano y castigar a los culpables.” [8]

Leonila Alberta Murillo, madre comunitaria, 81 años, hogar comunitario "Mi refugio". Foto: Vivian Ruiz y Jovana Vargas.

Además del género, estas acciones tienen una notoria afectación de clase, es una guerra contra los pobres y la población rural en su mayoría. Según la primera encuesta de prevalencia “Violencia sexual en contra de las mujeres en el contexto del conflicto armado colombiano”, hay una relación inversamente proporcional entre el estrato económico (medida utilizada para clasificar la disposición de recursos y capacidad adquisitiva) y la incidencia de casos de violación, embarazo forzado, esterilización forzada, servicios domésticos forzados, regulación de la vida social. Llama la atención un porcentaje mayor en el estrato 2 en casos de prostitución forzada y aborto forzado y la ausencia de este tipo de violencias en el marco del conflicto en los estratos más altos (4 o más), encontrándose registrado únicamente el acoso sexual en la población referida e indicando una orientación puntual hacia un sector de la población con influencia en el factor económico. [9]

Esta misma encuesta señala una mayor incidencia de estos crímenes en mujeres de “raza” blanca, por encima de población afrodescendiente e indígena; sin embargo, como limitantes se encuentra la falta de diferenciación de mujeres campesinas más allá de su distribución entre “blancas” y “mestizas”, la ausencia de señalar la proporción de las minorías étnicas vs la población femenina total (Al analizar el porcentaje de mujeres desplazadas jefas de familia, las tasas más altas corresponden al 47% en caso de las afrocolombianas y 49% en las indígenas; la población indígena aunque representa el 2% de la población del país, corresponde al 12% de las víctimas de desplazamiento) [10] y la relación entre lo urbano y lo rural para dimensionar la influencia de este factor; más aún cuando se ha determinado que una de las causas de la guerra ha sido por un dominio territorial, principalmente en el sector rural. El informe sobre violencia contra la mujer, presentado a la ONU en 2001 reporta “Las víctimas del desplazamiento interno que más han sufrido la pérdida de su identidad, incluso más que los hombres, son las campesinas tradicionales, en particular las que han quedado viudas debido a la violencia“ [11]. En el informe de la Comisión Interamericana de derechos humanos (CIDH) “las mujeres frente a la violencia y a la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, se señala la afectación de múltiples formas de discriminación dadas por sexo y raza en las mujeres afrodescendientes e indígenas; situación agravada en el marco del conflicto armado, con doble riesgo de ser abusadas y victimizadas por parte de los actores armados en la búsqueda de control territorial y de recursos. En el caso de las mujeres afrodescendientes, las situaciones más agudas se viven en la región del Pacífico [12] Se suma a los efectos previamente descritos, la destrucción de tejido cultural, la cosmovisión de estos grupos y su relación ancestral con los territorios y como dificultades la limitación en el lenguaje, el acceso a servicios educativos, trabajo, ingresos y participación de toma de decisiones a nivel local y nacional además de actos de racismo en algunas comunidades receptoras. [13]

Ante estas acciones se han dado múltiples tipos de respuestas por parte de las diferentes mujeres: Desde el fortalecimiento de estructuras de género previamente establecidas como mecanismo de exigencia de derecho y denuncia, empoderamiento por parte de colectivos feministas y formación de cuadros políticos en algunos casos, hasta la instauración de nuevos papeles en el seno del hogar al asumir la carga económica (En la familia tradicional campesina es una obligación asumida por el hombre, dejando en la mayoría de casos, las labores de hogar y crianza a la mujer), junto con el establecimiento de una nueva relación en lo público/privado. Se ha encontrado en el caso del desplazamiento, a la mujer como la más afectada y quien asume el mandato familiar posterior a la pérdida de su pareja (1 de cada 3 familias desplazadas son encabezadas por una mujer, en la mayoría de los casos viudas), correspondiendo a un total entre el 49 y el 58% de la población desplazada, cifra que asciende a 74% si se toma conjunto con los niños [14]

Procesos de organización como resistencia

Una de las formas en las cuales se ha hecho frente a la violencia es mediante la organización en colectivos y redes de mujeres, siendo “La Ruta Pacífica de Mujeres por la Paz” y la “Organización Femenina Popular (OFP)” las organizaciones más emblemáticas en la visualización y discusión del tema. En ellas se encuentran múltiples sectores sociales: Mujeres víctimas y desplazadas, campesinas, religiosas, ONG`s, organizaciones comunitarias, cooperativas, ambientalistas, de adultos mayores, con disposición municipal o departamental cuyo objetivo es contribuir en la construcción de paz y reparación. Y es a través de estas que se han hecho exigencias diferenciadas sobre las prioridades para sus participantes: Educación para los hijos, integración a un sistema de salud, salida negociada al conflicto sin impunidad y la posibilidad de vivir sin miedo. [15]

Abrazo a la montaña. Recorrido por el suroeste de Antioquia. Andes. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

De las organizaciones rurales nombradas, cabe anotar el análisis que se realiza desde sus condiciones de mujer, campesina y víctimas de la violencia para relacionar los problemas estructurales que deben ser cambiados y actuar como sujetos de resistencia, así lo refleja una de las conclusiones de la declaración política del Primer Encuentro de Mujeres de la Zona de Reserva Campesina del Valle de río Cimitarra (ZRC-VRC), punto de encuentro de 324 personas, entre ellas 273 lideresas campesinas de la región organizadas en comités de mujeres, organizaciones sociales e instituciones locales, regionales, nacionales e internacionales, donde se logra la conformación de la Coordinadora de Mujeres de la ZRC- VRC: “Vemos entonces que somos negadas como sujetas políticas en doble vía, la primera por ser campesinas, pues sufrimos el rigor de la persecución, la estigmatización y el olvido al que ha sido sometido el campesino como sujeto político a lo largo de la historia. Pero también experimentamos la negación de nuestros derechos sociales, económicos, políticos y culturales por ser mujeres. Sin embargo, y en medio de todas estas dificultades, las mujeres de la Zona de Reserva Campesina hemos venido empoderándonos, reconociéndonos como agentes transformadores de nuestra realidad y la de otras mujeres”. [16]

I Encuentro de Mujeres de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra. Cantagallo, Bolívar. Foto: Cindy Lopera - APR.

En los territorios en disputa también se han dado formas de organización civil donde se han gestado procesos de resistencia, permanencia en el territorio, promoción de proyectos productivos que aparezcan como alternativa para la siembra de cultivos ilícitos protegiendo la seguridad y soberanía alimentaria. Estos han permitido sentar una voz de protesta frente al gobierno y han logrado generar movilizaciones a nivel nacional ganando el apoyo no sólo del sector rural, también el urbano. En varias de las organizaciones, la mujer ha tomado una voz de liderazgo y se ha vinculado como un sujeto político activo: Olga Quintero, una de las fundadoras de ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo) y ganadora del Premio Nacional de Derechos Humanos en 2015, Carmenza Gómez, presidenta de ANZORC (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina), organización que agrupa más de 60 procesos de zona de reserva campesina a lo largo del territorio nacional e Irene Ramírez, presidenta de la ACVC (Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, ganadores del premio de paz en 2010), son claros ejemplos, los cuales se suman a los avances realizados para incluir el tema de mujer y género. En caso de la ACVC, la realización de la primera escuela de mujer y género en 2015, el primer Encuentro de Mujeres de la Zona de Reserva Campesina del Valle del río Cimitarra llevado a cabo en agosto del 2017 y el establecimiento de este eje en su plan de desarrollo evidencian la importancia que ha tomado el tema y el compromiso asumido para trabajar en el mismo.

IV Campamento Ecológico en la ZRC-VRC y I Festival Campesino. Cantagallo, Bolívar. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

Mediante estas organizaciones, se ha generado un trabajo de empoderamiento, formación política y entrega de herramientas a las mujeres para abordar temáticas asociadas a las raíces del conflicto, el reconocimiento de las raíces y su relación con el territorio desde un enfoque de género. En palabras de Irina Pérez, perteneciente al equipo de mujer y género de la ACVC, “entre las herramientas que considero me ha dado la asociación están la formación política, conocer mis derechos y contar con herramientas que me han ayudado para que las mujeres de las veredas se empoderen; conocer que no sólo era buena en la casa, de criada de mi hijo e hija, sino que también podía dar en otros espacios. La organización me ha brindado la oportunidad de formarme y de cada día más quererme como mujer. En estos momentos siento que he vencido mis propios miedos: De hablar en medio de la comunidad y con las mujeres”. [17]. La importancia se encuentra también en el cambio de la percepción desde las mujeres, sus comunidades sobre el alcance y el papel que pueden ejercer, en función del género y de la preconcepción como víctimas hacia constructoras de paz y ejemplo de resistencia “Si no nos reconocen nuestro papel político y que somos nosotras las que hemos quedado no solo en la crianza de los hijos, cultivando la tierra y luchando por la vida y las que hemos mantenido el territorio cuando a los hombres les ha tocado irse a la guerra desplazados, amenazados, exiliados. Nosotras hemos mantenido el ambiente familiar”.

En el año 2000 se creó un grupo de Trabajo sobre la mujer y el conflicto armado, conformado por la ONU y su delegada como relatora sobre la violencia hacia la mujer y múltiples asociaciones civiles de mujeres afectadas por la guerra: Asociación Juana de Arco, Asociación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), Corporación Casa de La Mujer, Asociación Colectiva de Mujeres Excombatientes, Asociación Colectiva María María, Comisión Colombiana de Juristas, Fundación para la Educación y el Desarrollo (FEDES), Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA), Ruta Pacífica de las Mujeres, Organización Femenina Popular (OFP), ACVC, entre otras. Mediante el mismo se investigaron las múltiples formas que adopta la violencia durante el conflicto con el objetivo de señalar sus efectos sobre la mujer. Se cuenta también con múltiples ONG`s de protección hacia la mujer en el marco del conflicto, varias de estas conformadas por ex combatientes y mujeres víctimas de la violencia.

Se suma al trabajo realizado por las organizaciones defensoras de derechos humanos, sociedad civil, el de ONG´s y la academia en las investigaciones para sacar a luz los efectos de la guerra, haciendo de la memoria histórica un mecanismo de resistencia y búsqueda de no repetición mediante la creación de una comisión oficial “de la verdad” para esclarecer los hechos de violencia perpetuados contra la mujer ; exigir a los distintos actores el compromiso para resarcir a las víctimas y permitir la realización del duelo, además de solicitar al Estado colombiano la adecuada intervención para evitar la continuación del conflicto.

Procesos como Sisma mujer y Red Nacional de Mujeres, impulsaron una reforma para el tratamiento especial de los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto. [18], logrando de la mano con algunos sectores políticos, la aprobación de la ley 1719 de 2014 “por la cual se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado”, la cual establece que los actos de violencia sexual cometidos dentro del marco del conflicto armado se constituyan como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y actos de genocidio, evitando la extinción de tiempo para el juzgamiento de estos actos. Reconociendo los crímenes del aborto, embarazo o esterilización, desnudo forzado, esclavitud sexual y trata de personas entre otras. Mediante la misma se encuentran ventajas respecto a la legislación previa al no requerir demostrar el “uso de fuerza física” durante la comisión del delito, analizando el contexto en el cual se genera, la imposibilidad de investigación y enjuiciamiento por parte de tribunales militares y la atención prioritaria y gratuita a las víctimas, independiente de la existencia de denuncia penal en curso o del tiempo acontecido desde la agresión. Para evitar la re-victimización, se presumirá la credibilidad del testimonio de la víctima, dejando la responsabilidad de comprobar los hechos al Estado y no a quien ha sufrido estos hechos. [19]

Aunado a la parte investigativa, el papel de las organizaciones civiles, sus actos de resistencia y denuncia, han sido parte fundamental en la exigibilidad de la paz y el desarrollo de estos avances. Desde el encuentro nacional de comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas por la tierra y la paz de Colombia “el diálogo es la ruta”, realizado en el 2011 con la participación de más de 30mil personas del territorio nacional, se exhortó a la salida negociada al conflicto, llamando a los diferentes actores a una mesa de diálogo. [20]

Negociaciones de paz

En el periodo 2003 - 2006, se llevó a cabo la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la cual los paramilitares rindieron versión libre sobre los diferentes crímenes cometidos, bajo el proceso de Justicia y Paz – Ley 975 del 2005. [21]. Posteriormente, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se instaura la mesa de diálogos con la guerrilla de las FARC en el año 2012, estableciendo un acuerdo de paz cuya firma se dio en 2016, incluyendo entre sus puntos la instauración de una comisión para esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición cuyo objetivo es entregar una reconstrucción sobre causas, efectos y actores del conflicto [22]; al año siguiente se instalaría la mesa de diálogos con el ELN, la cual continúa en proceso de discusión.

En la mesa de diálogos con las FARC establecida en Cuba, se llevaría a cabo, por primera vez en el mundo, unos acuerdos de Paz con enfoque de género, con una instalación de una subcomisión de género el 11 de Septiembre del 2014 entre cuyos objetivos estuvieron revisar e incluir el enfoque de género en los puntos 1, 2 y 4 (Hacia un nuevo campo Colombiano: Reforma Rural Integral; Participación política, apertura democrática para construir la paz y; Solución al Problema de Drogas ilícitas) y acompañar la construcción de los puntos 5 y 3 (Víctimas y Fin del Conflicto). También hubo presencia de mujeres por parte de las víctimas: 60% de las víctimas que visitaron la mesa de conversaciones fueron mujeres, representando 18 organizaciones de mujeres y comunidad LGBTI, 10 expertas colombianas en la temática de violencia sexual, expertas internacionales y ex guerrilleras de diferentes partes del mundo llevaron sus experiencias para enriquecer el trabajo y generar unos resultados incluyentes. [23]

Se destacaron como ejes de trabajo 8 temas: Acceso y formalización de la propiedad rural en igualdad de condiciones; garantía de DESC (derechos económicos, sociales y culturales) de las mujeres y personas con identidad sexual diversa del sector rural; promoción de la participación de las mujeres en espacios de representación, toma de decisiones y resolución de conflictos; medidas de prevención y protección que atiendan los riesgos específicos de las mujeres; acceso a la verdad, al a justicia y a las garantías de no repetición; reconocimiento público, no estigmatización y difusión de las mujeres como sujetas políticas; gestión institucional para el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y movimientos LGBTI para participación política y social y por último, sistemas de información desagregados. Sobre estos ejes, cabe anotar la importancia que se da en re-significar el papel de la mujer víctima del conflicto; en palabras de María Paulina Riveros, participante de la comisión negociadora por parte del gobierno “Reconocer a las mujeres víctimas como ciudadanas es alejarnos de la idea de que la condición de víctima debe perpetuarse, para tenerla como persona en condición de discapacidad definitiva. El fin del conflicto es una oportunidad para que las mujeres víctimas, en su capacidad de trascender el dolor que genera el hecho victimizante, se conviertan en constructoras de paz.” [24]

Entre los mayores logros reflejados en los acuerdos frente a la situación que ha vivido la mujer en el conflicto, se encuentra la creación de un grupo de trabajo de género dentro de la comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, el cual tendrá dentro de sus funciones evidenciar las formas diferenciales sobre como el conflicto afectó a las mujeres, la preparación de audiencias de género, entre otras tareas técnicas e investigativas; además del desarrollo de planes metodológicos especializados frente a hechos de victimización contra las mujeres, población LGBTI y menores, a manos de la Unidad Especial de Investigación para desmantelamiento de organizaciones responsables de homicidios, masacres o atentados contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos. Asociado a lo anterior, se encuentra la creación de un equipo de investigación especial en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la PAZ (JEP) para los casos de violencia sexual, considerándolos delitos no amnistiables.

El reconocimiento de la mujer como sujeto político también se encuentra desarrollado en este acuerdo: En la difusión de la labor realizada y no estigmatización de la misma, junto a la promoción cultural de la participación, convivencia y paz que incluye incluso a los medios de comunicación, en el marco de una vida libre de violencia y valores sexistas en sus contenidos. Los sistemas de información desagregados por sexo, género y etnia cuentan con el objetivo de determinar la titulación de predios y relación con la tierra por parte de las mujeres, permitiendo el acceso a proyectos de legalización, restitución de los terrenos, capacitación técnica y apoyo mediante subsidios para la producción de éstos asegurando una soberanía alimentaria. Se suman las estrategias de investigación, reflexión y análisis de la realidad de las mujeres en relación con los cultivos de uso ilícito [25], pues entre sus avances se encuentra reconocer a la mujer campesina que hace parte de la cadena de recolección y producción de hoja de coca como resultado del abandono estatal ante proyectos reales que permitan una sustitución voluntaria de los cultivos. [26]

Posterior a la presentación del Acuerdo Final de Paz se inició una campaña en miras a su refrendación, mediante el plebiscito como mecanismo escogido, donde múltiples comunidades a favor y en contra del mismo participaron. El 8 de marzo de 2016, día de la mujer, se lanzó la campaña “1 millón de mujeres de paz”, proyecto cuyo objetivo consiste en promover la movilización de mujeres por la refrendación y verificación de acuerdos de La Habana y también por la construcción de la paz. [27] Con este, se reconocía a la mujer como constructora de paz, y se impulsaba a las mismas a realizar procesos de difusión, comunicación y educación política.

El Plebiscito por la Paz se llevó a cabo el 2 de octubre de 2016, requiriendo un umbral aprobatorio de 4`536.992 votos y obteniendo en total 12`808.858 (37.43% de las personas habilitadas); con un 50.21% votando por el NO a la refrendación de los acuerdos Vs. un 49.78% [28]. Ante los resultados se invitó a los principales contradictores para hacer una revisión de los puntos en desacuerdo, entre los temas de mayor discusión se encontró el enfoque de género (falsamente publicitado como “ideología de género” y sobre el cual el 50% de las propuestas de reforma fueron presentadas por el Procurador General de la nación y la iglesia católica), principalmente en los puntos relacionados con las definiciones como “enfoque de género”, “orientación sexual” e “identidad de género” y ante la solicitud para incluir el “enfoque de familia” orientado hacia la defensa de la familia tradicional conformada por hombre-mujer y limitando el reconocimiento alcanzado en el documento sólo a las mujeres (sin inclusión de los sectores LGBTI), además de reemplazar términos como “diversidad sexual e identidad de género” por “grupos en condiciones de vulnerabilidad, “género” por “sexo”” y “perspectiva de género” por “medidas afirmativas”. Los cambios no implican únicamente el uso de palabras distintas, con los nuevos términos se realiza una re-victimización de las mujeres y una estigmatización como seres en condición de inferioridad, invisibilizan las problemáticas asociadas al género junto con las propuestas originadas, por “medidas afirmativas” que implican a la población LGBTI y permiten continuar con la vulneración de sus derechos en el marco del conflicto. Finalmente, el 14 de noviembre del 2016 se presentó el nuevo acuerdo, donde se lograron incluir un 90% de las propuestas presentadas por defensores y detractores. [29]

40 mil personas se movilizaron el 7 de octubre en Medellín pidiendo que se mantengan los acuerdos de paz. La consigna que recorrió todas las calles era "Antioquia no es Uribe". Foto: Bibiana Ramírez - APR.

Con la presentación del nuevo acuerdo se inició el trabajo para su implementación, a pesar de las trabas que desde la rama legislativa se han presentado y la lentitud que impide un adecuado desarrollo de las políticas acordadas. El 10 de abril de 2017 se inició una hoja de ruta con el objetivo de poner en marcha la Instancia Especial que contribuiría al seguimiento del enfoque y garantía de los derechos de las mujeres durante la implementación, contando con el acompañamiento internacional al enfoque de género por la representante de ONU mujeres, la representante del secretario general para la violencia sexual en el conflicto y la Federación Democrática Internacional de Mujeres, FDIM. Teniendo a su cargo las recomendaciones a la CSIVI (Comisión seguimiento, impulso y verificación del acuerdo) para incorporar el enfoque de género durante la implementación normativa del acuerdo, entregar informes periódicos y establecer canales de diálogos con las organizaciones para construir propuestas. [30]

El primer informe de seguimiento al enfoque de género entregado, se centra en la implementación normativa del Acuerdo de Paz, los múltiples decretos y leyes generadas para materializar las propuestas. De estos, se consideraron inicialmente inexequibles 3 decretos, con la posterior aprobación de 2: Decreto 2204 de 2016 “Agencia de Renovación del Territorio” (No se permite el cambio al no encontrar la argumentación sobre la facultad excepcional de presidencia sobre cambio de adscripción de Ministerio de Agricultura a Departamento Administrativo de la Presidencia); Decreto 249 de 2007 “Erradicación manual de cultivos ilícitos“ (Se aprobaría en Mayo de 2017); Decreto 298 de 2017 “Unidad Nacional de Protección” (Aprobado en Junio de 2017). Entre los decretos aprobados, cabe anotar el 588 del 05 de abril de 2017 “Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición” donde en su artículo 8 anota “En el desarrollo de su mandato y de sus funciones, la CEV tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas, poblaciones o sectores en condiciones de discriminación, vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres”, entre otros donde se realiza un enfoque diferencial, el cual se mantiene también durante los planes de desarrollo de enfoque territorial (PDET) y con el reconocimiento del papel político mediante el Programa Integral de Seguridad para las comunidades y organizaciones de los territorios (Decreto 895 del 29 de Mayo del 2017 “Por el cual se crea el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”)y la integración de las mujeres al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS. Se evidencian también la creación de 3 leyes con enfoque de género: La primera, 1820 del 30 de Diciembre de 2016 “Amnistías, indultos y tratamientos penales especiales a la Fuerza Pública” donde consideran entre los delitos no amnistiables o indultables el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual. [31]

Sin embargo, el cumplimiento, principalmente por parte del Estado, no se ha realizado de manera completa, muchos de los compromisos adquiridos han quedado escritos en las leyes sin llevarse a cabo. A los 14 meses de su firma, el Observatorio de Seguimiento a la implementación del acuerdo de paz confirma que este ha avanzado sólo en un 18%; los incumplimientos más preocupantes son los relacionados con la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) y las circunscripciones para la paz, la inadecuada puesta en funcionamiento de la política de sustitución de cultivos que tuvo como punto máximo el asesinato de 8 campesinos cocaleros en Tumaco a manos de la Policía Nacional en Octubre de 2017 o el anuncio en Septiembre de 2017 por parte de ministerio de Defensa sobre realizar erradicación forzada de cultivos de coca en el Catatumbo y la persecución junto al aumento de asesinatos a líderes sociales: 74 líderes sociales desde la implementación de los acuerdos, correspondiente a aproximadamente uno por semana (últimos reportados: Nixon Mutis en el Sur de Bolívar y Leidy Amaya en Norte de Santander el día 30 de Enero de 2018) con el desconocimiento de la sistematicidad de los mismos; de ellos, el 40% perteneciente a comunidades indígenas o campesinas, 20% militantes de organizaciones de izquierda y el resto activista de causas como sustitución de cultivos ilícitos o reclamación de tierras despojadas. [32]

En cuanto al enfoque de género, se incluyeron 122 disposiciones para asegurar el liderazgo y la participación de las mujeres, abordando la discriminación estructural y el impacto que ha tenido el conflicto sobre mujeres y niñas. De estas se han completado el 6%, están en nivel intermedio de implementación el 5%, un 30% se ha realizado de manera mínima y el 59% no se han iniciado. En los espacios de Capacitación y Reincorporación, se encuentran denuncias por parte de defensoría del pueblo sobre “situaciones de relacionamiento inapropiado entre los miembros de la Fuerza Pública y niñas, adolescentes y mujeres de las comunidades. [33] En el informe emitido por el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los acuerdos de Paz, se hace un llamado de atención sobre el enfoque diferencial de etnia y género, principalmente en los puntos 1, 4 y 5 (Reforma rural y agraria, sustitución de cultivos ilícitos, víctimas), al considerar no se han cumplido en este tiempo.

Como resultado de estas preocupaciones, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño “Timochenko” envió en noviembre una comunicación a la ONU donde refuerza las inquietudes anotadas por esta institución durante la visita de verificación realizada: El estado de la reincorporación de los miembros de las FARC, la situación de seguridad en las antiguas zonas de conflicto y las incertidumbres legales para los miembros de las FARC, como resultado de las demoras en la aprobación de legislación clave en materia de participación política, así como por la revisión judicial en curso. A pesar de esto, no se han generado cambios frente al incumplimiento jurídico y el accionar estatal. [34]

El panorama político y social genera muchos interrogantes, más cuando se acercan elecciones presidenciales y del Congreso bajo una polarización de la sociedad y los múltiples candidatos respecto a este tema; el abordaje implica un estudio profundo de los determinantes del conflicto armado y la evolución de sus múltiples actores, requiriendo abordar la situación de las excombatientes, mayoría de ellas de extracción rural, las múltiples denuncias asociadas a violencia de género dentro de las filas y los nuevos retos asociados a la implementación que deben enfrentar. A pesar de las dificultades actuales, el papel de construcción de paz debe continuarse empoderando por parte de la población colombiana a través de los procesos de participación, movilización y denuncia, para transformar una realidad que suma más de 50 años afectando a todo un país.

[1Arenas, Jacobo. 1972. Diario de La Resistencia de Marquetalia. Recuperado de: http://www.cedema.org/uploads/Diario_Marquetalia.pdf

[2Breilh, Jaime. 1991. La Triple Carga. Deterioro Prematuro de La Mujer En El Neoliberalismo.

[3Red Nacional de Información. 2018. “Registro Ùnico de Vìctimas.” Recuperado de: http://rni.unidadvictimas.gov.co/RUV

[4Centro nacional de memoria histórica. 2013. Basta Ya.

[5Ibíd. P. 54

[6Ibíd.

[7Ibíd.

[8Leongómez, Eduardo Pizarro. 2015. “Contribución Al Entendimiento Del Conflicto Armado En Colombia.” Comisión Histórica Del Conflicto Y Sus Víctimas 5–98.

[9ENVISE. 2009. Campaña:“Violaciones Y Otras Violencias Saquen Mi Cuerpo de La Guerra”. Primera Excuesta de Prevalencia. “violencias Sexuales En Contra de Las Mujeres En El Contexto Del Conflicto Armado colombiano” Colombia 2001-2009.

[10CIDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2006. "Las mujeres frente a la violencia y la discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia".

[11Coomaraswamy, Radhika. 2001. Informe de La Relatora Especial Sobre La Violencia Contra La Mujer, Sus Causas Y Consecuencias, Sra. Radhika Coomaraswamy, Presentado de Conformidad Con La Resolución 2001/49 de La Comisión de Derechos Humanos. P. 21

[12CIDH. Op. Cit.

[13Coomaraswamy. Op. Cit.

[14Ibíd.

[15Telesur. 2016 "Mujeres colombianas: víctimas, combatientes y constructoras de paz". Telesurtv. Recuperado de: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Mujeres-en-el-conflicto-de-Colombia-20160722-0062.html

[16ACVC. 2017. “Declaración política: 1er encuentro de mujeres de la zona de reserva campesina del valle de río cimitarra”

[17Pérez, Irina. 2018. Entrevista

[18Ramírez, Alba Delgado. 2015. “La Situación de Las Mujeres En El Conflicto Armado Colombiano.” The Social Science Post. Recuperado de: http://thesocialsciencepost.com/es/2015/10/la-situacion-de-las-mujeres-en-el-conflicto-armado-colombiano/

[19Congreso de la Republica de Colombia. 2014. “Ley 1719 de 2014 ‘ ’por La Cual Se Modifican Algunos Artículos de Las Leyes 599 de 2000,906 de 2004 Y Se Adoptan Medidas Para Garantizar El Acceso a La Justicia de Las Víctimas de Violencia Sexual, En Especial La Violencia Sexual Con Ocasión Del Conflicto.”

[20Agencia Prensa Rural. 2012. “Memorias Del Encuentro Nacional Por La Tierra y La Paz En Colombia.” Prensa Rural. Recuperado de: http://prensarural.org/spip/spip.php?article7436

[21Anon. n.d. “La Desmovilización: El Proceso de Paz (2003-2006)” Verdad Abierta. Recuperado de: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/244-la-historia/auc/54-periodo4

[22Gobierno de Colombia y FARC-EP. 2016. “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.” Acuerdo Final de Paz P. 310.

[23Delegación Gobierno Colombia. 2016. ABC enfoque de género en los acuerdos para la finalización del conflicto armado. Equipo de paz gobierno colombiano.

[24Ibíd.

[25Ibíd.

[26Arjona, Silvia. 2018. La dignidad de las mujeres campesinas. Peace Brigades International. Recuperado de: http://www.prensarural.org/spip/spip.php?article22565

[27Telesur, Op. Cit.

[28Registraduría civil. 2016.Colombia vota plebiscito. Recuperado de: http://plebiscito.registraduria.gov.co/99PL/DPLZZZZZZZZZZZZZZZZZ_L1.htm

[29Mazzoldi, Génica; Cuesta, Irina. 2017. Acuerdo de paz, debates en torno al enfoque de género. Open Democracy. Recuperado de: http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1464

[30Osorio, Marcela. 2017. Mujeres harán seguimiento al enfoque de género en el Acuerdo de Paz. El Espectador

[31GPAZ, Grupo de Trabajo Género en la Paz. 2017. Primer informe de seguimiento al enfoque de género en la implementación normativa del Acuerdo de Paz

[32Serrano, Sebastián. 2018. "Si el asesinato de líderes sociales no es sistemático ¿Entonces qué es?". Pacifista, retrieved http://pacifista.co/si-el-asesinato-de-lideres-sociales-no-es-sistematico-entonces-que-es/

[33Kroc, Instituto de Estudios Internacionales de Paz. "Informe sobre el estado efectivo de implementación del acuerdo de paz en Colombia". Universidad de Notre Dame

[34RCN, Radio Cadena Nacional. 2017. Timochenko denuncia ante la ONU incumplimiento del acuerdo de paz. Retrieved http://www.rcnradio.com/nacional/timochenko-denuncia-ante-la-onu-incumplimiento-del-acuerdo-de-paz/