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El campesinado: lucha por el reconocimiento
Kelly Johanna Villamil / Sábado 3 de marzo de 2018
 
Familia de la vereda Carrizal, Remedios, Antioquia. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

Los campesinos y campesinas han sido un sector excluido y marginado del país, estos hechos han suscitado la reivindicación de sus derechos los cuales han sido negados desde la misma emancipación de Colombia, pues la población rural es un sector al cual se le ha vulnerado los derechos, de acceso a la tierra y por lo tanto al de la propiedad.

Así mismo, Colombia se ha caracterizado por ser un país agrario, donde perviven las comunidades con dificultades por ausencia del Estado y políticas públicas nulas, también porque su dinámica económica obedeció a la producción agrícola, con los antagonismos con las clases terratenientes y de gran producción, desarrollada en la agroindustria. Paralelo a ello se ha sustentado su capital bajo la explotación del campesinado, en calidad de arrendatarios, aparceros, peones, campesinos desempleados, y desplazados sin tierra.

En este contexto en el período de los años 20, encontramos principalmente las primeras organizaciones campesinas con propósitos como la mejora de las tierras e independencia como sujeto social y productivo. Desde los años de 1920, el campesinado reivindicaba no ser una fuerza de trabajo cautiva y sumisa, exigían como beneficio propio tener propiedad de la tierra que trabajan. El resultado de muchas movilizaciones agrarias de ese momento permitió un grado de organización para resistir a los acaparadores de la tierra, y exigir mejores salarios, y condiciones dignas de trabajo y de vida.

En ese orden de ideas las luchas agrarias que surgieron en Sumapaz, Viotá, la región del Tequendama y Córdoba, obedecen a la pauperización de las condiciones de vida de esta población por la crisis de la depresión de 1929. Sucesivamente nacen de las carencias del sector rural, y junto a ellas las primeras guerrillas de carácter liberal y luego comunista en defensa de derechos de estas comunidades, finalmente las bases que consolidan el movimiento agrarista del que luego nacerían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP), luego de la Operación Marquetalia en el año de 1964 y la agresión contra el movimiento campesino del sur del Tolima.

Guadalupe Salcedo. Desmovilización de las guerrillas del Llano en la década de los 50.

Para el proceso campesino del Cauca que inicia en los años 80, y cuyas reivindicaciones de índole local para demandar el cumplimiento de derechos básicos como la construcción de hospitales, de puestos de salud, escuelas y el mejoramiento y construcción de vías. A través de las grandes movilizaciones de los años de 1986, 1991 y 1996. Que asentaron las bases para otros procesos campesinos en la región del Cauca, los cuales trazaron nuevas acciones de lucha, como la articulación de procesos para exigir el cumplimiento de los acuerdos pactados con los gobiernos. Del mismo modo, tiempo después en el año 2013 varias organizaciones participan del paro agrario. Como resultado de este proceso nace en el departamento del Cauca la mesa de negociación Mesa de Interlocución Agraria (MIA), en la cual se presentaron propuestas políticas y reivindicatorias, las cuales además de ser un insumo para la agenda de negociación con el Gobierno nacional, se discuten hoy y hacen parte de la Mesa Campesina del Cauca CIMA/CNA-FENSUAGRO-PUPSOC.

Propuestas en torno a la problemática de tierras, territorios, identidad cultural, salud, educación y todo lo que atañe al campesinado. Como al reconocimiento a sus derechos como sujetos políticos, como sujetos culturalmente diversos, este proceso por parte de las organizaciones como FENSUAGRO, CORDINADOR NACIONAL AGROPECUARIO, (CNA), Asociación Campesina de Inzá Tierradentro – ACIT. Quienes por más de 4 años han exigido el cumplimiento del Estado y el Gobierno, propuestas que se direccionan a la inclusión de estos en la vida política, económica, social y cultural del país.

Por consiguiente, estas organizaciones en el mes de noviembre de 2017 interpusieron una tutela que buscaba, en principio se les incluyera y se les contara en el Censo de Población y Vivienda de 2018, con su categoría de auto reconocimiento, como 7 peguntas diseñadas por el ICANH, las cuales dan cuenta de su situación como población campesina. El cual es un compromiso del Ministerio del Interior, DANE, Ministerio de Agricultura, en compañía del ICANH y la Mesa Campesina Cauca, para permitir su participación e inclusión en las estadísticas oficiales, las mismas que los han ignorado por siglos, y que los excluyó en el Censo Nacional Agropecuario de 2014.

Resistencia en el corredor Puerto Vega - Teteyé, Putumayo. 2014

Bajo este contexto la tutela con el lema “para que el campesinado cuente, debe ser contado”, recoge la reivindicación que por años el campesinado ha luchado, luego de la constitución política de 1991, bajo la figura de productor agrícola, les negara con plenitud condiciones que van más allá de solo la categoría de productor en el campo.

Han sido largos años de lucha y deuda histórica que el Estado, la sociedad y los sucesivos gobiernos tienen con el campesinado, como la realización de una reforma agraria, desarrollo rural, entrega de tierras o baldíos para estas comunidades campesinas sin tierra, posibilidades de competencia de sus productos en la escala económica, desarrollo y adecuación de infraestructura, vías, colegios, escuelas, universidades, hospitales, educación pertinente que preserve su cultura y saberes de los campesinos. También el reconocimiento de sus formas de organización y modos de vivir en comunidad, como su ordenamiento territorial con las Zonas de Reserva Campesina, las mismas que están en la legislación colombiana, Ley 160 de 1994.

El campesinado ha sido históricamente un sujeto, un actor resistente de los modelos económicos, del avance y mutación del neoliberalismo, de las crisis del capitalismo, y sus constantes contradicciones, de los mismos cambios en las estructuras de las ciudades, dada esa división campo-ciudad, que mezquinamente los observa como una clase pobre, atrasada, de la cual se desconoce si realmente existen y cuántos son, si poseen características particulares, si los desplazados siguen siendo campesinos, si el campo aún sigue produciendo alimentos. Como también del modelo de economía agroindustrial, si bien para el campo se idealiza que el campesinado sea mano de obra, peón de los procesos productivos de la economía de gran escala, dándole así un factor de vocación que lo reduce a ser un productor, un trabajador agrario, privándolo de su identidad, cultura, y de los procesos propios productivos del campo en la economía campesina, familiar diferente a la del gran industrial.

La estructura social y cultural también lo ha intentado invisibilizar, dado los procesos de gran urbanización pensados en acabar con el campo, bajo discursos de “unificar la ciudad y el campo”, o “romper brechas”, genera, la proletarización y nuevas formas de culturas hacia el campesinado. Sin embargo se observa campesinos, atuendos, y su expresión física. Pero dado más allá de un estereotipo, hay una pervivencia del ser campesino, hay una cultura llena de saberes y conocimientos que el Estado ha desvalorizado, y con sus políticas públicas ha intentado desaparecerlo.

Día del campesino, 2014. Puerto Valdivia, Antioquia. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

Por otro lado la gestión de la administración pública y por lo tanto sus planes, programas y proyectos han desmejorado las condiciones del campesinado y el campo debido a la exclusión de estos actores en la participación y construcción de los planes de desarrollo para sus territorios, donde no hay un enfoque rural, que obedezca a las necesidades del campesinado, igualmente a los planes de ordenamiento territorial; los cuales carecen de delimitar los suelos rurales de los urbanos, como la vocación apta del suelo, sus limitaciones, y las actividades que desarrollan allí. A consecuencia de ello una tasa alta de pobreza (40%) en lo rural, informalidad de la tierra, sin créditos, ni apoyo técnico, y por lo tanto modelos de POT pensados desde lo urbano. Por tanto los planes que permiten la integración territorial, la gobernanza territorial, el buen manejo de los recursos naturales los cuales los campesinos han sido históricamente conservadores, protectores, y guardianes; pero que en la visión de la legislación y los planes de las instituciones los categorizan de ser depredadores del medio ambiente y sus recursos. Ignorando que históricamente el campesinado se organizó alrededor de los recursos naturales, dado su relación con este entorno, su cuidado y manejo de los recursos naturales. Categoría que determina en parte al campesinado, desconociendo otras dimensiones que lo identifican. Así, las políticas públicas emitidas por el Estado y sus instituciones para incluir al campesinado en el mejoramiento de sus condiciones materiales han sido nulas, dado que sus instrumentos de gestión los excluye, y desconocen las condiciones socioeconómicas, culturales, sociales, e históricas del territorio y del campesinado.

Como consecuencia de las razones expuestas anteriormente se debe recalcar la importancia del mundo campesino, porque son comunidades que existen y que han peleado por conservarse, por ser escuchadas y tenidas en cuenta en la toma de decisiones. Por ello la tutela que interpusieron buscaban como lo dije anteriormente ser contados en el CENSO, a lo cual en el fallo de primera instancia lo niega; argumentando la dificultad del DANE por tiempo y presupuesto de realizar en términos establecidos la elaboración de un formulario con estudios que permitieran determinar la viabilidad del documento del ICANH, también porque según el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en Sala de Decisión Penal; el ICHAN no brindo un concepto final de campesino, negando de esta forma la protección material del campesinado. En palabras más o menos, hay un desconocimiento por parte del Tribunal con el fallo, con el cual pierde el campesinado por mezquindad e ignorancia ser contados en el CENSO, a lo cual pasaran 10 o 13 años de ser incluidos y contabilizados finalmente.

Sin embargo no todo acaba ahí, en la sentencia STP 2028-2018 de segundo fallo, del 16 de febrero del 2018: el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia fue más favorable, si bien no se incluirán ni contaran al campesinado en este CENSO 2018, abre un escenario en el cual determina:

1. Hacer un llamado de atención al Ministerio del Interior, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, a la Presidencia de la República, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para que elaboren estudios complementarios al Censo Agropecuario 2014 y al Censo Poblacional 2018.

2. A delimitar a profundidad el concepto “campesino”.

3. Contabilizar a los ciudadanos que integran ese grupo poblacional y además que, en cabeza del Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior [1], se identifique la situación actual de la población campesina y se apoye la formulación y seguimiento de planes, programas y políticas públicas que permitan la materialización del derecho fundamental a la igualdad material que le asiste al campesinado colombiano” [2]

Fallo que también reconoce al campesinado como un sujeto especial de protección constitucional, por lo tanto es un sujeto beneficiario de acciones afirmativas, como grupo vulnerable a la cual el Estado debe amparar y promover. Por consiguiente se les deberá garantizar por medio de acciones afirmativas; es decir a través de políticas de igualdad la aplicación de sus derechos, y unas mejores condiciones que permitan reducir la discriminación de este grupo poblacional.

No obstante a pesar de la timidez de los dos fallos: el del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y de Corte Suprema de Justicia, de no haber permitido la pretensión de ser incluidos y contabilizados en el censo 2018, no carece que este nuevo pronunciamiento, pida a las instituciones realizar los avances necesarios para incluirlos y contarlos en un próximo censo, o bien de realizar un instrumento que posibilite caracterizar, incluir y contabilizar al campesinado. Como también avanzar en caracterizar su situación y realizar políticas públicas, por medio del Grupo de Asuntos Campesinos del Ministerio del Interior; el cual se creó por el decreto 1817 de 2017. Aún más terminando la semana pasada con la retoma de la mesa interministerial a la cual se les hizo estas claridades, y que enfáticamente se les critica por la falta de voluntad política, como a su negativa de asistir a estas reuniones con funcionarios de carácter decisivo, caso de varias entidades, como la negación de acudir como lo hizo el Ministerio de Agricultura, quien se excusó de no poder asistir. Las organizaciones campesinas de la Mesa Campesina del Cauca, seguirá exigiendo el cumplimiento de los acuerdos, como su reconocimiento pleno en el ámbito jurídico y de movilización.

Finalmente en plena implementación de paz, esperamos que la decisión de la CSJ, mengüe los efectos de las condiciones de los desplazados, del campesinado sin tierra y poca tierra, la carencia de inversión en el desarrollo rural, su asistencia técnica, como los conflictos de índole intercultural por el uso y tenencia de la tierra entre comunidades; como es el caso de las comunidades campesinas con los Bari en la región del Catatumbo. Como la realización de la Reforma Rural Integral, con todos sus componentes y la transformación estructural de los territorios más abandonados por las políticas públicas del Estado.

[1Creado mediante Resolución 1817 de 2017.

[2Sentencia STP 2028-2018 Corte Suprema de Justicia