Ministro de Posconflicto, Rafael Pardo recibe matas arrancadas por campesinos de la vereda Caño Indio, Tibú región del Catatumbo en Norte de Santander.

Cuando suscribimos el acuerdo sobre la solución al problema de las drogas ilícitas veíamos en el horizonte una solución cercana, hoy, la realidad nos muestra indicadores poco alentadores. ¿Qué ha pasado después de todo? Que el Estado no está cumpliendo fielmente lo pactado.

Después de un año ni se ha iniciado el tratamiento del consumo como lo señala el Acuerdo, ni se ha desarrollado la estrategia contra las estructuras criminales del narcotráfico y del lavado de activos, ni se tiene la ley de tratamiento penal diferencial para productores y la sustitución de cultivos de uso ilícito no está ofreciendo los resultados esperados.

Hay problemas nodales que están afectando la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito: en primer lugar, hay una implementación desigual (en tiempos, recursos, prioridades…), fragmentada y desarticulada de lo acordado, en segundo lugar, están in crecentes los problemas de seguridad para los líderes sociales y para los delegados de las FARC en el PNIS; y, en tercer lugar, el incumplimiento del gobierno a las familias comprometidas a dejar los cultivos de coca, que en algunos municipios ya retiraron totalmente sus plantíos y no ven aún los proyectos productivos alternativos para sustituir los ingresos.

En los municipios piloto de sustitución de cultivos, que fueron declarados así por la Presidencia de la República, creíamos ver florecer pujante la nueva esperanza para resolver el problema de la producción de las drogas ilícitas. Después de un año, no se han implementado ni los proyectos agroalimentarios de un millón ochocientos mil pesos.

Lo más preocupante, por decir un ejemplo, es que en municipios como Uribe, Meta, han pasado seis meses luego de que más de 400 familias cultivadoras de coca retiraran sus plantaciones y hasta ahora no hay proyectos productivos que sustituyan los ingresos derivados de la producción de la pasta base de coca, manifestándose el riesgo de que estas familias retornen a la producción ilícita.

En lo que corresponde a los recolectores estos no han recibido un solo peso quedando en total orfandad al perder sus ingresos derivados de la raspa de hoja de coca. Para agravar el asunto y generar más incertidumbre el gobierno ha cancelado los pagos a familias no cultivadoras que de alguna manera dependían su economía familiar de actividades conexas a la producción de drogas o son familias que les fueron erradicados sus cultivos manualmente o por aspersiones aéreas en años anteriores quedando en la extrema pobreza.

Amén de lo anterior, donde quiera que hay cultivos de uso ilícito hay graves problemas de seguridad por la presencia de estructuras criminales al servicio del narcotráfico que vienen amenazando a quienes promovemos el PNIS ya sean líderes sociales o ya sean integrantes de la FARC. Según lo ha señalado el Doctor Diego Mora, director de la Unidad Nacional de Protección UNP, la mayor solicitud de protección de líderes sociales proviene de aquellos que se encuentran en zonas cultivadoras de coca que están dentro del PNIS y la mayoría de líderes sociales muertos son precisamente en esas áreas. Urge el diseño e implementación de medidas especiales de prevención y protección para garantizar las condiciones de seguridad para las comunidades y territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.

Todo lo anterior pone en evidencia que si no hay efectivamente políticas integrales, sino la sola sustitución de las plantas de coca, el programa está definitivamente al borde del fracaso. Atacar estos problemas demanda políticas públicas que se complementen y sean efectivas. Del mismo modo establecer mecanismos de monitoreo y seguimiento de impacto local, regional, nacional e internacional sobre el desarrollo del PNIS.

La solución al problema de las drogas ilícitas requiere de un gran esfuerzo de inversión y de apoyo institucional bajo una estrategia clara y transformadora de los territorios afectados por los cultivos de coca. Requiere de la planificación estratégica efectiva para revertir las causas del problema y de la voluntad política para implementarla. De lo contrario, seguimos dando palos de ciego.

Así mismo, es imprescindible cumplir lo pactado en La Habana sobre el desmonte de las estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, acciones efectivas contra la corrupción generada por el narcotráfico y la persecución de esas estructuras y de los grupos de poder nacional y transnacional encargados del lavado de activos.

Avanzar rápidamente para cumplir la deuda histórica del Estado con las comunidades es una responsabilidad de primer orden de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito PNIS y de la Oficina del ministerio del Pos Conflicto. En ese sentido, es necesario que la cooperación internacional se articule también con la FARC y las comunidades para darle mayor integralidad a los compromisos, propósitos y garantía de cumplimiento.

Al ritmo y de la manera que vamos nos desbordará una realidad que apenas se interviene superficialmente.

Lanzamiento programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en ZVTN de Caño Indio, mayo de 2017: