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Política de sustitución de cultivos: nos asesinan y judicializan
Convocamos reunión extraordinaria nacional de nuestra coordinación el 4 de abril.
 
Campesinos de la vereda Caño Indio, Tibú, Norte de Santander entregaron matas de coca al ministro Rafael Pardo. 2017. Foto: Agencia Prensa Rural.

El proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores presentado por el Gobierno sepultará definitivamente el Programa Nacional de Sustitucion de Cultivos, PNIS.

Una vez más un cultivador, padre, esposo y amigo es asesinado ante nuestro grito impotente y el silencio del Estado. El cuerpo sin vida de nuestro compañero José Herrera fue hallado en las horas de la tarde-noche del 22 de marzo en la vía que conduce de Valdivia a Hidroituango, en un paraje llamado Filadelfia, en Antioquia. José era un líder de sustitución que impulsó la conformación de la coordinadora departamental de Antioquia y fundador de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, ASOCBAC. Con él, son 29 los integrantes de la COCCAM, suscritos al programa de sustitución asesinados en tan sólo un año y dos meses de nuestra conformación.

La crisis humanitaria que se viene profundizando en los diferentes territorios, es una de las alertas que como coordinación hemos expuesto de manera alarmante al Gobierno Nacional sin respuestas contundentes e integrales a las denuncias y solicitudes. A esto se le suma la inmovilidad de las instancias de dirección y concertación del programa, y la desfinanciación del mismo. Razones por la que en los territorios no se haya avanzado en la sustitución, y empezamos a observar un panorama de incertidumbre e inseguridad frente a la continuación de la acciones de sustitución que con esperanza hemos iniciado, queremos mantener y terminar de implementar de manera exitosa.

Sin embargo, a lo largo del último año el gobierno de los Estados Unidos envió mensajes de presión al Gobierno Nacional, principalmente en torno al recorte de la ayuda económica para la lucha contra las drogas y bajo el argumento del incremento de los cultivos de coca en el país. El
17 de marzo del año en curso, el Departamento de Estado presentó el “Reporte sobre la Estrategia Internacional para el Control de los Narcóticos”, donde se sigue presentando un incremento en los cultivos en un 42% frente al 2014. Como si fuera coincidencia, tres días después, el 20 marzo de 2018, mientras José era desaparecido en el territorio en el que lideraba los procesos de sustitución, el Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de justicia Enrique Gil Botero, presentó ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia, el proyecto de ley por el cual se desarrollaría el Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores, cuyo contenido evidencia el desconocimiento del trabajo que se está realizando en los territorios y a nivel nacional en los espacios de interlocución, y que genera es un instrumento para una persecución judicial más fuerte contra los y las cultivadoras.

Este proyecto, cuyo objeto plantea “establecer las medidas de un tratamiento penal diferenciado, transitorio y condicionado, para los cultivadores de plantaciones ilícitas en pequeña escala, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 5 transitorio del Acto Legislativo No. 01 de 2017 y en el numeral 4.1.3.4” termina excluyendo del beneficio judicial a quienes ya se han acogido o pretenden acogerse al PNIS, y a quienes conserven o financien plantaciones de cultivos de coca superiores a 1.78 hectáreas, desconociendo la caracterización e información -con la que ya cuenta el gobierno nacional- del estudio adelantado por la Dirección de Sustitución de Cultivos de Usos Ilícito, que definió en un máximo de 3.8 hectáreas como el área mínima de siembra de cultivos para que una familia pudiera subsistir, y que conllevaría a una persecución penal en los territorios si se aprueba la norma tal como ha sido propuesta.

Por lo tanto, la presentación de este proyecto se constituye en una traición flagrante a los campesinos, afrodescendientes e indígenas que pusieron su confianza en el proceso de paz al inscribirse en el programa, a las organizaciones en los territorios que han asumido al pie de la letra el Acuerdo Final para promover la implementación del punto 4 “solucion al problema de las drogas ilicitas”, con la incertidumbre jurídica a la que nos vemos sometidos, principalmente de las comunidades y líderes quienes depositaron la información del número de hectáreas cultivadas en el marco de la firma de los acuerdos colectivos de sustitución. Tememos que esto se configure en una prueba judicial comprometiendo la libertad de los pequeños cultivadores.

En efecto, el desarrollo normativo no responde a lo establecido en el numeral 4.1.3.4 que dice: “…el Gobierno se compromete a tramitar los ajustes normativos necesarios que permitan renunciar de manera transitoria al ejercicio de la acción penal o proceder con la extinción de la sanción penal contra los pequeños agricultores y agricultoras que estén o hayan estado vinculados con el cultivo de cultivos de uso ilícito… cuando manifiesten formalmente ante las autoridades competentes, su decisión de renunciar a cultivar o mantener los cultivos de uso ilícito… El ajuste normativo deberá reglamentar los criterios para identificar quienes son los pequeños agricultores y agricultoras de cultivos de uso ilícito”.

La propuesta normativa debería recoger por un lado los Acuerdos realizados en el Consejo Permanente de Dirección, donde los voceros de las organizaciones nacionales que vienen participando han realizaron aportes y recomendaciones al proyecto de ley desde el año pasado, manifestando que los pequeños cultivadores son aquellos que poseen menos de seis hectáreas, dado que los ingresos que perciben las familias con esta área son los mínimos para garantizar su subsistencia; de otra parte con Cumbre Agraria se ha venido trabajando una ruta con los ministerios de justicia, del interior y la fiscalía para desjudicializar a cultivadores presos en razón de los cultivos de usos ilícitos, un acuerdo que no ha sido cumplido teniendo en cuenta el alto número de personas privadas de la libertad de las comunidades. El tratamiento penal diferencial debe entonces generar condiciones en las que se pongan en libertad a cultivadores y cultivadoras, y en las que se prevengan futuras judicializaciones y privaciones de la libertad y no para pretender judicializar a mas humildes campesinos.

Ante este panorama, los líderes y lideresas de la COCCAM, hemos iniciado de manera inmediata un ejercicio de socialización y consulta en las regiones para definir si se suspende nuestra participación en el programa PNIS ante la falta de garantías, la crisis humanitaria y las implicaciones que tiene este proyecto de Ley en un futuro inmediato y convocamos reunión extraordinaria nacional de nuestra coordinación el 4 de abril de 2018.

Exigimos al Gobierno Nacional el retiro del proyecto de Ley como una de las garantías para las comunidades y para la implementación exitosa del punto 4. Así mismo, demandamos las acciones pertinentes de investigación, prevención y protección, sobre todo para quienes lideran los procesos en territorio y quienes están siendo víctimas de los grupos armados que controlan los mismos.

Hacemos un llamado a los congresistas actuales y a quienes fueron elegidos en los últimos comicios, para que no den trámite al proyecto, hasta que se realice la concertación entre la COCCAM y el gobierno nacional del proyecto de Tratamiento Penal Diferenciado.

Finalmente, proponemos la instalación de una mesa de concertación para la construcción de la ley que recoja los elementos trabajados en los diferentes espacios con las instituciones y que garanticen una seguridad jurídica para líderes y comunidades en el marco de la sustitución de cultivos de uso ilícito.