Ambiente y petróleo
/ Lunes 9 de abril de 2018
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Con la tragedia socio-ambiental por el derrame petrolero en el pozo Lisama 158, cerca de Barrancabermeja, con la responsabilidad de Ecopetrol, se revive la discusión sobre la dependencia de los hidrocarburos y la llamada energía fósil y su impacto sobre nuestro territorio.
En la historia mundial de desastres petroleros, están los derrames del Exxon Valdez en Alaska en 1989, donde se vertieron al mar 11 millones de galones, y el del BP Deepwater Horizon en el Golfo de México en 2010, donde se derramaron al menos 13 millones. Estos después de tantos años siguen impactando ambientalmente amplias zonas aledañas.
Ya en el 2012 Greenpeace, afirmaba que alrededor de 3.800 millones de litros de petróleo se vertían cada año a los océanos como consecuencia de las actividades humanas. 22% por descargas de los barcos, 12% por derrames de los buques, 36% a través de aguas residuales y el resto por diversas causas.
En cuanto al ser humano se afirma que el contacto del petróleo con su organismo, puede darse por absorción por la piel, el consumo de alimentos, comestibles y bebidas, y por último por inhalación en la respiración. Esto en mayor medida en las zonas de explotación.
Tenemos que resaltar que el impacto ambiental comienza en sus labores de sísmica, exploración y posterior adecuación de los terrenos para la respectiva extracción.
La exploración, extracción, transporte, refinamiento, derrames accidentales y provocados, fugas, filtraciones, lodos, expendios de combustibles y el consumo de petróleo en sus diferentes presentaciones y/o derivados, acarrean graves procesos de deterioro y contaminación de fuentes de agua, de la flora y fauna, sin olvidar el impacto paisajístico y desplazamiento de comunidades campesinas.
Es necesario reseñar que la contaminación del petróleo y sus derivados, no solo impactan las áreas superficiales sino por igual puede llegar a las aguas subterráneas y acuíferos.
Por otro lado, según estudio de la Contraloría General de la República, 2014, se señala que en el Censo Nacional de 2005, la población con las Necesidades Básicas Insatisfechas, NBI, en los departamentos extractores es de 45% y en los no extractores es solo de 28%.
En ningún departamento o municipio donde se ha venido realizando extracción petrolera y minera, se ha garantizado el mejoramiento integral de la calidad de vida de sus habitantes. Lo que ha sucedido, es la descomposición social, enajenación de la tierra, la aparición y generalización de enfermedades provocadas por la contaminación, encarecimiento constante de la canasta familiar y empobrecimiento de sectores sociales por la exclusión.
En los últimos años, ante las evidencias del deterioro socio-ambientales provocado por la explotación minera y de hidrocarburos, se han venido realizando consultas populares que buscan frenar dicha actividad en al menos 44 municipios de la geografía colombiana.
La discusión sobre qué modelo de sociedad queremos y qué tanto tenemos derecho a decidir sobre nuestro territorio, seguirá por buen rato, mientras que la crisis ecológica planetaria se agrava.