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Comunidad denuncia que Infantería de Marina cede control de navegación a paramilitares en Represa de Urrá
Comunidad de Paz de San José de Apartadó / Miércoles 11 de abril de 2018
 

La persistencia de políticas estatales de carácter criminal, las cuales, aunque sean negadas reiteradamente por el Gobierno y las instituciones del Estado colombiano, se continúan desarrollando en la realidad y de ninguna manera pasan desapercibidas para las víctimas, quienes tenemos que sufrir sus consecuencias desastrosas de manera permanente.

El 30 de marzo de 2018, Viernes Santo, cuando un numeroso grupo de integrantes de nuestra Comunidad de Paz se desplazaba entre las veredas La Esperanza y Mulatos Medio, en un recorrido por los caminos ensangrentados de nuestras montañas donde el Estado colombiano ha masacrado a centenares de nuestros compañeros, caminos que habitualmente recorremos en memoria de la Pasión de Cristo reproducida en la Pasión de nuestro pueblo y de nuestra comunidad, pudimos encontrar un campamento de paramilitares en terrenos de la finca del señor Muñoz. El testimonio fotográfico de este hecho lo difundimos pocas horas después por las redes sociales.

El domingo 1 de abril de 2018, cuando un grupo grande de integrantes de nuestra Comunidad de Paz regresaba del recorrido del Viacrucis hacia San Josesito y otras veredas, pudo comprobar la presencia de un conjunto de paramilitares en la vereda Mulatos Cabecera.

Durante la última semana (primera semana de abril) han llegado mensajes de los paramilitares asentados en la vereda Playa Larga, donde se ubica su asentamiento central, en los cuales se conmina a los líderes de nuestra Comunidad de Paz a entrar en contacto con los líderes paramilitares con el fin de llegar a acuerdos con ellos, o de lo contrario procederán a asesinarlos. Ponen como ejemplo el de juntas comunales o campesinos y finqueros de la región, quienes luego de muchas reticencias se han visto forzados a negociar con ellos y a someterse a sus directrices y planes para poder vivir tranquilos.

Testimonios recogidos en la zona de la Represa de Urrá, en Tierralta, Córdoba, donde nuestra Comunidad de Paz tiene varios asentamientos, muestran que el control de navegación en la represa durante la noche es cedido por la Infantería de Marina a los paramilitares, prohibiendo todo tránsito a la población civil, pero se escucha el ruido de muchos motores, lo que revela que el narcoparamilitarismo domina el escenario por las noches para actividades ilícitas. Esto coincide con un dominio total del paramilitarismo sobre la población de las veredas aledañas, lo que ha llevado a muchos pobladores a tomar la decisión de desplazarse.

Lamentablemente las instituciones del Estado colombiano y los medios masivos de desinformación siguen respondiéndole a la comunidad internacional que “no existen ya grupos paramilitares”; que ellos son realidades del pasado ya desaparecidas. Así le mienten al mundo entero y buscan así proyectar la imagen de un país falsamente pacificado. Ni las autoridades administrativas ni las judiciales actúan en ninguna medida contra esos grupos y no les importa en absoluto el clima infernal de zozobra y amenaza que grandes masas de campesinos y sectores marginados tenemos que soportar por sus imposiciones, amenazas y agresiones.

En cuanto al desempeño de la justicia, es revelador que la Fiscalía General de la Nación, en respuesta a entidades internacionales, haya informado que la captura de los dos paramilitares que fueron inmovilizados y desarmados por miembros de nuestra Comunidad de Paz el pasado 29 de diciembre, para impedir que asesinaran a nuestro Representante Legal y a otros miembros del Consejo Interno de nuestra Comunidad, fueron ilegalmente capturados porque “fueron violados sus derechos fundamentales” y por tal razón dejados en libertad por el Juez Promiscuo Municipal de Apartadó a petición del Fiscal 97 Seccional, y que la demanda que dichos paramilitares pusieron contra nuestra Comunidad por “secuestro”, está en trámite bajo el Radicado 05001600784201800001.

Mientras en las dos décadas pasadas a los funcionarios judiciales no les importó nada la violación de los derechos fundamentales de varios centenares de ejecutados de nuestra Comunidad y de nuestro entorno, la mayoría por agentes del Estado, ni el aniquilamiento de los derechos de los millares de desplazados, despojados, torturados, amenazados, desaparecidos, estigmatizados y humillados por esos mismos victimarios que nuestra Comunidad ha padecido, quedando los poquísimos procesos abiertos en total impunidad, ahora sí están prestos esos funcionarios a denunciar y procesar supuestas violaciones de derechos de los paramilitares asesinos, “derechos” que no encuentran otra posible formulación sino la del derecho a matar a nuestros líderes. ¿Podrá interpretarse de manera diferente el tratamiento de este caso por parte de fiscales y jueces, que no sea un aval y solidaridad con los asesinos, puesto que lo que ellos califican como “violación de sus derechos” no es más que el acto de inmovilizarlos y desarmarlos para impedirles disparar, y retenerlos hasta que una autoridad nacional se encargara de su custodia?

Es decir: respetar sus derechos consistía, para fiscales y jueces, permitirles matar y el no dejarnos matar fue, para fiscales y jueces, una violación de los derechos de los asesinos. 21 años de experiencia de inutilidad de las denuncias en el sistema judicial para defender la vida, es una experiencia que nos impide leer sus decisiones de otra manera.

Por otra parte, a la Corte Constitucional, en su Auto 693/17 de seguimiento a la Sentencia T-1025/07 que defendía los derechos de nuestra Comunidad, se le ocurrió que la mejor manera de enfrentar el fenómeno paramilitar que afecta a nuestra Comunidad de Paz, era remitir los casos a la unidad especial de investigación para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, creada en el Acuerdo de Paz (3.4.4) y reglamentada en el Decreto 898 del 29 de mayo de 2017. La Fiscal encargada de dicha Unidad se atreve a afirmar que, en todo este año, desde la creación de la Unidad, “no se tiene conocimiento acerca de conductas punibles que atenten contra integrantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó”. Si se tiene en cuenta que este año ha sido aterrador por el accionar intenso del paramilitarismo en nuestra región, hay que preguntarse entonces dónde y cómo se informa dicha Fiscal. Nuestras constancias están en las redes sociales, en los tribunales penales internacionales, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en el Cuerpo Diplomático, en la Presidencia de la República, en numerosos organismos humanitarios universales, en comunidades hermanadas en muchos países y en muchas franjas de ciudadanos del mundo que aún conservan principios de ética universal. Pero la mencionada Fiscal, como se deduce de sus ofertas, sigue aferrada a los formalismos jurídicos diseñados para dejar impunes todos los crímenes; sigue aferrada al testimonio como “medio probatorio”, como ignorando que en muchas décadas pasadas el testimonio fue manipulado por militares, paramilitares, políticos y delincuentes para construir millones de procesos falsos, con testimonios producidos por el soborno, la amenaza y el chantaje; sigue aferrada a descargar toda la carga de la prueba en las víctimas, sin importarle nada los riesgos que estas corren y el uso que hacen los criminales adinerados y sostenidos por el poder del Estado, para ejercer represalias contra las víctimas denunciantes; sigue aferrada al sesgo político e ideológico que impulsa a buscar delitos sólo en las franjas críticas del Estado y de la clase política dominante; sigue aferrada a una justicia que no respeta la imparcialidad ni la independencia y que pisotea los principios que no encuentra útiles para sus sesgadas condenas o absoluciones. En síntesis, la Fiscal tan alardeada es una simple reproducción del modelo de fiscalías que viene del pasado, que le ha prestado los mayores servicios a la impunidad y a la arbitrariedad judicial. Nada confiable. Todo deplorable.

Nuestro dolor de patria crece sin descanso y de nuevo agradecemos a las organizaciones, grupos, comunidades y personas que desde muchos rincones del país y del mundo nos siguen dando ánimo en nuestra resistencia, para no claudicar frente a principios de elemental dignidad.