En el transcurso de 2018 hemos visto la reactivación del conflicto armado interno entre el Estado y la guerrilla del ELN, entre esta guerrilla y la del EPL, y la escalada violenta por parte de las llamadas disidencias de la antigua guerrilla de las Farc y de los grupos paramilitares, en contextos donde predominan las economías ilegales y el abandono estatal en materia de inversión social.

En el periodo del presente SOS -1 de febrero al 4 de mayo- registramos 124 hechos violentos en 21 departamentos, entre violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones a los derechos humanos, teniendo la mayor incidencia el departamento del Cauca con 34 hechos, seguido de Antioquia con 21, Norte de Santander con 11 hechos, entre ellos la grave situación derivada del paro armado decretado por el EPL y el ELN. También se presentaron hechos violentos en Bogotá, 9; Nariño 8; Cesar 6; Bolívar, 5; Santander 5; Valle 5 y los hechos restantes en Putumayo, Risaralda, Tolima, Guajira, Caquetá, Atlántico y Arauca.

En relación con los homicidios, en el periodo recibimos denuncias de 46 hechos que cobraron la vida de 60 víctimas, entre ellas ocho policías asesinados en un atentado con explosivos cuando escoltaban a funcionarios de la unidad de víctimas y restitución de tierras a manos de paramilitares del llamado Clan del Golfo o Urabeños. El ataque iba dirigido contra una juez que acompañaba la comisión para una tarea judicial, según informaron el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Otro suceso terriblemente doloroso del periodo fue el asesinato de dos periodistas y un conductor del diario ecuatoriano El Comercio en zona de frontera con el vecino país por parte de la organización delincuencial comandada por Alias Guacho, que se autodenomina “Frente Oliver Sinisterra disidencia de las Farc”.

Además de estos 11 homicidios, entre el 1 febrero y el 4 de mayo registramos 32 asesinatos contra defensores de derechos humanos, quienes como lo señala el informe trimestral del Programa Somos Defensores [1] continúan enfrentando el riesgo más alto en el contexto de la violencia y el conflicto, razón por la cual hemos presentado una comunicacaión ante la Corte Penal Internacional para que investigue estos asesinatos en Colombia [2]. Por otra parte, también registramos ataques contra funcionarios públicos, periodistas, pobladores y pobladoras y excombatientes.

En relación con los atentados, en el periodo del actual SOS, recibimos denuncias de 8 casos que comprometieron la integridad de 12 víctimas, dos de ellos en el Cauca y los restantes, uno en cada caso, en Bolívar, Bogotá, Caquetá, Cesar, Norte de Santander y Santander. Los atentados tuvieron como objetivo a cinco defensores de derechos humanos, cuatro de ellos líderes comunitarios y un sindicalista. También fue víctima de atentado un preso político del ELN.

En cuanto a la las amenazas, en el presente SOS registramos 21 contra 48 víctimas. Este sigue siendo la forma de ataque más extendida, no sólo contra quienes ejercen liderazgos sociales sino contra organizaciones enteras como en el caso de la amenaza colectiva contra la Red de Derechos Humanos, Francisco Isaías Cifuentes, Reddhhfic, Organización Juvenil Juventud Rebelde Cauca, y la Federación de Estudiantes Universitarios FEU, Cauca que fue remitida desde un perfil de Facebook el pasado 24 de febrero. El departamento del Cauca con 8 casos, seguido de Bogotá, con 3 y Norte de Santander con 3 fueron los sitios donde se presentaron el mayor número de amenazas del periodo.

De igual forma, recibimos denuncias de 20 casos de abuso de la fuerza pública, protagonizados por agentes de la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, y guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, pero también de la Fiscalía en el caso de las capturas masivas en varios municipios de Nariño y en la ciudad de Cali. Pero también en el caso de allanamiento en el sur de Bogotá, a la Asociación Comunidad y Vida, el 16 de febrero anterior, donde se presentaron irregularidades.

Cuatro de estos casos se presentaron en el departamento del Cauca, donde se reprimió de manera violenta una protesta de mototaxistas en Popayán, en Caloto, por otra parte, se realizó un operativo militar con disparos indiscriminados y gases lacrimógenos contra una instalación civil en el cual resultaron heridas varias personas y una de ellas murió. También en Caloto se ejecutó un desalojo forzado por parte del Esmad de una comunidad del pueblo Nasa durante su proceso de liberación de la Madre Tierra en la hacienda Vista Hermosa, el 18 de abril. Y en Corinto, 20 hombres del Ejército ingresaron a la vivienda de una lideresa campesina, expresidenta de Fensuagro, en hechos ocurridos el 22 de febrero. Otros tres casos de abusos de la fuerza pública denunciados se presentaron en Antioquia.

En relación con los hostigamientos, durante el periodo se presentaron 10 casos, dos de ellos asaltos contra sedes de la CUT en Bogotá y Popayán, casi simultáneas, y uno contra la Asociación Agroambiental Colombiana Camilo Rodríguez Restrepo, Asacol. La totalidad de los hostigamientos fueron dirigidos contra líderes sociales incluyendo asalto a sus viviendas, toma de fotografías, seguimientos y llamadas telefónicas ofensivas e intimidantes.

Por otra parte, seguimos recibiendo denuncias de presencia paramilitar en 10 casos, seis de ellos en el municipio de Apartadó, y uno en el municipio de Tierralta, Antioquia en ambos casos se trata de las estructuras criminales que mantienen bajo asedio constante a la comunidad de Paz de San José de Apartadó. Allí realizan incursiones en el espacio de la comunidad que ejerce la neutralidad activa, han amenazado a los pobladores y convocado reuniones con la comunidad para imponer normas y amenazarla.

Otros tres casos de presencia paramilitar se registraron el municipio de La Vega, Cauca donde desde el mes de febrero aparecieron grafitis a nombre de las llamadas Autodefensas Gaitanistas, y luego en el mes de abril hombres que se presentaron como integrantes del Ejército amenazaron a la comunidad y dijeron estar buscando extorsionistas. Dos días después aparecieron grafitis decretando la muerte a extorsionistas, firmados a nombre de las Farc-EP.

De igual forma se han presentado denuncias de presencia paramilitar en el Carmen del Darién, Chocó, donde la comunidad ha detectado movimiento de hombres armados alrededor del Resguardo Humanitario Ambiental So Bia Drua, en la cabecera del Río Chocó Tamboral.

A pesar de que existe el compromiso de implementación del Acuerdo de Paz en lo concerniente a la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, se siguen presentando casos de erradicación forzada como el ocurrido en Ituango, Antioquia, el pasado 5 de abril, cuando soldados del Ejército del Batallón No. 32 al mando del comandante Bolaños.

También es preocupante la crisis humanitaria que enfrenta la población de Catatumbo, agudizada en los últimos días por los enfrentamientos entre las guerrillas del EPL y el ELN y la presencia paramilitar que persiste en la zona. La comunidad y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en el territorio han insistido en buscar salidas negociadas y frenar la militarización, priorizando la inversión social y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Es una noticia alentadora el levantamiento del Paro Armado decretado por las guerrillas y que fue resultado de la presión de la población civil que se expresó a través de movilizaciones como la Asamblea por la vida realizada por las comunidades del Catatumbo la semana anterior [3].

Ríos Vivos: Un ejemplo de persecución de líderes sociales por intereses económicos

El pasado 13 de abril, en uno de los casos de abusos de la fuerza pública cerca de 400 personas de la vereda Portachuelo del municipio de Sabanalarga, pertenecientes al Movimiento Ríos Vivos, fueron atacadas de manera violenta por el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD cuando protestaban por el llenado de la represa de Hidroituango.

Esto ejemplifica cómo la expansión sin freno del extractivismo constituye un factor de riesgo permanente para comunidades y organizaciones que defienden los recursos naturales, el derecho a permanecer en sus territorios, pero también sus derechos a la verdad y la justicia como ocurre en el caso de Hidroituango donde el llenado de la represa amenaza con enterrar decenas de cuerpos de víctimas del conflicto armado y la violencia sociopolítica en la zona. Un hecho sobre el cual 25 eurodiputados se pronunciaron expresando su preocupación [4].

Posteriormente, el 2 de mayo, uno de los líderes del Movimiento Ríos Vivos, Hugo Albeiro George Pérez fue asesinado junto con su sobrino, cuando dos sujetos le dispararon mientras se encontraba en una cafetería. El lider social estaba liderando la organización campesina en el corregimiento de El Aro, Municpio de Ituango, en exigencia de sus derechos afectados por la construcción de la represa Hidroituango. Este hecho ocurrió después de que el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, descalificara a los opositores del megaproyecto y anunciara investigaciones d ela Fiscalía en su contra, a raiz de la carta de los eurodiputados [5].

Al Acuerdo de paz es un mecanismo de protección

El Acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc dota al Estado o refuerza mecanismos para avanzar en deudas históricas como la sustitución gradual y concertada de cultivos de uso ilícito, punto 4 del Acuerdo de paz; la promoción y protección de las economías campesinas, punto 1 del Acuerdo; las garantías para la participación social y política en las regiones, punto 2 del Acuerdo.

Por otra parte, insistimos en que el Congreso de la República y la Corte Constitucional avancen en la implementación legislativa que ha entrado en estado de letargo una vez concluido el fast track. Urge que la Corte publique las sentencias de control constitucional de las normas que desarrollan el Acuerdo de Paz y que el Congreso legisle según lo acordado en el Teatro Colón sobre el 82% de las normas pendientes de aprobación para la implementación del mismo.

No es posible dejar pasar por alto las irregularidades y negación del debido proceso que rodearon la captura y el anuncio de extradición del exguerrillero y dirigente político del partido Farc Seuxis Pausivas Hernández Solarte, o Jesús Santrich, bajo cargos de narcotráfico [6], desconociendo la competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, para conocer y calificar el caso, como lo denunciamos un conjunto de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos [7]. Tampoco los recientes anuncios de abrir un proceso similar contra Luciano Marín Arango, o Iván Márquez, hoy asesor político de las Farc, sin que haya investigación de la Fiscalía. [8]

El cabal cumplimiento de los puntos 3 y 6 del Acuerdo referidos a la reincorporación de excombatientes es también un poderoso instrumento para evitar que ex integrantes de esta guerrilla se incorporen a las filas de otras organizaciones armadas ilegales, así como para proteger su vida y la de sus familias.

La crisis actual del conjunto de la implementación del Acuerdo de Paz señala con claridad las decisiones políticas y económicas que se requieren así como los compromisos que hay que cumplir, que siguen vigentes hasta el último día del mandato del actual gobierno y que prevalecen, más allá de los periodos presidenciales, como mandato constitucional de garantizar el derecho del pueblo colombiano a vivir en paz.