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¿Qué hace el Gobierno y los poderes del Estado ante la agresión a líderes sociales?
Camilo González Posso / Jueves 10 de mayo de 2018
 

1. ¿Qué determina la agresión a los líderes sociales en el posacuerdo?

La dinámica objetiva de asesinato de líderes y de persistencia de graves abusos a los derechos humanos esta animada por la matriz de varios vectores activos en el posacuerdo y que tienen como lógica común implícita la oposición violenta a la transición al posconflicto:

1. La recomposición territorial por la desaparición de las FARC como organización militar y la disputa de diversos grupos por el control de rentas que anteriormente sustentaron la economía de guerra en estrecha relación con negocios ilegales.

2. La recomposición de poderes locales y regionales en las zonas de mayor incidencia de las FARC al desaparecer el poder armado y hacerse visible el poder desde organizaciones sociales en el territorio y sus tensiones con poderes políticos y económicos subordinados en condiciones de conflicto armado.

3. La persistencia del Complejo Paramilitar que se sustenta en nuevas formas de articulación de grupos armados narcoparamilitares, con parapolíticos, funcionarios cooptados – aliados
y negociantes que se nutren de la continuidad de la violencia armada.

4. La reorganización del narcotráfico y sus redes mafiosas que se apoyan en negociantes del lavado de activos, narcoparamilitares, grupos sicariales, agentes del Estado y nueva alianzas con organizaciones trasnacionales del crimen organizado. (Carteles Mexicanos, Gringos, Dominicanos, Italianos, etc.)

5. El renovado protagonismo de conflictos estructurales por la tierra, el territorio y los recursos naturales en zonas de neocolonización, de propiedad indígena o de comunidades negras y en territorios de la nación. Se incluyen violencias contra los despojados y victimas del desplazamiento que reclaman sus derechos, contra opositores a macroproyectos y el acaparamiento de tierras y recursos.

6. La incidencia, en los conflictos territoriales y de poder locales y regionales, asociada a la extrema polarización y al escalamiento de la oposición a la implementación de los acuerdos de paz sustentados en estigmatización y discursos del odio contra toda expresión de izquierda anti neoliberal y manifestación de respaldo a los acuerdos.

7. La persistencia de los discursos de guerra o de soporte de la cultura de contrainsurgencia que califica de enemigo al contrario y de terrorista al opositor que acepte los acuerdos de justicia y participación política de excombatientes que pasaron a la legalidad con los acuerdos de paz.

8. Los reacomodos territoriales del ELN y el EPL y la redefinición de las estrategias de insurgencia y contrainsurgencia con escalamiento de atentados y operaciones militares que afectan a la población en las zonas de guerra.

9. El impacto de la militarización de territorios para la erradicación forzada de cultivos ilegales y la persecución de grupos armados organizados definidos como enemigos de guerra o prolongación del conflicto armado interno.

Esta matriz de vectores determina el conjunto de la situación nacional y la matriz de riesgos para líderes, comunidades y la población en general y se concreta en situaciones regionales, locales o en dinámicas nacionales. Los coeficientes y combinación de variables operan de diversa manera según las características e historia de cada región y de los complejos urbano – rurales que las definen. De modo que el modelo de interpretación matricial no se reduce a la causalidad lineal y le da una lectura específica a la multicausalidad con variables autoregresivas.

2. ¿Qué hace el Gobierno?

Desde la firma de los acuerdos de paz el gobierno, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Fuerza Pública y otras instituciones implicadas han multiplicado sus planes y acciones para responder a los retos de la nueva situación de posacuerdo y tránsito al posconflicto en Colombia. ¿Han sido eficaces y se espera una reducción radical de la violencia armada remanente y de las agresiones a los líderes en los próximos meses?

Organizaciones internacionales encargadas de hacer monitoreo o verificación a la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, al cumplirse el primer año de la firma del pacto final y los primeros seis meses desde la dejación de armas, han constatado avances, obstáculos y retrocesos en materia de seguridad y garantías políticas.

El panorama general de violencia ha cambiado positivamente en los últimos años y han disminuido las infracciones a las Normas del Derecho Internacional Humanitario y hechos de violencia que han caracterizado el conflicto armado interno en Colombia. Eso dicen los indicadores de homicidio de persona protegida, desaparición forzada, tortura, secuestro y privación arbitraria de la libertad, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual de actores armados, muertes y heridos en combate, víctimas de minas antipersona.

La tregua unilateral declarada por las FARC en medio de las negociaciones, el desescalamiento de acciones ofensivas por parte de las Fuerzas Armadas, el cese al fuego definitivo pactado en La Habana y la acción contra grupos armados organizados ha tenido un impacto decisivo al acelerar el cambio de tendencia desde la situación de violencia generalizada a expresiones regionalizadas en un conflicto armado de baja intensidad que recicla formas de vulneración a la población civil.

En ese contexto es que se presentan situaciones regionales de persistencia de la violencia armada, de oposición a formas institucionales de control territorial y de recomposición de poderes violentos en las zonas criticas de la guerra que termina o de conflictos estructurales por territorios y recursos.

Con la firma de los Acuerdos de Paz se inicio el montaje de numerosos dispositivos de garantías de seguridad y se habló de una nueva política en la materia para afrontar los ataques criminales a la implementación de los acuerdos y la construcción de paz; se definieron nuevas instancias para enfrentar a las organizaciones criminales herederas del paramilitarismo y ofrecer garantías políticas y protección a comunidades, organizaciones, lideres y excombatientes. En el primer año se adoptaron leyes, decretos y resoluciones para instaurar el Sistema Integral de Garantías de Seguridad y fortalecer medidas de prevención y protección; además se crearon instrumentos como la UEI en la Fiscalía, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional, en la UNP y en total 18 espacios de protección, garantía o coordinación con instancias nacionales y regionales. El Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz y la Misión de Verificación de Naciones Unidas han valorado avances en esta construcción institucional en los primeros meses de implementación y han señalado las dificultades para que opere con efectos más contundentes en terreno frente a retos nuevos y crecientes.

En los balances de seguridad entregados por el gobierno a los medios de comunicación se hace la relación de resultados operacionales en golpes a los Grupos Armados Delincuenciales, bajas de jefes del Clan de Golfo y de otros grupos, operaciones militares en contra del ELN y disidencias de las FARC. En particular en esos informes se da cuenta de los planes y operaciones de control territorial realizadas por todas las fuerzas armadas (Plan Victoria, Municipios Seguros, Hércules, Orus, etc., etc.); y se destaca el papel del Ejército y de la Policía Antinarcóticos en la erradicación forzada de más de 60.000 hectáreas de coca, la incautación de cerca de 500 TM de cocaína y la presencia de unidades militares en 675 veredas de los municipios con situaciones criticas y antigua presencia armada de las FARC. Son más de 65.000 efectivos de la Fuerza Pública destinados a esas labores de control territorial en la nueva situación de pos acuerdo.

Con todo ese despliegue de normas, nuevas instancias, planes e instrumentos operativos ¿Porqué el incremento de asesinatos y agresiones a lideres sociales en los territorios de graves conflictos violentos estructurales y en donde la guerra con las FARC ha terminado?

Hay muchas líneas de explicación entre las cuales se han mencionado en los debates públicos la falta de previsión y adecuada caracterización de riesgos desde el inicio de las negociaciones de paz o desde el momento de la firma de borradores de pacto que indicaron la alta probabilidad del acuerdo final. En algunos escritos, como la propuesta de Plan de Urgencia presentado por INDEPAZ en 2014, se advirtió sobre la necesidad de iniciar acciones en los territorios críticos y de presencia de la FARC para que al llegar el momento de la implementación de los pactos se tuviera tiempo y terreno ganado.

A la imprevisión se le suma ahora la dificultad para que el gobierno y las entidades del Estado comprometidas en la garantía de seguridad y la implementación de los acuerdos concilien una caracterización del fenómeno criminal, militar, económico y sociopolítico que se manifiesta en la persistencia de violencias y en particular de asesinatos y agresiones en contra de líderes, lideresas, organizaciones y comunidades.

Muchos elementos propios de la política de seguridad parecen indicar que durante el primer año de la transición en posacuerdo predominó una estrategia de continuidad de la Consolidación Territorial que orientó la contrainsurgencia en las últimas dos décadas. Se asumió la firma del pacto final con las FARC como la victoria en la guerra y en consecuencia el paso inicial correspondió a la consolidación militar del control territorial como condición para los otros de normalización institucional y seguridad para las grandes inversiones vistas como las encargadas de brindar oportunidades para reconversiones económicas. De esta manera el Estado llega a territorios que han estado en disputa con una prolongación de las estrategias contrainsurgentes.

Para reforzar la estrategia de priorizar el control militar del territorio en el primer año se redefinieron objetivos colocando en primer lugar al ELN, las disidencias y grupos residuales y a los denominados Grupos Armados Organizados- GAO. Parece que en la realidad se entendió la situación como una nueva fase de la guerra, la fase posacuerdo para derrotar las nuevas y viejas amenazas armadas. La definición de GAOs basada en enunciados del Derecho Internacional Humanitario es la integración de la lucha contra el narcotráfico y sus bandas armadas a un panorama de conflicto armado de carácter no internacional que los coloca como legítimos objetivos de aniquilamiento bélico. Por esa vía se tiene el peligro de elevar el posacuerdo y la transición al posconflicto a la calidad de otra guerra.

En consonancia con lo anterior la relación de mayor alcance con la población se subordinó en los hechos a la meta de acabar con los cultivos de coca mediante erradicación forzada aunque en esa tarea se colocara a centenares de miles de familias como objetivo de la acción coercitiva del Estado que los condena al hambre y al desplazamiento.

Como ocurrió con la Doctrina de Acción Integral y los CCAI, ahora también se reconoce la importancia de articular el control territorial militar con iniciativas de inversión social y creación de condiciones para la vigencia del Estado de Derecho. Pero ahora como en los tiempos de la cruda guerra, en el terreno de operaciones y zonas rojas, lo militar subordina a todo lo demás que se va postergando y nunca llega a tiempo.

En la implementación de los acuerdos se ha impuesto la renegociación a diferentes niveles, incluido el Congreso de la República, la Corte Constitucional, el Fiscal, los gremios económicos, las asociaciones de militares retirados y tras escena las negociones con Washington. Esta renegociación ha ido recortando el alcance de los acuerdos de paz firmado en noviembre de 2016 y ha hecho más lenta la implementación; a la incertidumbre de la implementación se agrega la beligerancia de la oposición y la fractura de la coalición de gobierno con el paso de Cambio Radical y de algunos conservadores a la oposición a temas clave de los pactos de paz.

La inseguridad de los acuerdos de paz y el recorte de su alcance tiene implicaciones en todos los dominios de la vida nacional y de manera especial en aquellos territorios en los cuales con el posacuerdo se desatan recomposiciones de poder e iniciativas de grupos armados y de poderes económicos y políticos. La reforma rural integral no logra ponerse en marcha con sus elementos fundamentales de democratización y acceso a tierras y otros factores de producción por parte del campesinado; por el contrario las reformas rurales que se institucionalizan – como las leyes de Zidres - benefician a la gran propiedad, a los oligopolios agroindustriales y al saneamiento del acaparamiento de tierras realizada en medio de la violencia y en contravía de la reforma agraria prometida con la ley 160 de 1994.

Uno de los ejemplos notables del efecto perverso de la negación de los pactos de paz es la ofensiva contra los campesinos cocaleros con la erradicación forzada. Con la erradicación de 60.000 hectáreas en 2017 y otras 40.000 has en 2018 la acción del Estado está produciendo una catástrofe humanitaria que lanza al vacío a 150.000 familias asociadas directamente a los cultivos ilegales y a por lo menos otras 100.000 familias proveedoras de alimentos y bienes en las veredas que han dependido indirectamente de los ingresos de la economía cocalera. Eso equivale a cerca de 500.000 personas, incluidos infantes y ancianos y lanza a centenares de miles de jóvenes al mercado violento de narcotraficantes y toda suerte de negociantes con la muerte. Esta acción con daño en las comunidades y en los territorios más afectados por la guerra que se quiere dejar atrás, desafortunadamente es la acción estatal más visible y choca con otras. Al lado de esto las promesas de planes de desarrollo con enfoque territorial o las cuentas de inversiones anunciadas desde 2014 o antes no logran ganarle la batalla a la oferta de las mafias y de los grupos armados.

Para que se desmonte la matriz de vectores que determinan la persistencia de violencias en los territorios, que siguen en disputa o como escenarios de acciones armadas, es urgente que se revisen las estrategias de seguridad y de construcción de paz en el posacuerdo. Y también es necesario que se aborden variables determinantes de la persistencia de los patrones sistemáticos violentos sobre los cuales hay más silencio y temor que valoraciones reales: en esa lista de silencios sobresale el papel de la corrupción y de la complicidad desde la institucionalidad, los negocios sucios legalizados y los que hacen algunos agentes de la fuerza pública y de los gobiernos en zonas críticas de reparto ilegal de rentas y activos. Ese es un silencio a voces que recorre el país de norte a sur y viceversa, que esta lleno de tipos penales como soborno, complicidad, extorción, encubrimiento, asociación para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, malversación de recursos, peculado, etc.

Son muchas las iniciativas de protección de líderes y comunidades que se han puesto en marcha pero su efectividad depende de la implementación del conjunto de los acuerdos y de la redefinición de esas estrategias en función de la transición al posconflicto y la construcción de paz.

3. Diez propuestas de acción urgentes

Desde INDEPAZ se han presentado varias iniciativas para enfrentar la persistencia de la violencia armada contra comunidades, líderes, lideresas, territorios, organizaciones e instituciones. En el Informe Estadístico correspondiente al primer trimestre se incluyen propuestas urgentes que pueden estimular respuestas desde el Estado y la sociedad. Aquí se completan acogiendo ideas de organizaciones sociales:

1. Fortalecimiento de las organizaciones sociales y de los mecanismos de autoprotección de las comunidades tales como: las guardias indígena, cimarrona y campesinas.

2. Pactos regionales de no violencia y en contra de la estigmatización promovidos por los consejos territoriales de paz y demás espacios institucionales del sistema de participación.

3. Cumplimiento de los acuerdos de paz e implementación participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los pactos de sustitución.

4. Incorporación a los pactos de sustitución de cultivos de uso ilícito de todas las familias que han expresado su voluntad de participar, algunas de las cuales ya han firmado compromisos con el PNIS, y por lo tanto suspensión de erradicación forzada en esos territorios y ejecución del los Pactos de Atención Inmediata y los programas de reforma rural inicial en su primera fase.

5. Ejecución urgente de las inversiones ya definidas en planes regionales y contratos plan en los municipios más afectados por la violencia.

6. Plan de urgencia de inversión social para la juventud y las mujeres con incorporación masiva a programas educativos y a proyectos productivos y culturales

7. Cumplimiento estricto de los compromisos con los excombatientes tantos en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación como en otros de proyección socioeconómica y política en la legalidad.

8. Compromisos políticos y sociales de implementación plena de los acuerdos firmados por el gobierno con las comunidades en los territorios con graves conflictos (Buenaventura, Chocó, Tumaco, Cauca, Bajo Cauca, Catatumbo, Guaviare, Cumbre Agraria, Minga Indígena).

9. Ante la recomposición de grupos armados y del narcoparamilitarismo se requiere una revisión de las estrategías. Entre las urgencias están: Trámite en esta legislatura del proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y otras estructuras delincuenciales; presión para cese de hostilidades y cumplimiento de las normas humanitarias; medidas concretas de seguridad humana y revisión de estrategias basadas en la continuidad de la consolidación territorial contrainsurgente. Acuerdo en Quito de un modelo de negociación con cese indefinido al fuego y a las hostilidades.

10. Plan anticorrupción que comprometa a todos los agentes del Estado y a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil para cortar y evitar cualquier complicidad, colaboración o connivencia con las economías ilícitas y las dinámicas violentas para la apropiación de recursos públicos y rentas de negocios legales o ilegales.