Foto: Semana.

Rondando un año desde nuestra detención, luego de ser inmensurablemente expuestos como culpables en T.V. y revistas, seguimos denunciando las actuaciones irregulares de la Fiscalía, la Policía y los jueces de garantías en el llamado caso del ”Centro Comercial Andino”.

Desde el momento mismo de las capturas (algunas con la orden elaborada después de la captura) hemos insistido en nuestra inocencia; en que el montaje de la Fiscalía encubre a los verdaderos culpables del Atentado del Andino, en que nos acusan y capturan por conveniencias políticas del momento.

Preocupante y triste es que en una situación similar a la nuestra se encuentran muchos detenidos y acusados por funcionarios del Estado y la gran prensa. La idea es francamente fuerte, pero absolutamente real, ahí están los casos de Arturo Stiven Buitrago y Mateo Gutiérrez, que fueron condenados públicamente por el Ministerio de Defensa y el Fiscal General como autores de un petardo en la Macarena el 19 de febrero de 2017.

Luego de semejante acusación fueron presentados ante Jueces en Función de Control de Garantías (EFCG) que legalizaron las capturas apoyando el argumento de ”La Gravedad de los hechos” publicitados por los medios de manera irresponsable, pero posteriormente y con imputaciones generales, son formalmente acusados por hechos diferentes a los mencionados por el Ministro de defensa y otros funcionarios.

En el curso de esos procesos la Fiscalía ha sido sistemática en la presentación de pruebas fraudulentas, testimonios falsos, retratos elaborados con fotografías presentadas a los testigos antes del reconocimiento fotográfico y la elaboración de retratos hablados después de la captura.

Como si fuera poco, pasado más de un año de prisión para Stiven y Mateo, el Fiscal 13 (trece) especializado, lleva a juicios separados sus mentiras: en el de Arturo Stiven Buitrago, cuyo juicio iba adelantado respecto al de Mateo, las mentiras y falacias de la Fiscalía se derrumbaron y Arturo Stiven salió absuelto.

Para Mateo Gutiérrez el juicio se ha dilatado ante la evidente debilidad probatoria de la Fiscalía. Razón por la cual esta entidad intentó vincular a Mateo con nuestro caso para ampliar una imputación colectiva que le evite a la Fiscalía precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar al sustentar sus acusaciones. Por fortuna la conexidad fue negada, pero luego el fiscal logró, en acuerdo con el Juez 17 (diecisiete) con confirmación del Juez 18 (dieciocho) Penal de Conocimiento, prorrogar la medida de aseguramiento argumentando la peligrosidad de Mateo y la gravedad de los hechos del Centro Comercial Andino, sucedidos cuando Mateo Gutiérrez llevaba más de cuatro meses preso.

Hoy sigue preso. El juicio se lleva adelante en medio de contradicciones e inconsistencias en testigos y pruebas. En eso la fiscalía se ocupa de promover la idea de culpabilidad de Mateo Gutiérrez a partir de falacias, sobreimplicaciones y propaganda.

El montaje judicial, la propaganda en medios de información que actúan como voceros acríticos de la Fiscalía y la policía confirman la línea de conducta institucional. Esta afirmación es empíricamente verificable. Veamos algunos casos:

Los dueños de una cadena de Supermercados fueron acusados de testaferrato, condenados porque sí en SEMANA, Caracol y RCN afectados en su patrimonio por instigación de los mismos medios y por último recientemente librados por falta de pruebas.

También vale fijarse en el caso de un negociante de las FARC condenado mediáticamente sin que existan investigaciones de Fiscalía o Policía colombianas, pero pedido en extradición por Estados Unidos basándose en un testimonio de un informante a sueldo de la DEA y en pruebas que no se conocen, pero hay que aceptarlas con fe religiosa y sin cuestionar nada, según nos indican los funcionarios del Estado.

Otro caso es el de un adulto mayor capturado por supuestos nexos con el ELN y tiempo después cuando ”descubren” su vinculación con un taller de tarea infantiles en un barrio de Bogotá, resulta expuesto por los medios de información como ”Reclutador de niños para la guerrilla”, con unas pruebas ”contundentes” que consisten en la conocida serie de libros infantiles llamada antihéroes y antiprincesas.

Aquí donde estamos prisioneros nos consultan a diario sobre el caso de jóvenes con el común denominador de ser pobres y capturados con tres o cuatro ”Baretos”, luego reunidos con otros diez en la misma circunstancia y presentados como un éxito policial contra una ”Peligrosa organización narcotraficante” a la que con: imputación colectiva, testimonio o vídeo de un policía que les pide u ofrece plones; la aceptación de cargos impuesta por abogados deshonestos e inescrupulosos; la condena previa de los medios; la mala fe de la Fiscalía; el afán de muchos jueces por congraciarse con el poder ejecutivo para que sus carreras prosperen; conducen a miles de jóvenes con delitos Bagatela a pagar cinco o más años de cárcel consumiéndose en las drogas y la desesperanza.

En nuestro caso cierto es que la policía nos venía siguiendo semanas antes de la captura y lo hacía de manera ostensiblemente evidente – Ya nos saludábamos – todo por indicaciones de una ”fuente humana” hasta ahora anónima. Paradójicamente los vídeos de esos seguimientos nos muestran caminando y departiendo como siempre, desde que nos conocimos en la Universidad, pues nuestros vínculos nunca han sido secretos, ni clandestinos, ni criminales.

Hemos sido puestos en prisión bajo la acusación del crimen del Centro Comercial Andino con el eco del Presidente, las Cúpulas Militar y Policial y el Fiscal General, con la caja de resonancia de RCN, Caracol Y SEMANA que nos condenan sin pruebas ni juicio, repitiendo los dichos de la Fiscalía y contribuyendo a encubrir a los verdaderos culpables.

En este panorama brilla el criterio de algunos jueces que aún creen en el derecho, en la Constitución y en las garantías procesales, ante la mala intención de la Revista SEMANA, que en varios artículos nos acusa y condena por los hechos del Andino y por, según SEMANA ”urdir siniestros planes” desde la cárcel. Por eso interpusimos una Acción de Tutela y un Juez Penal de Conocimiento reconoce nuestros ”Derechos Fundamentales a la honra, buen nombre y rectificación…..vulnerados por Publicaciones SEMANA S.A.” [1]

Aún no asimilábamos la buena nueva de la que fuimos notificados el 24 de mayo de 2018 en la tarde, cuando nos enteramos que el 25 de mayo de 2018 en la mañana fueron allanadas las casa del padre de Cesar Barrera, la familia de Violeta Arango (perseguida, con circular de la Interpol, sometida al escarnio público) [2] familias que han sido sistemáticamente perseguidas, acosadas y amenazadas por la policía; también fueron allanadas las casas de algunas amigas de las familias. Sobra decir que no encontraron nada en esos allanamientos y que los grandes medios guardan silencio ante esos abusos.

No contentos con eso, el 25 de mayo en la tarde, el INPEC durante un procedimiento de rutina en el patio donde estamos recluidos en el EC Modelo y precisamente en el pasillo en que habitamos algunos de los detenidos por ”El Caso Andino”, aparece en el horno microondas un proveedor de pistola 22, de acuerdo a lo que informa la guardia. Enseguida de manera velada se cierne sobre nosotros la amenaza de un traslado de prisión o de separarnos en diferentes patios, pues se hecha a rodar el rumor y la sospecha sobre nosotros. Es una tremenda casualidad: allanamientos en la mañana y en la tarde ”toma tu montaje”.

Cuando todo esto se junta en el contexto de la solicitud de prorroga de la medida de aseguramiento, cuando la Fiscalía se ve a gatas en los juicios de Stiven y de Mateo, cuando han negado varias veces el emplazamiento de Violeta Arango y los allanamientos son avalados por un Juez de Villavicencio y justificados con el cuento de que los allanados son miembros de MRP y preparan atentados para las elecciones: se aclara la idea de Falso Positivo Judicial y del Abuso de Autoridad.

Exigimos claridad sobre estos hechos ilegales de persecución y acoso, solicitamos acompañamiento para nuestro caso, pues nuestra integridad y la de nuestras familias corre riesgos y porque todo el proceso ha estado plagado de mentiras, afirmaciones falaces, conjeturas alrededor de nuestras relaciones de amistad o de pareja además de silogismos y exabruptos del tipo: ”Los detenidos se conocen entre sí” , ”el MRP existe” ”luego todos son del MRP e hicieron lo del Andino”.

La misma lógica de jueces malintencionados que prefieren lavarse las manos y evitarse problemas en un caso mediático, antes de analizar la situación particular de cada procesado, tales son los casos de la Juez 47 (cuarenta y siete) EFCG y el 48 (cuarenta y ocho) en función de conocimiento (hoy degradado en su jerarquía) como los ejemplos más aberrantes de parcialidad, negación del derecho e irresponsabilidad que echan a la basura principios como el de la presunción de inocencia, la responsabilidad penal individual, el derecho penal de acto y no de autor y en lugar de eso parecen asumir ”refranes de la década de los 40”: ”Mientras más grande sea la mentira, más gente la creerá”.

Nuestro caso consolida precedentes ya muy graves para el derecho en Colombia y son muchos otros casos que podrían citarse para ilustrar sobre las detenciones sin investigación previa y el montaje judicial como verdadero ”Modus Operandi” de algunas entidades del Estado que ya se convierte en doctrina, junto a las imputaciones colectivas, la transversalidad de pruebas, de lo que se sigue la NO discriminación de conductas, pasando por alto test de proporcionalidad y balances de tipicidad, antijuridicidad formal y material, e imponiendo la culpabilidad a partir de la gravedad de hechos supuestos o reales; dando lugar a criterios peligrosistas compartidos por fiscales, jueces y delegados del Ministerio Público que convierten en entelequia el principio de igualdad de armas. Además hacen innecesario cualquier examen fáctico o jurídico de hechos penalmente relevantes, obviando el rigor probatorio e interponiendo la Lógica Jurídica del Derecho Penal del Enemigo ya conocido en la historia como justificante de la mentira, el abuso y toda arbitrariedad con tal de sostener las razones de Estado o el interés inmediato de los funcionarios gubernamentales.

Todo ello cuestiona seriamente nociones fundamentales del Estado Social de Derecho como Constitución, democracia, ciudadanía, garantías jurídicas universales, que así se tornan en un deber ser inalcanzable y en burda caricatura de un orden jurídico democrático, permitir que se consolide el Derecho Penal del Enemigo como orientación de la actividad jurídica, convirtiendo la verdad en amenaza para la seguridad del Estado y todas las ideas de justicia, de virtud como su propia recompensa, de humanismo, ética solidaridad no serán más que palabras para acomodar en frases de cajón.

A un año de prisión ante la rutina obstinada, la degradación que contiene la cárcel, en esta tumba para los vivos, seguimos creyendo en la fantasía como capacidad de anticipar el triunfo de la razón, como arte, alegría y esperanza; como la capacidad de reivindicar la libertad en lugar de adaptarse y olvidarla.