Hace dos días fueron encontrados siete cuerpos sin vida en el departamento del Cauca. Los cuerpos tenían rasgos de tortura y diversas han sido las versiones que se han presentado en la prensa sobre su muerte. Algunos sectores han asegurado que los cuerpos encontrados pertenecían a miembros de grupos paramilitares, lo anterior para restar importancia a los hechos y ocultar la ola de violencia hacía líderes y lideresas sociales que se está presentando en el país. En menos de ocho días en el país han sido asesinadas 19 personas, todas ellas procedentes de áreas alejadas, todas ellas campesinas e indígenas sin tierra, habitantes de zonas en las que el Estado ha llegado con desembarco de tropas militares, pero nunca con hospitales, escuelas o infraestructura vial. La masacre de Argelia, Cauca nos devuelve a los años más crudos del paramilitarismo, nos recuerda las masacres del Salado, la Rochela, el Aro, los partidos de futbol entre paramilitares donde la pelota era la cabeza de los campesinos.

Ciertos sectores sociales y de la prensa han querido presentar esta masacre como un hecho menor en el marco del tráfico de drogas, inclusive se ha insinuado que no se debe llorar la muerte de estas personas porque eran sembradores de hoja de coca. Algunos seguidores del Centro Democrático por redes sociales han expresado que estos hechos son consecuencia del Acuerdo de Paz y del incremento de los cultivos de hoja de coca. Qué alejadas de la realidad se encuentran estas opiniones que desconocen las circunstancias bajo las cuales se presentan este lamentable suceso.

En primer lugar, en el país se ha registrado durante los últimos dos años, un incremento significativo en las áreas de coca sembrada, la cifra se aproxima a 150.000 hectáreas, cifra que no se alcanzaba desde el 2001, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su último informe. En el departamento del Cauca se encuentran sembradas 12.000 hectáreas, entre el 2015 y el 2016 el porcentaje de área sembrada con coca aumentó un 45% en el departamento según cifras de la misma oficina. La región del Cauca, donde se presentó la masacre ha sido caracterizada históricamente como una zona de producción de coca y de tránsito para el tráfico de drogas. Las comunidades que allí han vivido solo han encontrado en los cultivos de coca sus medios de vida, sus posibilidades de subsistencia, el Estado en esta zona del país ha llegado bajo la forma de ejército, represión y erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. La zona no cuenta con infraestructura vial, con escuelas u hospitales. La coca se convirtió en la única forma para asegurar la subsistencia económica de las comunidades. La ganancia que estas obtienen por su actividad es irrisoria si se compara con los verdaderos ganadores de la jornada, los grandes narcos.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, quienes a lo largo del tiempo habían mantenido el control territorial de estas zonas y de alguna manera el control de la producción de coca, nuevos actores armados han tomado control sobre el territorio. Estos nuevos actores están relacionados con antiguos grupos paramilitares y carteles de la droga mexicanos, como el de Sinaloa. Algunas de las estructuras de disidencia del Acuerdo de Paz también se han visto envueltas en estas actividades y han cedido a su control territorial y al control sobre esta economía de guerra anteriormente utilizada por las FARC. Las principales afectadas con estos cambios en el control territorial y de las economías de guerra han sido las comunidades, se han incrementado las actividades delictivas y las acciones de violencia.

Hasta ahora las acciones desde el Gobierno para solucionar este problema se han centrado en la criminalización del primer actor de la cadena productiva: los cultivadores de hoja de coca, quienes en este caso son los más vulnerables. Tampoco se han adelantado acciones en contra de las redes paramilitares y de narcotraficantes responsables de la violencia y quienes se llevan el mayor porcentaje de la ganancia del negocio de drogas. Muy al contrario de lo que piensan algunos seguidores del Centro Democrático y uribistas, las muertes en Argelia no son producto del Acuerdo de Paz, son, por el contrario, consecuencia lógica de su fallida implementación. El punto cuatro del acuerdo, que trata específicamente de las acciones y medidas que deberían ser tomadas para darle solución al problema de tráfico de drogas y cultivos de uso ilícito, más allá de acuerdos entre comunidades y gobierno, estos no se han puesto en marcha. Cada día de omisión en esta materia le cuesta la vida a un líder de sustitución o a un pequeño productor de hoja de coca.

Hasta el día de hoy, los planes de desarrollo territorial mediante los cuales se implementaría el primer punto del acuerdo de Reforma Rural Integral no pasan de ser un papel y no se han concretado en los territorios priorizados. Del mismo modo, poco se ha avanzado en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS); a pesar de que las comunidades productoras han manifestado su disposición para iniciar los planes de sustitución. Además, a estas comunidades victimas de la violencia se les fue negado su derecho a la participación política al ser eliminadas por el Congreso de la República, las circunscripciones especiales para la paz, figuras mediante las cuales se buscaba restituir los derechos de las víctimas, especialmente su derecho a la participación política, brindarles voz en el parlamento y por primera vez en la historia de Colombia escuchar a las comunidades quienes padecen de primera mano la violencia.

No es la coca la que está matando líderes sociales, tampoco es la coca la responsable del atraso y la pobreza en las zonas más alejadas del país, es la inacción, la inoperancia del Estado colombiano para garantizar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas y en particular para garantizar la vida de los más humildes. Tampoco es la hoja de coca la responsable de la masacre de Argelia, es la omisión del Estado colombiano, su incapacidad para implementar el Acuerdo de Paz y su actitud complaciente ante los intereses de los actores que se han lucrado de la guerra, quienes han asegurado sus privilegios a través de ella. El Acuerdo de Paz está hecho trizas y el costo es la vida de las y los campesinos colombianos, olvidados por la prensa, son ellos solos quienes hoy día lloran solos sus muertos.