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Florencia, Caquetá
Audiencia pública por la verdad
Desde el 2006 ha habido de forma arbitraria e ilegal, 190 detenciones masivas, más de 700 personas sindicadas, al menos 350 órdenes de captura, contra líderes sociales y 140 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Fuerza Pública
Camilo Raigozo / Miércoles 13 de mayo de 2009
 

El sábado 9 de mayo, en el auditorio de la Universidad del Amazonas, en Florencia (Caquetá), se realizó la Primera Audiencia Ciudadana por la Verdad del Departamento de Caquetá, convocada por las comunidades del departamento, principalmente del medio y bajo Caguán, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), las comisiones de Paz y Derechos Humanos del Senado de la República, las comisiones de Audiencias Públicas y Paz de la Cámara de Representantes, y múltiples organizaciones defensoras de derechos humanos locales, nacionales e internacionales.

La senadora de la República Gloria Inés Ramírez, integrante de la mesa directiva del acto, afirmó que se recibieron testimonios sobre el desplazamiento forzado de más de 800 familias, unas tres mil personas, del medio y bajo Caguán, que ahora forman parte de las 145.650 personas desplazadas en el departamento del Caquetá desde el año 2006. Enfatizó la senadora que la dramática cifra es el 32% de la población del departamento, estimada en 450 mil habitantes. “Esto nos muestra la magnitud y la gravedad del estado de los derechos humanos en esta región del país”, dijo.

Militarización y violación a los derechos humanos

La senadora Ramírez, después de escuchar los dramáticos testimonios y denuncias, reclamó del Estado que no sea solamente la Defensoría la única de sus instituciones que esté haciendo monitoreo sobre el estado de los derechos humanos en la zona.

Le pidió al sistema de Naciones Unidas que vigile con más atención el fenómeno, que por su magnitud y gravedad amerita que ya no sea solamente a través de misiones la vigilancia al respeto a los derechos humanos de las comunidades, sino que establezca una oficina en la zona para que le permita monitorear y seguir más de cerca los aberrantes atropellos que se están cometiendo. La senadora prometió también hacer un debate en el Congreso de la República sobre los males que aquejan a la población del Caquetá.

“El Caquetá es un departamento estratégico en este proceso que se está dando en Colombia. Hay una gran resistencia por parte de las organizaciones campesinas, hay una alta militarización, con más de 35 mil hombres del Ejército que hacen presencia, y en ese contexto se presentan violaciones de derechos humanos de gran magnitud”, indicó a Voz Iván Cepeda Castro, director del Movice.

Cepeda agregó que “los principales líderes están siendo perseguidos y asesinados, como es el caso de Joel Pérez, fundador del Movice en Caquetá, quien fue atrozmente torturado antes de ser asesinado y cuyo cadáver fue encontrado hace pocos meses incinerado en una carretera entre Florencia y una de las poblaciones. Los líderes que estuvieron en las poblaciones que fueron parte de la zona de despeje han sido especialmente perseguidos. En San Vicente del Caguán, las violaciones son supremamente graves”.

“El caso mío ocurrió el 29 de junio del 2007”

La comunidad denunció que desde al año 2006 ha habido de forma arbitraria e ilegal 190 detenciones masivas, más de 700 personas sindicadas, al menos 350 órdenes de captura contra líderes sociales, comunales, de derechos humanos y sindicalistas de la región, y 140 ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la Fuerza Pública, bajo la aberrante práctica denominada “falsos positivos”.

Asimismo, casi toda la dirigencia del Polo Democrático Alternativo se encuentra en condición de amenaza, lo mismo que la dirigencia y militancia del Partido Comunista Colombiano y las personas que aún sobreviven al genocidio de la Unión Patriótica.

“El caso mío ocurrió el 29 de junio del 2007, cuando mi hijo salió con un amigo a trabajar y se encontraron con el Ejército antes de las diez de la mañana. Los uniformados les dispararon y mi hijo cayó herido al recibir un tiro en la columna. Cuando los militares se dieron cuenta de que no eran guerrilleros se asustaron mucho y luego de tenerlo un rato, amedrentarlo y amenazarlo si denunciaba, soltaron al amigo de mi hijo. Después mi hijo resultó muerto y el Ejército lo señaló de ser guerrillero dado de baja en combate”, dijo con voz ahogada por el llanto, Mariela Alves [nombre cambiado].

Como el anterior, fueron presentados otros 22 testimonios, también se documentaron 78 denuncias más y se recibieron cinco informes por municipio.